En el lugar había autoridades ejidales, municipales y policías del estado y del municipio pero no impidieron el asesinato de tres personas.
En el lugar había autoridades ejidales, municipales y policías del estado y del municipio pero no impidieron el asesinato de tres personas.
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la doctora Namiko Matzumoto Benítez, declaró que de oficio se abrió un expediente para determinar si la autoridad pudo haber incurrido en omisión frente los actos que desembocaron en el asesinato de tres personas en Playa Santa, municipio de Las Choapas.
En entrevista, expuso que la Comisión ya abrió la queja número 782 /2019 y que ya investigan si hay elementos para demostrar que las autoridades (municipales o estatales) pudieron haber evitado los asesinatos, pero no hicieron nada.
Namiko Matuzumoto aclaró que como tal la CEDH no investiga el asesinato de las tres personas que fueron “fusiladas” por un grupo de “autodefensas”, pues eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que se trata de la privación de la vida a manos de particulares.
“Nosotros tratamos sobre omisiones de servidores públicos, la Fiscalía es la que debe determinar si hay responsables”, aclaró la Presidenta de la Comisión veracruzana en materia de Derechos Humanos.
Si la CEDH encuentra que las autoridades pudieron haber evitado el delito, pero que no hicieron lo correcto para impedirlo, entonces podrían emitir alguna recomendación. La queja se inició de oficio y ya investigan los hechos.
Como se recordará, este lunes tres personas fueron asesinadas por sujetos que portaban armas largas y cortas, identificados como presuntas “autodefensas” de la zona rural de Las Choapas. la ejecución ocurrió en una plaza pública de la comunidad de Playa Santa y todo esto ocurrió frente a la presencia de personal municipal, mandos de la Policía Estatal y hasta un fiscal y policías ministeriales.
Las autoridades, municipales y estatales, trataron de dialogar con los pobladores durante varias horas para que entregaran a los tres detenidos acusados de un presunto secuestro de un menor, a pesar de que el niño en cuestión admitió haber acompañado al grupo para guiarlos hasta un cuerpo de agua y haber sido contratado como guía.
Los habitantes de esta localidad se negaron a entregar a las personas por la falta de confianza en las autoridades, pues exigían la presencia de personal de la Fiscalía Regional, además de elementos de la Marina Armada, pero al no tratarse de ningún delito federal, estos últimos nunca llegaron.
Al final, las tres personas intervenidas, amarradas y vendadas a unos muros de concreto, fueron asesinados a balazos por un grupo armado que irrumpió en la plaza pública, mientras que las corporaciones policíacas no pudieron hacer nada al estar rebasados en número.