Los mataron de la manera más cruel, la justicia no llegó

​Un 27 de enero de 2017, cuatro policías municipales, tres hombres y una mujer, fueron “levantados” por un grupo de sujetos armados, quienes se los llevaron con todo y armamento, sólo uno logró salvarse, los otros tres fueron decapitados y sus cuerpos aparecieron el 28 de enero, 24 horas después. La justicia nunca llegó, pese al compromiso de las autoridades locales de llegar hasta las últimas consecuencias.

Este lunes, diario PRESENCIA consultó ante las autoridades de la fiscalía el estado que guarda el expediente por el triple homicidio, pero la respuesta es que ni siquiera conocen el caso, toda vez que el personal que está actualmente en la Subunidad Integral de Procuración de Justicia y en la Policía Ministerial, no estaban tres años atrás.

EL LEVANTÓN

Era viernes 27 de enero, cerca de las 14:00 horas, cuando cuatro elementos de Seguridad Pública Municipal, se disponían a comer sus alimentos y estacionaron la patrulla 135 en la carretera Las Choapas-Cuichapa, casi a la altura del restaurante “La Cabaña”, a unos 50 metros del punto conocido como el Manguito.

Jamás se imaginaron lo que ocurriría, confiados, bajaron de la unidad y apenas abrirían sus viandas cuando fueron rodeados por al menos 15 sujetos fuertemente armados, quienes llegaron a bordo de tres vehículos, los sometieron y se los llevaron con lujo de violencia, esto ante la mirada atónita de automovilistas y algunos vecinos. 

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Uno de los agentes preventivos, cuya identidad fue reservada por su seguridad, contó después ante las autoridades, que él logró escapar de sus captores, al herir con una navaja que sacó de su bota, al conductor del vehículo donde lo llevaban y a uno que lo resguardaba, se tiró del auto en movimiento y corrió hacia unos pastizales.

Esa tarde, se implementó un operativo de búsqueda y no se dio con su paradero, las horas pasaron y la incertidumbre se apoderó de la corporación. 

Al siguiente día por la mañana, campesinos del ejido 5 de Mayo, limítrofe con el poblado Guadalupe Victoria, perteneciente al municipio de Huimanguillo, Tabasco, reportaron unos cuerpos cercenados en un camino de terracería, entre el monte, “la vestimenta era azul y se notaban unos logotipos como de policías”, según el reporte.

De inmediato se trasladaron las patrullas de la Policía Municipal hasta ese punto, distanciado a una hora sobre la autopista Las Choapas-Raudales, y efectivamente se trataba de sus tres compañeros que habían sido torturados y decapitados.

Se trató de los oficiales Anita Contreras López, Benjamín Montejo Ávalos y Álvaro Navarrete Alducin. 

UN SOSPECHOSO

El día que fueron “levantados” los policías choapenses, en el municipio de Pajapan  se desarrollaba otro escenario, una persona identificada como Mauricio “N”, ingresó al hospital herido con arma blanca.

El hospital de Pajapan envió una notificación del ingreso del lesionado a la Fiscalía General del Estado, y debido a que el policía sobreviviente dijo que lesionó a uno de los agresores, ligaron el caso y lo atrajo la Subunidad Integral de Procuración de Justicia.

Tras sospecharse que el herido podría ser uno de los participantes en la masacre de los uniformados, el sospechoso fue trasladado hasta un hospital de la ciudad de Minatitlán, bajo resguardo del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Fuerza Civil.

Hasta el hospital fue llevado el policía que sobrevivió y reconoció al lesionado como el chofer del vehículo donde lo llevaban la tarde que logró escapar. Un juez le decretó la orden de aprehensión por los delitos de homicidio, ultrajes a la autoridad y robo, siendo trasladado desde el hospital hasta el juzgado de distrito.

El elemento policiaco, testigo de los hechos, quien tenía que estar presente en una audiencia para señalar al sospechoso, repentinamente desapareció, se marchó de la ciudad y hasta la fecha no se volvió a saber de él, incluso se llevó a su familia. Al no haber nadie más que señalara al presunto agresor, el juez lo dejó en libertad el 6 de febrero.

Tres años cumplen hoy martes 28 de enero y no hubo justicia para los agentes caídos, mientras que el expediente permanece en algún lugar abandonado, sin ninguna investigación para conocer qué grupo delictivo fue quien los asesinó. Rogelio Franco Castán, quien fungía en ese entonces como Secretario de Gobierno, señaló que el crimen organizado estuvo detrás de la muerte de los tres policías.

Las investigaciones también arrojaron que fue un acto de venganza, ya que mandos medios estaban involucrados con un grupo delictivo y en algo fallaron, de tal forma que cobraron la factura con los agentes de la primera patrulla que encontraron a su paso. 

A raíz de la muerte de los uniformados, sus demás compañeros realizaron un paro laboral y en reunión con autoridades municipales, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y una diputada, acusaron que sus jefes tenían vínculos “con los malos”, exigieron mejores condiciones de trabajo y aumento salarial. El gobierno de Marco Estrada Montiel, cumplió en partes.

No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, concentró a la mayoría de los policías municipales en la capital del estado, para someterlos a exámenes de control y confianza, los mandos de la policía preventiva decidieron desertar y marcharse de la ciudad, para no ser investigados.​