Daniel Martínez y ex funcionarios, en la mira de la FGR por fraude y desvío de dinero

De acuerdo a la información que circula en varios portales de noticias regionales, el ex alcalde Daniel Martínez González y algunos funcionarios de su administración, podrían verse involucrados en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de fraude y desvió de millones de pesos de programas sociales.

La FGR ha pedido una pena de 21 años de cárcel para Rosario Robles, además de continuarán las investigaciones hasta los responsables directos de la clonación de tarjetas del desaparecido programa de Sedesol, ahora denominado como Bienestar.

De acuerdo a los primeros datos que se desprendieron de las investigaciones, el modus operandi consistía en quitarles las tarjetas a los beneficiarios con engaños, para entregarles tarjetas que no servían, mientras retiraban el dinero por su cuenta.

Este tipo de prácticas al parecer fueron frecuentes durante el 2015, 2016 y 2017, tres de los cuatro años de la administración municipal que encabezó el también ex Secretario General de la Sección 22; incluso personal que laboró en la dirección de Sedesol continúa trabajando con Daniel Martínez González, como personal de confianza (secretario particular) en el sindicato petrolero.

DOCUMENTADO

En enero del 2019, el personal que laboraba en la oficina municipal de los programas sociales del Gobierno Federal, informó que durante el año el primer año de la actual administración municipal descubrieron que 180 beneficiarios del programa 65 y más estaban siendo robados de sus cuentas bancarias donde recibían el apoyo.

El personal de esta oficina informó que durante el 2018 descubrieron decenas de quejas de los ‘abuelitos’ que referían que tenían varios meses sin recibir su apoyo, de modo que cuando preguntaron al banco descubrieron que estaban vinculadas otros números de tarjeta que estaban cobrando el dinero.

Reyna María García García, titular de la oficina, comentó que hicieron los trámites correspondientes ante la sucursal bancaria para cancelar esas tarjetas y solicitar un nuevo plástico en el que finalmente pudieran sacar su dinero, pues había afectados que tenían hasta un año sin obtener el beneficio.

A pesar de la cuantiosa cantidad no hubo denuncias penales al respecto, ya que serían los afectados directos los que tendrían que interponer la querella, pero la mayoría son personas que no cuentan con asesoría legal ni recursos para cubrir un caso así, por lo que se consideraron satisfechos con haber solucionado el problema a pesar de haber perdido varios meses de ayuda social.

CORRUPCIÓN

Durante el proceso, comentó la entrevistada, también descubrieron la corrupción que había en la anterior administración encabezada por Daniel Martínez González, pues a los abuelitos les cobraban  50 pesos por las llamadas que los funcionarios hacían para los trámites.

A lo largo del 2018 lograron resolver 179 casos y para principios del año pasado sólo queda el de una persona que está por solucionarse. No obstante, en el transcurso se infirió que los anteriores trabajadores municipales podrían haber tenido que ver con este fraude, pues en las cuentas de los adultos mayores se registraron otras tarjetas, lo que demuestra la clonación.

A esto se le puede sumar los delitos de robo de identidad y abuso de confianza, ya que ellos tenían acceso a las bases de datos de los empadronados, afortunadamente la mayor parte de los afectados pudieron resolver su situación, aunque por meses perdieron el acceso al apoyo que, muchas veces, representa el único ingreso que tienen para sobrevivir.

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