Pedirán intervención de la CIDH por abusos de la FGE

​Familiares de las 11 personas detenidas por el caso de la matanza en la congregación Cerro de Nanchital, perteneciente a este municipio, pedirán la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a los abusos cometidos por el aparato de gobierno del estado de Veracruz, para incriminarlos en un delito que no cometieron, plantearon abogados integrantes de la defensa legal.

Asimismo, denunciaron públicamente que los jueces han rechazado todo tipo de pruebas para evidenciar que hay una mala integración de la carpeta de investigación, y concretamente señalan al juez Mario Vivanco Gastelum, quien en todo momento se ha mostrado en contra de ejercer plenamente sus funciones apegado a derecho.

En declaraciones ante este medio informativo, la defensa legal de los detenidos esperan que la Fiscalía General de la República (FGR) les fije fecha para solicitar que investiguen a las autoridades judiciales y ministeriales del estado de Veracruz, toda vez que han denunciado ya ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que los ahora procesados fueron detenidos ilegalmente, sometidos a actos de tortura y a la fabricación de delitos.

Los detenidos de manera arbitraria son: Bonifacio Salazar Acuña, Mario de la Sancha Aguirre, Hugo de la Sancha Montes, Rodolfo López Mendoza, Juan Hernández Moreno, Fredy Moreno Reza, Esteban Moreno Reza, José Rodolfo González Jurado, Alfonso Martínez Salazar, Juan Alfredo Reyes Barragán y Juan Yair Reyes Estefes, a quienes se le está violentando sus derechos, desde el momento en que los trasladaron a diversos penales del estado de Veracruz, cuando la ley establece que los detenidos (sentenciados) deben estar recluidos en un penal cercano a su lugar de residencia y estas 11 personas aún están bajo proceso, no están condenados.

La inconformidad de los defensores legales radica en que ante el cúmulo de evidencias que demuestran las violaciones al debido proceso, el juez de control se ha mostrado omiso a revisarlas, de tal forma que evidentemente hay consigna del Gobierno del estado en dejarlos en prisión, por lo que recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las 11 personas detenidas fueron aseguradas el 24 de enero, días después de la masacre ocurrida en un camino de terracería de la congregación Cerro de Nanchital, “sin orden judicial, además de ser golpeados, torturados y amenazados junto con sus familias, mientras los agentes locales y de la Guardia Nacional destrozaron las viviendas, y de ello existen videos y testimonios que obran en las denuncias hechas ante la CNDH, autoridades locales y de la Presidencia de la República”, establecen.

No obstante, a casi tres meses de la detención y encarcelamiento de los 11 presuntos involucrados, el juez de la causa “violó sistemáticamente el procedimiento penal dejándolos en un estado de indefensión, primero por dictar la prisión preventiva oficiosa, obstaculizó a la defensa en cuanto a la posibilidad de aportar prueba, entre ellas, el que nunca valoró debidamente las contradicciones y pruebas que demuestran que los elementos mintieron en su informe policial homologado que entregó la fiscalía”.

Lo anterior, porque argumentaron haberlos detenido en el camino a la comunidad de Tronconada, entre las 10:30 y 11:00 de la mañana, cuando en realidad fueron a sacarlos con lujo de violencia de sus domicilios, pero las pruebas que han aportado, no son recibidas por el juez.