Las personas que permanecen detenidas desde enero, después de la matanza, por presunto ultrajes a la autoridad, fueron notificadas este martes que se les imputa el delito de homicidio calificado.
Las personas que permanecen detenidas desde enero, después de la matanza, por presunto ultrajes a la autoridad, fueron notificadas este martes que se les imputa el delito de homicidio calificado.
La masacre de 12 personas el pasado 17 de enero en la congregación Cerro de Nanchital, derivó por un conflicto entre dos grupos de autodefensas que se peleaban “el control de la zona”, de ahí que un contingente emboscara al otro cuando regresaban de una asamblea, revela un informe ministerial que dio pase al cumplimiento de 11 órdenes de aprehensión este martes, a un mismo número de personas que ya están recluidas en distintos penales de Veracruz, desde el 25 de enero de 2021.
De acuerdo con la información obtenida por PRESENCIA Sureste, basado en el informe oficial, el 17 de enero de este año, se realizó el hallazgo de 12 cuerpos sin vida con señas de tortura y heridas de bala de alto calibre, en el camino de terracería Alto Uxpanapa-La Nueva Esperanza, de la congregación Cerro de Nanchital, perteneciente al municipio de Las Choapas.
Las víctimas fueron identificadas como: Ramiro Gorostieta Domínguez, Miguel Barrales Rodríguez, Isidro García Morales, Alfredo Jaimes Gorostieta, Fernando Gorostieta Hernández, Teódulo Gorostieta Domínguez, Luis Hernández Hernández, Santiago Rodríguez Juárez, Bartolo Domínguez Isidro, Valentín Gorostieta Hernández, Régulo López Domínguez y Mauro Gorostieta Hernández, todos ellos habitantes de la localidad Cerro de Nanchital, “mismos que eran integrantes de un grupo de autodefensas”.
Las investigaciones revelan que el pasado 17 de enero por la mañana, los ahora occisos habían asistido a una asamblea en Río Playas, relacionada precisamente a estos grupos de seguridad que operan en la zona rural. Por la tarde, al regresar a sus hogares fueron interceptados por un grupo antagónico de autodefensas, quienes primeramente los privaron de la libertad y posteriormente les quitaron la vida para dejar sus cuerpos en un camino de terracería”.
Antes de que estos dos grupos se separaran y terminaran en conflicto, era uno solo, sin embargo, terminaron peleando el control de la zona. Luego de la masacre de las 12 personas, la Policía Ministerial llevó a cabo un operativo en la congregación Cerro de Nanchital con el objetivo de identificar y capturar a los probables responsables de dicho acto.
Como resultado, según el informe, fueron detenidos en flagrancia 11 personas armadas pertenecientes a grupos de autodefensas, quienes al verse acorralados agredieron a los policías ministeriales, pero finalmente se logró la detención de todos por los delitos de ultrajes a la autoridad y fueron vinculados a proceso el 26 de enero del mismo año.
Finalmente, tras sustentarse su presunta participación en la masacre de las 12 personas antes mencionadas, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal y Oral del Vigésimo Primer Distrito Judicial con residencia en Coatzacoalcos, liberó las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado dentro del proceso penal 039/2021, por lo que este martes, la Policía Ministerial al mando del comandante Ariel Aguilar Macedo, les notificó a los 11 detenidos el nuevo proceso en su contra.
Las personas sujetas a proceso son:
* José Rodolfo “N” (Reclusorio de Amatlán)
* Hugo de la Sancha “N” (Reclusorio de Amatlán)
* Juan Alfredo “N” (Reclusorio de Amatlán)
* Juan Jair “N” (Reclusorio de Pacho Viejo)
* Fredy “N” (Reclusorio de Pacho Viejo)
* Rodolfo “N” (Reclusorio de Jalancingo)
* Esteban “N” (Reclusorio de Jalancingo)
* Alfonso “N” (Reclusorio de Papantla)
* Mario de la Sancha “N” (Reclusorio de Poza Rica)
* Bonifacio “N” (Reclusorio de Tuxpan)
* Juan “N” (Reclusorio de Pánuco)
Es importante recordar que esta imputación ocurre a pesar de que la familia de los detenidos ha pugnado porque intervenga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la propia presidencia de la república y que la Fiscalía General del Estado acepte sus alegatos y pruebas de presunta inocencia, pues aseguran que fueron objeto de abusos de autoridad durante su detención y que no tuvieron relación con la matanza de las 12 personas; sin embargo, el Juez sí halló los elementos para imputarles la comisión del delito de homicidio calificado.