A un año de la masacre en el Cerro de Nanchital, ni sentencia ni libertad

​Este lunes 17 de enero se cumple el primer año de la masacre registrada en la localidad Cerro de Nanchital, perteneciente a este municipio, que dejó como saldo un total de 12 personas acribilladas a balazos con armas de alto poder y un clima de terror.

También 11 habitantes del Cerro de Nanchital y comunidades circunvecinas se encuentran detenidos hace casi 12 meses en distintos reclusorios del estado y hasta el momento no hay sentencia ni libertad, ya que el proceso se ha prolongado.

El abogado Salvador García, quien formó parte de la defensa legal de los detenidos, indicó que por el momento está ajeno al tema, pero es un caso que se ha extendido por diversas situaciones, aunado a la apatía con la que se ha conducido la Fiscalía General del Estado, pues las pruebas diversas que tuvieron en sus manos en su momento, no fueron tomadas en consideración. 

Lamentablemente, los familiares de los detenidos acusados de ser partícipes de la masacre, tampoco lograron conseguir una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pese a que cumplieron con el Artículo 8 Constitucional de manifestarse de manera pacífica y respetuosa frente al Palacio de Gobierno en febrero de 2021.

Durante esas protestas únicamente fueron atendidos por personal de Política Regional, pero sin ninguna solución ni poder de decisión.

Los detenidos son: Juan Alfredo Reyes Barragán, Juan Yahir Reyes; Hugo de la Sancha Montes, Mario de la Sancha Aguirre, José Rodolfo González Jurado, Alfonso Martínez Salazar, Bonifacio Salazar Acuña, Rodolfo López Mendoza, Esteban Moreno Reza y Fredy Moreno Reza, cuyos familiares interpusieron sus quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

Los familiares y sus abogados han denunciado públicamente que hubo fabricación de pruebas y violaciones graves a los derechos humanos de los detenidos por parte de la Fiscalía General de Veracruz.

El 14 de agosto pasado, PRESENCIA Sureste publicó que al haber indicios y certificados médicos que sostienen que las confesiones plasmadas en la Carpeta de Investigación de los 11 detenidos fueron arrancadas a bases de tortura, un Juez de Distrito ordenó a la Fiscalía General del Estado se les practique el Protocolo de Estambul a cada uno de los involucrados en el proceso, pero dicho órgano impartidor de justicia ha retrasado ese procedimiento.

LA MASACRE

El 17 de enero de 2021, a partir de las siete de la noche, a través de las redes sociales, se alertaba de balaceras en ejidos como Emiliano Zapata y Tronconada, minutos después ya confirmaban el hallazgo de al menos 10 cuerpos sin vida en el camino de terracería Alto Uxpanapa-Nueva Tabasqueña, pero al acudir las autoridades de seguridad así como este medio informativo, se confirmó que en total eran 12 las personas asesinadas. 

Las imágenes que circulaban en redes sociales esa noche eran brutales; cuerpos regados en el camino de terracería, maniatados, con cinta canela alrededor de los ojos, uno de ellos envuelto de toda la cabeza, los indicios apuntan a que prácticamente fueron fusilados, ya que los hincaron y les dieron muerte.

Las víctimas fueron identificadas como: Ramiro Gorostieta Domínguez, Miguel Barrales Rodríguez, Isidro García Morales, Alfredo Jaimes Gorostieta, Fernando Gorostieta Hernández, Teódulo Gorostieta Domínguez, Luis Hernández Hernández, Santiago Rodríguez Juárez, Bartolo Domínguez Isidro, Valentín Gorostieta Hernández, Régulo López Domínguez y Mauro Gorostieta Hernández, todos ellos habitantes de la localidad Cerro de Nanchital.

Pleito de autodefensas: informe oficial  

La masacre de estas personas “derivó por un conflicto entre dos grupos de autodefensas que se peleaban el control de la zona”, razón por la que un contingente emboscó al otro cuando regresaban de una asamblea ejidal, reveló un informe ministerial que dio pase al cumplimiento de 11 órdenes de aprehensión el pasado 16 de noviembre, a un mismo número de personas que ya están recluidas en distintos penales de Veracruz, desde el 25 de enero de 2021.

El informe oficial al que PRESENCIA Sureste tuvo acceso revela que el 17 de enero por la mañana, los ahora occisos habían asistido a una asamblea en Río Playas, relacionada precisamente a estos grupos de seguridad que operan en la zona rural. Por la tarde, “al regresar a sus hogares fueron interceptados por un grupo antagónico de autodefensas, quienes primeramente los privaron de la libertad y posteriormente les quitaron la vida para dejar sus cuerpos en un camino de terracería”.

​

Antes de que estos dos grupos se separaran y terminaran en conflicto, era uno solo; sin embargo, terminaron peleando “el control de la zona”. Luego de la masacre de las 12 personas, la Policía Ministerial llevó a cabo un operativo en la congregación Cerro de Nanchital con el objetivo de identificar y capturar a los probables responsables de dicho acto.

Como resultado, según el informe, “fueron detenidos en flagrancia 11 personas armadas pertenecientes a grupos de autodefensas, quienes al verse acorralados agredieron a los policías ministeriales”, finalmente se logró la detención de todos por los delitos de ultrajes a la autoridad y fueron vinculados a proceso el 26 de enero del mismo año.

Montaje de la fiscalía

Finalmente, “tras sustentarse su presunta participación en la masacre de las 12 personas”, el Juez de Control adscrito al Juzgado  de Proceso y Procedimiento  Penal  y Oral del Vigésimo Primer Distrito Judicial con residencia en Coatzacoalcos, liberó las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado dentro del Proceso Penal 039/2021, por lo que la Policía Ministerial al mando del comandante Ariel Aguilar Macedo, les notificó a los 11 detenidos el nuevo proceso en su contra, mismo que se ha prolongado y hasta este día no hay sentencia ni libertad para los indiciados. 

Los familiares de los detenidos ha pugnado porque intervenga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la propia presidencia de la república y que la Fiscalía General del Estado acepte sus alegatos y pruebas de presunta inocencia, pues aseguran que fueron objeto de abusos de autoridad durante su detención y que no tuvieron relación con la matanza de las 12 personas; sin embargo, el Juez sí halló los elementos para imputarles la comisión del delito de homicidio calificado.

Las Choapas, a nivel nacional

El municipio de Las Choapas resaltó a nivel nacional por esta masacre en el 2021; se trató de las primeras muertes masivas en México ese mes de enero.

Una masacre ocurre cuando en un solo hecho son privadas de la vida dolosamente tres personas o más, como coinciden algunos organismos de la sociedad civil a nivel internacional y la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Durante 2021 se registraron al menos 326 masacres en 26 estados del país, con un saldo de mil 407 personas fallecidas, de acuerdo con un recuento realizado por el semanario ZETA de Tijuana.

El 2021 se caracterizó por la espiral de violencia que se registra en México durante los últimos tiempos, dejando 28 mil 160 homicidios dolosos -un promedio de 77.15 por día-, como lo destacan indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).