Fallo sin claridad, pruebas ausentes y narrativa cuestionada marcan audiencia de casi tres horas
Fallo sin claridad, pruebas ausentes y narrativa cuestionada marcan audiencia de casi tres horas
Cinco años después de uno de los episodios más violentos en el sur de Veracruz, la justicia llegó… pero envuelta en dudas.
La audiencia por la masacre de 12 hombres ocurrida en enero de 2021 en la carretera del Ámate al Alto Uxpanapa terminó en fallo condenatorio contra 13 detenidos, señalados por coautoría en homicidio doloso calificado. Sin embargo, el proceso dejó más preguntas que certezas.
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UNA AUDIENCIA MARCADA POR IRREGULARIDADES
La sesión, prevista para las siete de la noche, comenzó con tres horas de retraso. Inició cerca de las diez.
Durante casi tres horas, el juez —sin aparecer nunca en pantalla pese al sistema de cámaras de la sala— leyó los argumentos de su fallo de manera virtual, entre pausas prolongadas y con constantes ruidos al manipular hojas, lo que dificultó seguir con claridad su exposición.
En la sala de audiencias de la Ciudad Judicial de Las Choapas, unas 30 personas presenciaron el desarrollo: abogados defensores y de la fiscalía, familiares de los acusados, custodios del Cereso de Coatzacoalcos, policías estatales y reporteros.
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El acceso a medios estuvo permitido, pero con una condición: la restricción en el uso de dispositivos electrónicos.
Tres de los acusados estaban presentes físicamente, bajo prisión domiciliaria por amparo. El resto siguió la audiencia desde distintos penales del estado.
LOS ACUSADOS Y SU DISTRIBUCIÓN
Los 13 detenidos se encuentran recluidos en centros penitenciarios del norte, centro y sur de Veracruz, entre ellos Jalacingo, Pacho Viejo, Poza Rica, Amatlán y Coatzacoalcos.
Se trata de: Juan “N”, Alfonso “N”, Mario “N”, José “N”, Bonifacio “N”, Esteban “N”, Juan Yahir “N”, Hugo “N”, Juan Alfredo “N”, Fredy “N”, Rodolfo “N”, José Rodolfo “N” y José “N”.
UN FALLO QUE DETONA RECLAMOS
Al emitir el fallo condenatorio, la reacción fue inmediata.
Abogados de la defensa —presentes en sala y conectados desde los penales— exigieron al juez precisar qué hizo cada acusado y con qué pruebas se acreditaba su participación.
Incluso una familiar de las víctimas, presente de manera virtual, solicitó esa misma claridad: una explicación concreta de cómo ocurrieron los hechos y el papel individual de cada implicado.
No la hubo.
PRUEBAS AUSENTES Y ERRORES
En medio de los reclamos, el propio juez reconoció que hubo pruebas que no llegaron a su poder y que no fueron consideradas en el proceso.
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La defensa denunció además la pérdida de elementos balísticos recabados durante las necropsias, piezas clave para reconstruir la mecánica del crimen.
A esto se suman omisiones en peritajes y la utilización de testigos protegidos con versiones contradictorias.
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Para los abogados, la sentencia se sostiene en una base frágil.
NARRATIVA BAJO CUESTIÓN
El juez insistió en ubicar el sitio de ejecución en el ejido La Cordobesa, un punto que no coincide con la geografía documentada del caso, que sitúa los hechos en la carretera del Ámate al Alto Uxpanapa.
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Además, por primera vez durante el juicio se mencionó la supuesta participación de un grupo de autodefensas identificado como “Las Palmas”.
LAS VÍCTIMAS
El caso dejó 12 personas asesinadas:
Isidro García Morales, Mauro Gorostieta Hernández, Fernando Gorostieta Hernández, Valentín Gorostieta Hernández, Teódulo Gorostieta Domínguez, Bartolo Domínguez Isidro, Alfredo Domínguez Isidro, Ramiro Gorostieta Domínguez, Miguel Barrales Domínguez, Luis Hernández Hernández, Régulo López Domínguez y Santiago Rodríguez Juárez.
EL MOMENTO DEL FALLO
En la sala, el ambiente se volvió denso.
Los tres imputados presentes escuchaban atentos. Cuando el juez perfiló la condena, comenzaron a negar con la cabeza.
Sin palabras. Solo el gesto.
Minutos después, el fallo quedó firme.
LO QUE SIGUE
El juez convocó para el 17 de abril, cuando se dará a conocer la sentencia individual y los años de prisión para cada uno de los condenados.
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La defensa ya anunció que apelará.

El caso, que en 2021 estremeció a Veracruz, entra ahora en una nueva etapa: una donde a cinco años de los hechos la condena no cierra la historia, sino que reabre un juicio que al apelarse llegará a instancias superiores.
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Lo anterior al decir de los defensores es una tragedia tanto para las víctimas como para los acusados, ya que han sido sometidos a un brutal desgaste moral y económico, que en el peor de los casos tendría a los verdaderos culpables en la absoluta impunidad, ante el tortuguismo e ineficiente abuso del sistema judicial.