Sentencia de 70 años por ejecución de 12 autodefensas en Las Choapas; apelarán

​Eran las 23:26 horas cuando cayó la última palabra. La del juez.

Setenta años de prisión para cada uno de los 13 acusados.

Una sentencia que no cerró el caso… lo reabrió.

Durante casi cuatro horas —con tres recesos incluidos— la sala de audiencias de la Ciudad Judicial fue escenario de una jornada tensa, contenida, marcada por reclamos y silencios.

Ahí estuvo PRESENCIA SURESTE, como único medio presente, documentando cada momento.

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Dentro de la sala había 16 personas.

La mayoría, familiares de los detenidos. También al menos una persona ligada a una de las víctimas.

Cuatro abogados de la defensa.

Cuatro abogados de la fiscalía.

Cuatro custodios del Cereso.

La secretaria del juzgado.

Y tres de los acusados presentes físicamente.

El resto siguió la audiencia de forma remota desde distintos penales del estado.

Incluso, el juez Gregorio Esteban Noriega Velasco presidió a distancia. 

Había una regla clara: sin dispositivos electrónicos para grabar.

Pero lo que no se pudo contener fue la tensión.

LA SENTENCIA

El cálculo del juez fue contundente:

Doscientos cuarenta años de prisión por la suma de delitos para cada uno de los detenidos, pero la ley fija un límite.

Setenta años. Esa fue la condena para cada uno de los 13 acusados, además de una indemnización de cinco mil salarios mínimos por cada víctima —más de un millón y medio de pesos—, gastos funerarios y atención psicológica.

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LA HISTORIA QUE CONTÓ EL JUEZ

Basado en testimonios de testigos protegidos, el juez trazó una narrativa: un operativo en el que habrían participado más de 40 personas con el objetivo de privar de la libertad y ejecutar a 12 hombres.

En ese relato, de nueva cuenta apareció el nombre de un grupo de autodefensas: “Las Palmas”, como adversario del grupo Cerro de Nanchital.

Y uno por uno, fue asignando roles de participación de los detenidos: 

Vigilancia. Cerco. Traslado. Ejecución.

Según los testimonios. El juez al enumerar la actuación de los detenidos, señaló, entre otros, que José Hernández García, participó en el cerco logístico en el crucero Emiliano Zapata-Tronconada; José Hernández Zúñiga, en la vigilancia perimetral; Rodolfo, amarró a varios de los capturados; Hugo, autor de ejecución y traslado; Alfredo, custodia y traslado; Jahir apoyo logístico; Fredy, sometimiento, vigilancia y accionar de armas.

Pero no explicó con qué pruebas concretas sostenía cada señalamiento.

EL RECLAMO

La respuesta no tardó.

El abogado defensor Paulo Mota Vázquez lanzó un señalamiento directo:

—No existen pruebas suficientes ni fiables para condenar a nuestros representados.

Cuestionó que todo el caso se sostenga en testigos de identidad reservada cuya identidad nunca fue revelada.

—¿Quiénes son? Nadie lo sabe.

El abogado Manuel Antonio González Vidal reforzó:

—No hay ninguna prueba que sustente el dicho del juzgador. Esta sentencia es apelable.

LAS VOCES

Desde el penal de Pánuco: Juan Hernández Moreno, con la voz entrecortada, reclamo “no es justo que en base a puras mentiras nos sentencien; mi error fue venir a trabajar a Veracruz, estar en el lugar equivocado…”

Presente en la sala, José Rodolfo, pidió al juez, “respetuosamente dígame ¿qué fue lo que hice?, porque en cinco años que llevo en prisión, nunca he escuchado que fue lo que hice….”

Otro de los acusados, de manera remota, lamentó: “Me he preguntado, qué hubiera pasado si mis hijos hubieran estado presentes en el

momento que me detuvieron, aquí estuviera también señalados de un delito que no cometí y que nos exponen como asesinos, que la sociedad nos lo reprocha, pero que nos acusan sin pruebas, solo con los dichos de sultano y mengano…”

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Algunos de los detenidos, parcos, con la voz cortante, decidieron no comentar nada por la condena emitida… “Nada que decir”, dijo uno de ellos.

Una persona vinculada a una de las víctimas que asistió a la audiencia, bajo reserva de identidad, nos dijo sin rodeos:

—Soy familia de unos de los caídos, pero tampoco creo que ellos sean los culpables.

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EL FISCAL Y LA POSTURA

La fiscalía -representada por César Horacio Tlaxcalteco- pidió la pena máxima y llamó al juez a no ceder ante presiones.

Incluso hizo referencia a la presencia de un periodista en sala.

La respuesta del juez fue puntual:

Reiteró. Las audiencias son públicas. Y el derecho a informar se respeta.

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AFUERA, LA FAMILIA

Ya en la medianoche, Ángel Mendoza Santos, abuelo de uno de los detenidos, soltó lo que llevaba guardado:

—A mi nieto se lo llevaron en short y chanclas… luego apareció con armas.

—¿Se las sembraron?

—Sí, claro.

Para él, la conclusión es simple:

—Es una injusticia. No hay pruebas.

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LO QUE SIGUE

La defensa irá a apelación. Vendrá la segunda instancia. Y quizá, el amparo.

Cinco años después, el caso tiene sentencia.

Pero no tiene cierre.

Lo que quedó en esa sala no fue solo una resolución judicial.

Fue una duda que sigue viva.

Para los abogados, el desgaste de los detenidos ha sido brutal y el juicio sin pruebas, seguirá abierto… 

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