“No poseo la verdad absoluta”: Juez admite poder estar equivocado en sentencia de 70 años por ejecución de autodefensas del Cerro de Nanchital

​En medio de cuestionamientos de la defensa, fallas técnicas, baja energía eléctrica y una audiencia que se prolongó durante dos días, el juez Gregorio Antonio Noriega Nolasco termino de explicar este domingo la sentencia de 70 años de prisión impuesta a 13 personas acusadas por la ejecución de 12 personas -autodefensas- en la zona del Cerro de Nanchital, caso que ha generado polémica por el peso que tuvieron los testigos de identidad reservada dentro del proceso.

La audiencia de explicación de sentencia del juicio oral 18/2026 inició desde el sábado a las dos de la tarde y fue suspendida alrededor de las ocho y media de la noche debido a problemas técnicos en la sala de juicios orales de la Ciudad Judicial del Poder Judicial del Estado en Las Choapas, donde incluso se reportaron fallas de energía que impedían la correcta grabación de la diligencia.

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En la sala permanecían encendidos los sistemas de videograbación y un monitor dividido en nueve cuadros, donde solo se escuchaba la voz del juez -quien todo el proceso lo llevo a cabo con su presencia de manera virtual- y los acusados vestidos con uniforme naranja desde distintos penales del estado, entre ellos Poza Rica, Coatzacoalcos, Tuxpan, Amatlán de los Reyes, Jalacingo, Pacho Viejo y Pánuco.

La continuación de la audiencia se reanudó este domingo alrededor de las 13:11 horas y se prolongó por aproximadamente tres horas más.

Durante la explicación, el juez detalló que por cada una de las 12 víctimas se establecieron 20 años de prisión, sumando 240 años para cada inculpado; sin embargo, debido a los límites establecidos por el Código Penal, la condena máxima aplicable fue de 70 años de cárcel, además de la reparación integral del daño.

El juzgador sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones y testimonios presentados, en los hechos habrían participado más de 50 personas, aunque solamente 13 fueron detenidas y llevadas a juicio.

Uno de los puntos más polémicos fue que gran parte de la resolución se sustentó en declaraciones de testigos protegidos de identidad reservada, situación que provocó fuertes reclamos de los abogados defensores, quienes cuestionaron la valoración de las pruebas.

Al concluir la exposición del juez, el abogado Paulo Moya Vásquez solicitó el uso de la voz para pedir una explicación más profunda sobre los razonamientos utilizados para dictar la sentencia.

La defensa reclamó que no se explicó con claridad bajo qué reglas de lógica, argumentos periciales o elementos científicos se concluyó que los disparos fueron realizados a corta distancia, además de cuestionar la ausencia de pruebas como la de rodizonato de sodio y estudios tecnológicos que permitieran determinar trayectorias o distancias de disparo y sobre todo quién los hizo.

También señalaron que no se otorgó el mismo valor a los testimonios presentados por la defensa en comparación con los testigos protegidos de la fiscalía, además de insistir en que el llamado “testigo 03” incurrió en contradicciones y falsedades durante el proceso.

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El juez respondió reiteradamente que la audiencia tenía únicamente el propósito de explicar la sentencia y no abrir nuevamente el debate; sin embargo, realizó una declaración que llamó particularmente la atención de los presentes.

“Estoy resolviendo en primera instancia… no poseo la verdad absoluta”, expresó el juzgador, al tiempo que reconoció que la defensa cuenta con un plazo de 10 días para interponer el recurso de apelación.

Los abogados también reclamaron públicamente la difusión de comunicados y publicaciones de la Fiscalía donde se presenta a los acusados como culpables definitivos, pese a que la sentencia todavía no causa estado.

Argumentaron que dicha postura vulnera el derecho de defensa y afecta la presunción de inocencia de los sentenciados mientras el caso aún puede ser revisado en instancias superiores.

En la sala únicamente se encontraba un representante de la fiscalía, mientras que del lado de la defensa participaron cinco abogados y alrededor de 10 familiares de los acusados, además de tres de los acusados quienes lograron enfrentar el proceso bajo prisión domiciliaria, quienes siguieron atentos una audiencia marcada por la tensión, los reclamos jurídicos y el debate sobre la solidez de las pruebas utilizadas para emitir una de las sentencias más severas dictadas recientemente en el sur de Veracruz. 

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