PEMEX promete casas de salud, caminos y evaluación de daños; comunidades siguen esperando respuestas sobre contaminación de KREM-1

​A más de cien días de la explosión y pérdida de control del pozo KREM-1, Petróleos Mexicanos y el Ayuntamiento de Las Choapas anunciaron nuevos acuerdos para atender las afectaciones derivadas de la contingencia ambiental que mantiene en alerta a comunidades de la zona rural.

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El alcalde Jesús Uribe Esquivel sostuvo una reunión de trabajo con directivos de PEMEX, en la que se informó la instalación de cinco Casas de Salud en comunidades estratégicas, el inicio de evaluaciones por daños a cultivos y pastizales, así como la rehabilitación del camino Río Playas-Remolino, una obra de aproximadamente 26 kilómetros.

También se anunció un programa permanente de mantenimiento para esta vía, una de las principales rutas de acceso a las comunidades ubicadas en la zona de influencia petrolera.

Sin embargo, los anuncios llegan en medio de crecientes cuestionamientos por parte de los habitantes afectados, quienes desde hace semanas denuncian problemas respiratorios, mortandad de peces, afectaciones en cultivos y contaminación en arroyos, mientras exigen estudios científicos independientes que determinen el verdadero alcance del desastre.

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El propio alcalde había reconocido semanas atrás, en entrevista con PRESENCIA SURESTE, que las obras anunciadas por PEMEX no representan un favor, sino una obligación de la empresa, debido al deterioro causado por el tránsito constante de maquinaria pesada y las afectaciones generadas tras la emergencia del pozo.

“Si van a reparar caminos, es porque los han destruido; si van a instalar casas de salud, es porque existe una preocupación real por la salud de las comunidades”, han señalado habitantes de la región.

El punto más sensible continúa siendo la contaminación ambiental.

Hasta ahora, PEMEX sostiene que la situación se encuentra bajo control y que se realizan trabajos de remediación; sin embargo, campesinos de ejidos como Nacimiento, Constitución Mexicana, Lázaro Cárdenas, Las Cruces y La Guadalupe afirman que la realidad es distinta.

Apenas esta semana, Cruz Manueles, representante comunitario del ejido Nacimiento, hizo un llamado público a universidades, investigadores y especialistas para que acudan a la zona.

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“Queremos que alguien independiente venga a verificar qué está pasando. No puede ser juez y parte. Nosotros seguimos respirando el humo, seguimos viendo cómo cambian nuestros cultivos y seguimos preocupados por nuestros niños”, declaró.

El anuncio de las Casas de Salud también genera interrogantes.

Las comunidades recuerdan que las primeras brigadas médicas de la Secretaría de Salud estatal llegaron casi dos meses después de la explosión del pozo, y hasta el momento no se han dado a conocer estudios epidemiológicos, monitoreos independientes de calidad del aire o evaluaciones públicas sobre posibles afectaciones a largo plazo.

Mientras las autoridades hablan de acuerdos y avances, en las comunidades la pregunta sigue siendo la misma:

¿Quién medirá realmente el impacto ambiental y sanitario de un pozo petrolero que, más de cien días después, continúa siendo sinónimo de incertidumbre para cientos de familias del sur de Veracruz?

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