Una iniciativa impulsada por un joven choapense busca que el Estado remunere estas actividades obligatorias, luego de que el costo del transporte, alimentación y materiales se ha convertido en una barrera para concluir los estudios.
Una iniciativa impulsada por un joven choapense busca que el Estado remunere estas actividades obligatorias, luego de que el costo del transporte, alimentación y materiales se ha convertido en una barrera para concluir los estudios.
Mientras los programas sociales destinan miles de millones de pesos a distintos sectores de la población, hay un grupo de jóvenes que parece invisible para las políticas públicas: los estudiantes que realizan su servicio social y prácticas profesionales.
Trabajan, cumplen horarios, pagan transporte, alimentación y materiales, pero al final del día no reciben un solo peso.
Ese es el problema que busca atender el joven estudiante de Derecho Andrik Alcudia Velasco, quien participó en un Parlamento Nacional Juvenil celebrado en la Cámara de Diputados y presentó una propuesta para que el Estado remunere económicamente a quienes realizan estas actividades obligatorias para concluir sus estudios.
"Los programas sociales existen, pero se manejan de manera muy general y no atienden problemas específicos. Hay jóvenes que abandonan la carrera porque no pueden costear el servicio social o las prácticas", afirmó en entrevista con PRESENCIA SURESTE.
La propuesta plantea que el apoyo económico se entregue de manera mensual y se calcule en Unidades de Medida y Actualización (UMA), para evitar que pierda valor con el paso del tiempo.
Un punto ciego
El tema no es menor.
Miles de estudiantes universitarios y de nivel medio superior deben realizar prácticas profesionales o servicio social como requisito para obtener su título.
En muchos casos cumplen jornadas similares a las de un trabajador formal, pero sin salario.
En Las Choapas, por ejemplo, un estudiante puede gastar diariamente entre 100 y 150 pesos en transporte y alimentación para asistir a la escuela y posteriormente trasladarse al lugar donde realiza sus prácticas.
Si vive en alguna comunidad rural, el gasto puede ser aún mayor.
Y cuando los ingresos familiares apenas alcanzan para lo indispensable, el servicio social termina convirtiéndose en un obstáculo para concluir una carrera.
De acuerdo con datos citados por el propio Alcudia, en Veracruz seis de cada diez jóvenes abandonan sus estudios superiores y, de quienes continúan, no todos alcanzan la titulación.
¿No existen ya suficientes apoyos?
La pregunta surge de inmediato.
México cuenta con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez y otros incentivos educativos.
Entonces, ¿por qué crear otro apoyo?
Para Andrik Alcudia, la diferencia es que se trata de una necesidad específica.
"No buscamos una política pública temporal, sino que quede establecido en la ley. Que el estudiante tenga ese derecho y que no dependa del gobierno en turno", señaló.
La propuesta aún está en fase de análisis, pero abre un debate incómodo: ¿por qué el Estado exige a los jóvenes trabajar gratuitamente para titularse, mientras presume programas de apoyo a la juventud?
Una discusión necesaria
Más allá del origen partidista del joven choapense, el tema merece discutirse.
Porque detrás de las estadísticas hay historias reales: estudiantes que caminan kilómetros para ahorrar el pasaje, jóvenes que trabajan de noche para poder cumplir sus prácticas y otros que simplemente abandonan la carrera porque el dinero ya no alcanza.
El servicio social nació como una forma de retribuir a la sociedad.
Pero cuando ese servicio termina expulsando a quienes menos tienen, quizá sea momento de preguntarse si el modelo sigue siendo justo.
Y esa discusión, gracias a un estudiante choapense, ya se encuentra en discusión en la más alta tribuna de la nación… y pudiera convertirse en ley.