KREM-1 llega al T-MEC; denuncian omisión del Gobierno mexicano ante desastre ambiental en Las Choapas

​La contaminación provocada por el pozo petrolero KREM-1EXP, ubicado en las inmediaciones del ejido Constitución Mexicana, en Las Choapas, fue llevada ante el mecanismo ambiental del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mediante una petición que acusa al Estado mexicano de incumplir su obligación de proteger el medio ambiente y la salud de la población.

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El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) confirmó haber recibido formalmente la petición el nueve de junio y abrió el procedimiento de evaluación para determinar si solicita una respuesta oficial al Gobierno de México, decisión que deberá emitirse, a más tardar, el nueve de julio.

La denuncia, cuya identidad del promovente permanece reservada por razones de seguridad, sostiene que las autoridades ambientales mexicanas han omitido aplicar de manera efectiva la legislación ambiental frente a uno de los mayores desastres industriales registrados este año en el sur de Veracruz.

Entre las dependencias señaladas aparecen la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la PROFEPA y la SEMARNAT, a las que se acusa de no realizar inspecciones exhaustivas, no imponer medidas eficaces de remediación y permitir que la contaminación continúe afectando el suelo, el agua y la atmósfera en la región.

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La petición describe un escenario que coincide con los testimonios recabados durante meses por PRESENCIA SURESTE en comunidades como Nacimiento, Constitución Mexicana, Lázaro Cárdenas, Las Cruces y La Guadalupe: emisiones permanentes por la quema de gas, contaminación de arroyos, filtración de hidrocarburos al subsuelo, afectaciones a cultivos, flora y fauna, así como riesgos para la salud de la población.

Los promoventes sostienen que las gestiones realizadas ante las autoridades mexicanas han resultado infructuosas y denuncian una "omisión institucional sistemática" que mantiene a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad y desprotección frente a su derecho constitucional a un medio ambiente sano.

La solicitud presentada ante la CCA pide, además, que se requiera una explicación formal al Gobierno de México y que eventualmente se elabore un Expediente de Hechos, un mecanismo internacional mediante el cual podrían documentarse las presuntas omisiones en la aplicación de la legislación ambiental derivadas de la emergencia provocada por el pozo KREM-1EXP.

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La denuncia internacional surge mientras las comunidades continúan reportando problemas respiratorios en niños y adultos mayores, mortandad de peces, daños en viveros y cultivos, así como olores permanentes a hidrocarburos, pese a que Petróleos Mexicanos sostiene que la emergencia se encuentra bajo control.

Paradójicamente, mientras la empresa productiva del Estado anuncia nuevas casas de salud, evaluaciones de daños y rehabilitación de caminos, el caso comienza a escalar al ámbito internacional por la falta de respuestas de fondo.

Más de cien días después de la explosión del pozo KREM-1, la gran pregunta ya no es únicamente cuándo será controlado el incendio.

Ahora también será el Gobierno de México quien deberá explicar por qué, frente a un desastre ambiental denunciado durante meses por las propias comunidades, las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente terminaron sentadas en el banquillo de un mecanismo internacional del T-MEC.