Las organizaciones exigieron una investigación exhaustiva, justicia para la comunicadora y que se esclarezca si el crimen está relacionado con su labor periodística.
Las organizaciones exigieron una investigación exhaustiva, justicia para la comunicadora y que se esclarezca si el crimen está relacionado con su labor periodística.
Las organizaciones Article 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenaron el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, cuyos restos fueron identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras ser localizados calcinados en un tambo metálico dentro de un rancho del municipio de Moloacán. Hasta el momento, las autoridades reportan ocho personas detenidas por el crimen, entre ellas cuatro expolicías municipales de Ixhuatlán del Sureste y presuntos integrantes de un grupo delictivo.
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A través de un pronunciamiento, Article 19 pidió a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso, realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión. Asimismo, exhortó a las autoridades a evitar cualquier narrativa que estigmatice a la periodista o desvíe las investigaciones, y exigió que el caso no quede en la impunidad.
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Por su parte, Reporteros Sin Fronteras calificó el asesinato como un crimen de extrema gravedad y demandó una investigación transparente que permita identificar y procesar tanto a los autores materiales como a los intelectuales. La organización también solicitó esclarecer por qué no fue posible localizar con vida a la comunicadora e investigar si el homicidio estuvo relacionado con su actividad periodística.
Ambas organizaciones advirtieron que el caso refleja el grave contexto de violencia que enfrenta la prensa en Veracruz. Recordaron que la entidad se mantiene como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo en México y señalaron que la repetición de estos ataques evidencia la incapacidad de las autoridades para prevenir la violencia contra los comunicadores y garantizar su protección.
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