Con la confirmación del asesinato de Roxana Ramírez, ya son 35 periodistas asesinados en Veracruz desde 2002, una de las cifras más altas del país y de América Latina.
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Veracruz suma 35 periodistas asesinados en 25 años; la violencia contra la prensa no cesa
La violencia contra la prensa en Veracruz volvió a cobrar una víctima. Con la confirmación del asesinato de la periodista Roxana Ramírez, quien permaneció secuestrada durante un mes antes de que sus restos fueran localizados en el municipio de Moloacán, la entidad suma 35 periodistas asesinados en los últimos 25 años, una de las cifras más altas del país y de América Latina.
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El caso de Roxana se suma al del reportero de nota roja Luis Ángel López Valdéz, asesinado a balazos el pasado 11 de junio en Poza Rica. Ambos crímenes ocurrieron durante la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, en la que ya se contabilizan cuatro periodistas asesinados y dos más desaparecidos, de acuerdo con el recuento presentado por La Silla Rota.
El periodo más violento para el gremio periodístico se registró entre 2010 y 2016, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, cuando fueron asesinados 18 comunicadores, entre ellos Regina Martínez, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Víctor Manuel Báez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez, Anabel Flores y Pedro Tamayo, casos que marcaron la historia reciente del periodismo mexicano y que, en su mayoría, permanecen envueltos en la impunidad.
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La lista también incluye a periodistas como José Luis Arenas, Jacinto Romero, Julio Valdivia, María Elena Ferral, Celestino Ruiz, Leobardo Vázquez, Gumaro Pérez, Cándido Ríos, Ricardo Monlui, Raúl Gibb, Carlos Ramírez Castro, Avisack Douglas Coronado, entre otros, cuyas muertes evidencian que la violencia contra quienes ejercen el periodismo ha persistido a lo largo de seis administraciones estatales.
A más de dos décadas del primer asesinato documentado en este siglo, Veracruz continúa siendo un referente nacional por los riesgos que enfrentan periodistas y comunicadores. Detrás de las cifras hay 35 historias interrumpidas, familias que siguen esperando justicia y una deuda pendiente del Estado para garantizar la libertad de expresión y la seguridad de quienes informan a la sociedad.
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