Mientras CFE despliega cuadrillas, Fuerza Social lleva a Gobernación la exigencia de tarifa justa, borrón y cuenta nueva y una nueva subestación

​Mientras la Comisión Federal de Electricidad respondió al fuerte reclamo del alcalde Jesús Uribe Esquivel y de representantes de colonias y comunidades rurales con un operativo de mantenimiento a las líneas de distribución del municipio, la organización Fuerza Social Choapense volvió a sentarse en las oficinas de la Secretaría de Gobernación para colocar sobre la mesa sus demandas históricas: tarifas justas, borrón y cuenta nueva para los usuarios que acumulan 19 años en suspensión de pagos y el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano.

A estos planteamientos se sumó la entrega de documentación relacionada con la crisis que actualmente enfrenta Las Choapas y la exigencia de construir una nueva subestación eléctrica, una obra que, a decir de la organización, “ya no puede esperar” frente al crecimiento urbano, la expansión de la zona rural y el deterioro de una red incapaz de garantizar un suministro estable.

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La reunión se realizó el miércoles 15 de julio, a las once de la mañana, en la sede de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, con la participación de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía y representantes de diversas organizaciones sociales del país.

Por Fuerza Social Choapense asistió su presidente, Salvador Sosa Tenorio, quien expuso nuevamente los tres planteamientos que dieron origen a la resistencia civil iniciada hace casi dos décadas.

“Lo que siempre hemos buscado es borrón y cuenta nueva de la deuda, la energía como un derecho humano y una tarifa justa”, señaló en entrevista con PRESENCIA SURESTE.

Diecinueve años de suspensión de pagos

La presencia de Fuerza Social en Gobernación no representa el inicio de una negociación, sino la continuidad de una lucha que ha pasado por protestas, reuniones regionales y mesas con autoridades federales sin que hasta ahora exista una solución definitiva.

Durante 19 años, miles de usuarios integrados al movimiento han mantenido la suspensión del pago de los recibos como medida de presión frente a lo que consideran tarifas injustas, adeudos impagables y un servicio deficiente.

En esta nueva reunión, funcionarios de la CFE respondieron por escrito que no cuentan con atribuciones para condonar las deudas acumuladas.

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Sin embargo, los representantes sociales rechazaron que esa respuesta cierre el tema.

De acuerdo con Salvador Sosa, durante la mesa se planteó que, si jurídicamente no puede utilizarse el concepto de “condonación” o “borrón y cuenta nueva”, deberá buscarse otra figura legal que permita cancelar los adeudos y abrir la posibilidad de que los usuarios puedan regularizarse, volver a contratar y comenzar a pagar bajo nuevas condiciones.

“Si no se puede llamar borrón, que se busque la palabra adecuada, pero que esa deuda desaparezca para que la gente pueda volver a contratar”, explicó.

Las organizaciones deberán reformular el planteamiento mediante un nuevo escrito, que será analizado antes de la próxima mesa de trabajo, programada para el 18 de agosto de 2026.

Tarifas desiguales a unos metros de distancia

Otro de los puntos centrales fue la demanda de una tarifa justa.

Fuerza Social cuestionó que usuarios de Las Choapas paguen recibos considerablemente más elevados que habitantes del vecino estado de Tabasco, aun cuando entre ambas regiones solamente existe la separación geográfica del río Tonalá.

“De este lado pueden cobrar tres mil pesos y, a unos metros, del lado de Tabasco, mil. Eso no es justo”, sostuvo Sosa Tenorio.

La Secretaría de Energía fue involucrada en la discusión debido a que participa en la definición de los criterios tarifarios.

La exigencia es que las tarifas respondan a las condiciones climáticas, económicas y sociales de cada región, y no a clasificaciones que, desde la perspectiva de la organización, no reflejan el consumo forzado por las altas temperaturas ni la realidad de las familias del sur de Veracruz.

Dos frentes de negociación

El fundador de Fuerza Social Choapense, Francisco Jiménez Alejandro, explicó que la organización trabaja actualmente en dos niveles.

En la Secretaría de Gobernación se atienden los temas de carácter nacional: la energía como derecho humano, la tarifa justa y la cancelación de los adeudos acumulados.

De manera paralela, con la Superintendencia Regional de la CFE en Coatzacoalcos se discuten los problemas técnicos específicos de Las Choapas: falta de mantenimiento, transformadores insuficientes, postes deteriorados, líneas dañadas, apagones prolongados y ausencia de cuadrillas con capacidad de respuesta inmediata.

“Las necesidades no son las mismas en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas o Las Choapas. Aquí hay comunidades que permanecen hasta seis días sin energía y una red de distribución que tiene décadas sin mantenimiento”, advirtió.

La organización tiene programada una nueva reunión regional el 22 de julio, en la que exigirá el cumplimiento de los acuerdos asentados previamente en una minuta.

El operativo no resuelve el problema de fondo

La reunión en Gobernación ocurre al mismo tiempo que la CFE desplegó 15 cuadrillas especializadas para revisar y dar mantenimiento al circuito rural del municipio, con trabajos de poda, revisión de cableado, accesorios y transformadores.

Fuerza Social reconoció que esas acciones son necesarias, pero advirtió que no bastan para resolver una crisis acumulada durante décadas.

Francisco Jiménez explicó que podar árboles puede disminuir algunas interrupciones, pero no corrige la antigüedad de la red, los empates improvisados en las líneas, la falta de capacidad de los transformadores ni el deterioro general de la infraestructura.

“Desmorrar árboles no es una solución permanente. Si hay un transformador de 25, reparado y rebasado, se necesita uno de mayor capacidad. Si no se cambia la infraestructura, el problema seguirá”, afirmó.

El activista sostuvo que buena parte de la red de distribución presenta carencias acumuladas durante aproximadamente 35 años y que en algunos tramos existen decenas de empates que provocan variaciones de voltaje y fallas recurrentes.

Una nueva subestación que no puede esperar

Entre los documentos entregados a las autoridades se encuentra el planteamiento para instalar una nueva subestación eléctrica que atienda específicamente a la zona rural.

De acuerdo con la información conocida por la organización, existiría un proyecto que podría concretarse en un plazo de hasta cinco años.

Para Fuerza Social, esa espera resulta inadmisible.

Jiménez Alejandro sostuvo que Las Choapas mantiene una economía dinámica basada en la ganadería, la producción de leche y queso, el comercio, los servicios y la actividad de trabajadores y jubilados de distintos sectores.

Sin energía suficiente, dijo, no solamente se afecta el confort de las familias: se frena la producción, se pierden alimentos, se dañan equipos, disminuye la competitividad y se ahuyentan posibles inversiones.

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“La energía de calidad es indispensable para procesar leche, carne, madera o cualquier producto. Una subestación insuficiente provoca pérdidas, atraso, daño económico y descontento social. Las Choapas no puede esperar cinco años”, sentenció.

La crisis vuelve a colocar a la resistencia civil en el centro

La nueva reunión de Fuerza Social ocurre en un momento de creciente presión contra la Comisión Federal de Electricidad.

El alcalde Jesús Uribe Esquivel ha elevado el tono de sus reclamos; representantes comunitarios han advertido sobre posibles bloqueos carreteros y algunos sectores han planteado públicamente la posibilidad de sumarse a la suspensión de pagos.

En ese contexto, una lucha que parecía mantenerse limitada a sus integrantes vuelve a colocarse en el centro del debate municipal.

Fuerza Social aseguró que no promueve la violencia ni los bloqueos como primera alternativa, pero reconoció que la falta de respuestas puede terminar orillando a la población a adoptar medidas más severas.

“No somos partidarios de la violencia ni del bloqueo, pero llega un momento en que la gente se siente obligada a realizar una protesta fuerte para que la atiendan”, expresó Francisco Jiménez.

La coincidencia resulta significativa: mientras la CFE despliega cuadrillas para contener una crisis que ya alcanzó un alto nivel de presión social, la organización que durante 19 años ha sostenido la resistencia civil vuelve a exigir respuestas en Gobernación.

Dos rutas distintas frente al mismo problema: una demanda local de mantenimiento y capacidad suficiente, y una lucha nacional por tarifas justas, cancelación de adeudos y reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano.

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