Rocío Nahle rechaza persecución política por solicitud de desafuero contra alcaldes de MC en Veracruz

​ La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó que exista un trasfondo político en las solicitudes de desafuero promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano (MC). Las declaraciones se dieron luego de que la dirigencia estatal del partido naranja acusara al Gobierno de Veracruz de utilizar a la Fiscalía para perseguir a autoridades de oposición. "No voy a opinar hasta que lo diga la Fiscalía", respondió la mandataria al ser cuestionada durante su visita a Minatitlán.

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La Fiscalía solicitó al Congreso del Estado iniciar el procedimiento para retirar el fuero constitucional a ambos ediles por su presunta responsabilidad en distintos hechos delictivos. Los alcaldes ya fueron notificados y cuentan hasta el próximo 28 de julio para presentar sus argumentos de defensa ante la Comisión Instructora del Congreso, la cual deberá analizar el expediente y elaborar un dictamen que posteriormente será sometido a votación del Pleno.

En el caso del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, la solicitud de desafuero está relacionada con la investigación por la privación de la libertad y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, originaria de Nanchital. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el edil es señalado por su presunta participación en los hechos, aunque será el proceso judicial el que determine su responsabilidad. Previamente, González Martínez también enfrentó cuestionamientos por la falta de entrega del Plan Municipal de Desarrollo y por un conflicto público con funcionarias de la Secretaría de Desarrollo Social.

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Por su parte, Movimiento Ciudadano emitió un posicionamiento en el que exigió que la Fiscalía General del Estado actúe con plena autonomía y no sea utilizada como un instrumento de persecución política. El partido aseguró que está a favor de que cualquier delito sea investigado y sancionado conforme a derecho, pero sostuvo que las instituciones deben garantizar procesos imparciales y libres de presiones políticas. Asimismo, pidió que cesen los actos que, a su juicio, buscan afectar a sus autoridades y militantes.

Además del caso de Ixhuatlán del Sureste, la Fiscalía también presentó una solicitud de desafuero contra el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, por su presunta relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López, ocurrida en 2026. Una vez concluida la etapa de alegatos, la Comisión Instructora determinará si existen elementos suficientes para continuar el procedimiento. En caso de emitir un dictamen favorable, éste deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los diputados del Congreso de Veracruz.

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