​​Como si aún estuviera gobernando (¿o será que nunca ha dejado de hacerlo?), Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer girar la escena política mexicana en torno suyo, luego de que el expresidente reapareció por enésima ocasión con una carta pública en la que denunció una supuesta “embestida” de Estados Unidos contra Morena y sus dirigentes, a raíz de las investigaciones y acusaciones que vinculan a políticos morenistas con el narcotráfico. 

El gesto no es menor. En un momento en que la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta crecientes presiones por los señalamientos de Washington y ante la negativa de entregar a la justicia a los políticos morenistas involucrados en las denuncias, López Obrador decidió colocarse al frente, reafirmando que sigue siendo el verdadero conductor de su movimiento y al mismo tiempo, contraviniendo una de las principales reglas no escritas de la política mexicana: los expresidentes no le hacen sombra al gobernante en turno.

La misiva repite las mismas líneas discursivas que Sheinbaum utilizó apenas el domingo pasado en su mitin en el Monumento a la Revolución: acusaciones de “intervencionismo”, denuncias de una campaña para debilitar a la “transformación” y la insistencia en que los mexicanos deben definirse en un bando. La coincidencia muestra de manera diáfana que el obradorato opera con un libreto único, dictado desde Palenque, y que la presidenta no hace más que replicar el guion que le marca su antecesor.

Aunque en su carta López Obrador refrenda su apoyo a Sheinbaum, su aparición pública la minimiza, la coloca como una figura secundaria, incapaz de sostener por sí misma al movimiento frente a la crisis. En lugar de fortalecerla, la hace ver débil, como si necesitara la tutela permanente del caudillo. El mensaje implícito es devastador: la presidenta no gobierna, solo administra lo que el “líder máximo” le dicta.

Ello fue todavía más evidente con la respuesta de las huestes morenistas, que de inmediato se activaron y agruparon para respaldar la verdadera intención, que es blindarse ante las denuncias de Estados Unidos, convertirlas en un ataque político y trasladar la responsabilidad de los vínculos con el crimen organizado hacia un enemigo externo, en lugar de asumir la podredumbre interna. 

López Obrador incluso se queja de la actual “actitud hostil” de Donald Trump, asegurando que no fue así cuando ambos eran presidentes. Aunque cualquier revisión hemerográfica echa por tierra esa falacia, pues el estadounidense siempre recurrió a la amenaza para obtener lo que quería. Por ejemplo, que el gobierno mexicano se convirtiera en su muro para contener la migración desde la frontera con Guatemala. Y lo logró.

El discurso eje del “tiempo de definiciones” es, en realidad, una trampa. El obradorato pretende colocar a los mexicanos en una falsa disyuntiva: o se está con la “transformación” o se está en su contra y, en consecuencia, te conviertes en “traidor a la patria”. En esa lógica maniquea, los “buenos” son solo ellos y cualquiera que cuestione o denuncie sus excesos y corruptelas es automáticamente un “traidor”, un “vendido”, un “agente del imperialismo” o, el sambenito de moda, un representante de la “ultraderecha”. 

Lo que se quiere ocultar tras esa retórica es la gravedad de las acusaciones contra los políticos del régimen que claramente tienen vínculos con el crimen organizado y que el gobierno norteamericano simplemente usa para sus intereses, que tampoco son los de la búsqueda de la justicia o el restablecimiento de la normalidad democrática en nuestro país, por supuesto. Pero la respuesta es el reflejo de un sistema que sabe que está acorralado.

La misma salida al ruedo de López Obrador es prueba de eso. Por la mañana del miércoles, el periódico Los Angeles Times publicó una nota en la que asegura –posición que sostiene a pesar de las reacciones de rechazo- que otros dos gobernadores de Morena están bajo investigación en Estados Unidos y que sus visas habrían sido revocadas, a pesar de lo cual pueden ingresar a aquel país gracias a un permiso especial que se concede, entre otras circunstancias, cuando existe cooperación con las autoridades norteamericanas en pesquisas judiciales.

No se trata de gobernadores cualquiera. Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, son parte del círculo cercano de López Obrador. El primero, además, fue el primer secretario de Seguridad Pública del sexenio anterior. La sola idea de que puedan estar cooperando con las autoridades judiciales de Estados Unidos es veneno puro para el obradorismo y en especial, para su líder real, y es por ello que están azuzando a la población para que se “defina” en un “bando”, en donde solo hay para elegir entre la peste y el hambre.

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