Después de que estallaran los escándalos del Pemexgate (PRI) y el de los amigos de Fox (PAN) y se aplicaran multas históricas, el IFE diseñó estrictas herramientas para la fiscalización de los recursos que gastan los candidatos (y sus partidos), por una parte, y por otra dispuso de generosas partidas presupuestales para los partidos (para que no tuvieran pretexto en la búsqueda de recursos ilícitos en sus campañas), pero lo anterior de nada ha servido en casos como Veracruz, donde “el maestro” Fidel Herrera Beltrán dio una cátedra del uso de los recursos públicos para fines electorales.

Aunado a esto, los candidatos de los diferentes partidos en los municipios de Veracruz, como ocurre en todo el país, constantemente se quejan de que a ellos nunca les llegan los recursos para sus campañas, y que estos quedan en manos de los dirigentes estatales.

Si el Instituto Federal Electoral de verdad quisiera disciplinar a los partidos para que transparenten sus finanzas, es indispensable que escuchen a la sociedad y que vayan, no esperen, por las denuncias ciudadanas para sancionar a los infractores.

México vive una partidocracia infame. Disponen los partidos, sus jefes políticos, sus caciques, sus líderes formales y los gobernadores, los capos de la gran mafia, de multimillonarias partidas presupuestales para mantener sus espacios, sus cotos de poder, en el contexto nacional, estatal, regional o municipal.

Veracruz fue convertido por Herrera Beltrán en el gran ejemplo de la degradación política. Sostener al PRI en la gubernatura, preservar el proyecto de la fidelidad, encubrir el mal saldo que arrojó el sexenio anterior, requirió una inversión tan fastuosa como insultante, incluido el uso de recursos públicos, que, obviamente, transgredió normas electorales, topes de campaña, y el manejo del aparato burocrático para operar el voto en todos los rincones de la entidad.

Frente a un Veracruz empobrecido, ante el desempleo, el deterioro de los niveles de salud, la cancelación de oportunidades de trabajo, la expulsión de mano de obra hacia otros estados, Fidel Herrera no vaciló en exprimir las arcas públicas y el crédito de los veracruzanos para impulsar una candidatura que pintaba mal pero que era la única que le garantizaba impunidad y docilidad, la de Javier Duarte de Ochoa.

Hacia el interior del PRI, Javier Duarte era repudiado por las corrientes y grupos priístas, y amansarlos, domesticarlos, someterlos, costó un mundo de recursos, amén de espacios y concesiones.

Hacerlo gobernador fue peor empresa. Sin identidad priísta, desconocido para la mayoría de la población, desvinculado de los grupos de poder, que lo veían como un advenedizo, Javier Duarte fue inventado políticamente por el gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Le construyó una carrera meteórica. Primero asistente en la campaña de 2004, responsable de cargarle el portafolios a Fidel Herrera; después secretario de Finanzas del PRI; más tarde subsecretario y secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz; diputado federal por Córdoba y finalmente candidato a la gubernatura. Todo en un corto lapso de seis años.

Nadie creía en Duarte como un candidato triunfador, a excepción de Fidel Herrera, que con las riendas de la campaña en la mano poco le importaba atropellar la dignidad de los veracruzanos.

Hacerlo gobernador requería una inversión cuantiosa, así fuera el endeudamiento de las finanzas estatales, cautivar a grandes sectores sociales, sumidos en la pobreza y en la desesperanza, y convertirlos en un ejército de votantes cautivos, motivados por una despensa y por un hato de láminas.

Fidel Herrera y la cúpula priísta determinaron robarse la elección al precio que fuera. Como otros gobernadores, priístas y no priístas, apostó a arrebatar la elección, disponer miles de millones que usó en la campaña de Javier Duarte y que permitieron, violando topes de campaña, consumar su proyecto transexenal.

A menor escala, la campaña priísta de Veracruz fue una réplica del Pemexgate de la elección presidencial en el año 2000, en los cuales se desviaron recursos de Petróleos Mexicanos hacia el PRI, y del caso Amigos de Fox, donde se usó dinero procedente del extranjero llevar a Vicente Fox a la primera magistratura.

A ciencia cierta, nadie, ni la oposición ni los mismos priístas, ha explicado de dónde se tomaron recursos para financiar la campaña de Javier Duarte. Las grabaciones difundidas por el diario Excélsior revelaron el uso de dinero para impulsar las campañas priístas, sobornar funcionarios electorales, otorgar donativos a sectores sociales, diseñar campañas de prensa contra la oposición, incluida la guerra sucia contra el candidato del Partido Acción Nacional, Miguel AngelYunes Linares, sobre quien se vaciaron frecuentes acusaciones de pederasta, cómplice de narcotraficantes y represor de políticos y medios de comunicación.

Evidencias fidedignas y documentadas de cómo los alfiles del gobernador Herrera aplicaron una nueva manera de llenar las urnas con votos a su favor, las hay por donde quiera, el diario PRESENCIA, documentó el caso de Cosoleacaque, donde la ex alcaldesa Gladys Merlín con funcionarios y recursos municipales trajo a tabasqueños a registrarse en las oficinas del IFE que se ubican en lo que era su feudo.

A nivel nacional, en sendos reportajes televisivos, la periodista Denise Maerker presentó una minuciosa y extensa investigación, en la que determinó, según cita en su columna Atando Cabos, que publicó en el diario El Universal del 18 de julio pasado: “En los meses previos y cuando todavía lo permitía la ley –entre julio del 2009 y febrero del 2010- se registraron más de 45 mil nuevos electores en Veracruz, provenientes de Baja california, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Tabasco”.

Al margen de las carretadas de dinero que debieron ocuparse para esa sucia maniobra. Tras la elección y la derrota en las urnas, el PAN pudo documentar el derroche priísta hasta escandalosas cifras de 700 millones de pesos, la mayor parte en gastos de movilización para la realización de mítines y grandes concentraciones, y pagos de publicidad en medios de comunicación escritos y electrónicos.

Las cifras, sin embargo, no paran ahí. Se estima que el PRI destinó más de 5 mil millones de pesos en la campaña de Javier Duarte, y simultáneamente el estado de Veracruz entró en una espiral de desastre, producto del endeudamiento generado por créditos bancarios y bursatilizaciones financieras. A la postre, Veracruz concluyó el sexenio de la fidelidad con una deuda de 35 mil millones de pesos, reconocida y consignada en el Plan Veracruzano de Desarrollo, elaborado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Lejos de inhibir el uso de dinero ilegal en campañas políticas, los órganos electorales han sido cómplices silenciosos y aplaudidores del manejo irregular de recursos. A menudo, quienes los encabezan son empleados del gobernador en turno, del alcalde o de los capos de las grandes mafias políticas.

A la par, ha sido una constante la queja de candidatos y líderes menores en la oposición que advierten que sus dirigentes estatales o nacionales disponen de las prerrogativas financieras, las manipulen o se las agencien, convertidas luego en patrimonio personal. Dicho de otro modo, se roban los recursos de los partidos y candidatos.

Mientras que el IFE y los órganos locales responsables de organizar comicios estén secuestrados por la voracidad de los partidos políticos y la del ejecutivo, quienes intolerantes impiden su ciudadanización, los institutos electorales, y por ende los municipales, seguirán convertidos en "propiedad" del virrey en turno.

Así pues, ¿a qué democracia aspiramos los mexicanos?
El IFE y sus similares estatales son, en teoría, órganos ciudadanos. En los hechos, no obstante, son entes políticos, sometidos a la voluntad de quienes lo sostienen y auspician su desarrollo.

Conformado por consejos general, locales y distritales, sus integrantes son postulados por partidos políticos o por el círculo de poder, mediante un proceso de simulación democrática. A fin de cuentas, los órganos electorales sirven a esos intereses y no a la sociedad como debiera ser.

Nada halagador es el panorama para la sociedad. Los

partidos han convertido la política en un sustancioso negocio; los órganos electorales están manipulados por los actores políticos, y los recursos públicos son desviados para impulsar proyectos sexenales o transexenales.
Es un laberinto y no hay cómo salir de él.