Los líderes petroleros, el consejo de Pemex y Mexichen están a punto de concretar un turbio negocio –de cientos de millones de pesos-, en el que todos actuaron con alevosía y ventaja para quebrar el complejo Pajaritos.

Con lenguaje a dos caras, la mano tersa y el puño recio, se conducen los líderes petroleros que han consentido y lucrado con la privatización paulatina, disfrazada y simulada de áreas estratégicas de Petróleos Mexicanos.

Tema de hoy y debate de años, la privatización de activos petroleros tiene su más reciente expresión en el complejo petroquímico Pajaritos, el más antiguo y motor por muchos años del desarrollo de Coatzacoalcos y el sur de Veracruz, materialmente entregado a la empresa privada Mexichem mediante una simulación financiera que de entrada arrojará el despido de miles de empleados y obreros para quienes el futuro, laboralmente hablando, ya no existe.

Mexichem recibió, oficialmente, el 6 de noviembre pasado, la notificación de la Comisión Federal de Competencia que autoriza una coinversión de 556 mil millones de dólares para la modernización de la planta de fabricación de monómero de cloruro de vinilo (VCM).

Su apuesta es incrementar la producción de cloruro de vinilo de 200 mil a 400 mil toneladas, lo que redundará en la operación total y el acaparamiento de la materia prima con que se fabrica PVC, que es el principal producto de Mexichem, propiedad de Antonio del Valle Ruiz, ex propietario del banco HSBC, beneficiario de la reprivatización bancaria del salinismo.

Mexichem no está jugando a hacer plásticos. Su inversión en este proyecto es a todo o nada. Su participación es mayoritaria y deja a Pemex el suministro de cloruro de vinilo en los términos en que le resulte y le convenga a la empresa privada, incluido el abatimiento de la plantilla laboral, que traducido a la realidad, significará la pérdida de miles de empleos. El personal de entre 20 y 25 años de antigüedad será jubilado o liquidado.

Pajaritos, cuya actividad se ha reducido prácticamente a nada, ha sido prácticamente aniquilado por política oficial de PEMEX. Su director, Rafael Beverido Lomelí, opera como un agente de la iniciativa privada y, consecuentemente, enterrador de los activos de Petróleos Mexicanos.

A lo largo de cinco años, de 2002 a 2007, Mexichem tuvo infiltrado en el complejo petroquímico Pajaritos a Abraham Klip Moshinsky, incrustado como subdirector de Planeación. Su rol, no ajeno a investigaciones y sospechas, fue determinante en el aniquilamiento de esa industria.

Frente a este nuevo proyecto de coinversión, una disfrazada privatización, el panorama para los 2 mil 200 trabajadores, que actualmente laboran en Pajaritos, entre empleados sindicalizados y de confianza, es más que sombrío. Mil 300 de ellos irán a la calle por no entrar en los planes de Mexichem.

Ante ello, la pasividad de la Sección 11 del sindicato petrolero, que agrupa a los trabajadores del complejo petroquímico Pajaritos, es asombrosa. Sus líderes, Alfredo Yuen Jiménez, secretario general, y Ramón Hernández Toledo, cacique de la organización, con más de 50 años de servicio, ya sujeto a ser jubilado, han sido cómplices silenciosos.

Desde las sombras, a puerta cerrada, sin un pronunciamiento formal, han dejado correr la privatización. Su dirigencia nacional, encabezada por Carlos Romero Deschamps, ha sido igualmente pasiva, tolerante y maniquea tanto con el tema laboral como con la entrega de PEMEX a la iniciativa privada.

Falsos redentores, verdugos de sus agremiados, nada han hecho desde que en 2009 la administración de Pemex Petroquímica concedió la producción de la planta Clorados III a Mexichem mediante un convenio ilegal, lo que originó un escándalo y la intervención del Senado de la República, que frenó ese intento privatizador de Rafael Beverido.

Posteriormente, los dirigentes sindicales Romero Deschamps y Hernández Toledo han mantenido un reiterado silencio ante los intentos de Mexichem de apoderarse del complejo Pajaritos.

Ventajosos, ajenos a los intereses de su gremio, han usado el cargo sindical para sacar raja política, traducida en senadurías, diputaciones, cargos edilicios y recomendados en gobiernos estatales. No defienden a sus agremiados y, en cambio, obtienen provecho de la desgracia laboral de sus representados.

Su hipocresía es asombrosa. Dicen defender a sus agremiados, pero, en los hechos, lucran con su desventura.