Si el arranque del primer año del actual gobierno estatal se caracterizó por la crisis económica derivada de la enorme deuda que heredó, el segundo tiene como toque de distinción la grave crisis en materia de seguridad pública significada por la corrupción de los cuerpos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública, que llevó a la desaparición, el pasado 20 de diciembre, de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río (PIVB), un organismo creado también en el sexenio anterior y que podría llevar igualmente a la extinción de las de Poza Rica y de Coatzacoalcos, según adelantó el secretario de Gobierno Gerardo Buganza Salmerón el pasado 30 de diciembre, amén de que el 25 de mayo del año anterior se suprimió la de Xalapa-Banderilla-San Andrés Tlalnehuayocan.

Que 98 años después, el 2012 haya amanecido con el puerto de Veracruz ocupado nuevamente por marinos, esta vez mexicanos (en 1914 fue por la invasión norteamericana), habla de la gravedad de la situación. En aquella ocasión duró seis meses. Ahora se ha anunciado que demorará diez. La toma en el siglo pasado fue por motivos políticos, diplomáticos.

 

Ahora, por razones de inseguridad y de corrupción.  Aquella fue una invasión extranjera, el enemigo venía de fuera, se dio cuando estaba viva la Revolución Mexicana lo que inflamó el sentimiento patrio y motivó la defensa y el combate al enemigo con solo 90 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, 100 soldados, unos cuantos policías municipales y la población civil. 

Ahora se trata de una autoinvasión porque el enemigo es nacional, está adentro: es una guerra de mexicanos contra mexicanos y se da cuando presumimos de un Estado constituido, democrático, cuando no hay motivo para inflamar el sentimiento patrio y por el contrario lo que prevalece entre la población es el miedo, el temor, la zozobra. Peor, en 1914 destacó la figura del gendarme Aurelio Monfort, quien al darse cuenta de que se iniciaba la invasión, heroicamente, con solo su pistola, intentó detener a los marines, que lo asesinaron, y en su honor se instituyó el Día del Policía Veracruzano (el pasado 13 de diciembre la Secretaría de Seguridad Pública inauguró un cuartel regional en Cardel que lleva su nombre); ahora, la policía (acaso algunos elementos se salvan) desapareció debido a la corrupción que la permeó a causa de la delincuencia organizada.

Así amanecimos en Veracruz en 2012, más que preocupante, porque aunque parezca o se trate de aparentar que la acción está dentro de la normalidad, no lo es cuando una institución armada cuya función no es esa (por decreto de 1941, la Marina-Armada de México es la fuerza militar encargada de la vigilancia y salvaguardia de las costas, el mar territorial, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo, así como en las aguas interiores, vías fluviales y lacustres navegables) está a cargo de la vigilancia de la ciudad y su zona conurbada, de la seguridad de la población civil, de combatir a la delincuencia; cuando hace funciones de policía que no le corresponden. De facto, casi se vive en un Estado de excepción. Que la Marina ocupe el puerto y sus alrededores habla de una situación de emergencia, de un caso de grave conflicto interno.

El 21 de diciembre, la vocera oficial Gina Domínguez convocó a temprana hora a conferencia de prensa para informar que a partir de esa fecha personal naval de la Secretaría de Marina realizaría funciones de apoyo a la seguridad pública y policía preventiva en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El anuncio lo hizo un día después de que se publicara en la Gaceta Oficial del Estado el decreto del gobernador Javier Duarte que extinguió la PIVB. Dos días después, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, dijo que se espera que en un periodo de entre 8 y 10 meses la dependencia a su cargo retome las funciones y que mientras capacitarán a 800 nuevos policías “dignos, preparados, confiables”, lo que lleva a deducir que los que se fueron no lo eran.

El argumento mayor con que se justificó la desaparición de la PIVB fue que la finalidad es establecer un mando único estatal para el estado. El argumento más creíble lo dio el diario porteño Notiver en su edición del 30 de diciembre cuando publicó en primera plana una información de periodistasdigitales acompañada de copias facsimilares bajadas del portal Infomex, una del parte informativo con el folio 0000700170010 de la Secretaría de la Defensa Nacional, de 30 de enero de 2011, en el que da cuenta de  incidentes de personal militar con elementos policíacos en Veracruz-Boca del Río y Xalapa, que, presumiblemente de acuerdo al contenido del reporte, protegían a los delincuentes y obstruían la labor de los militares; otra donde se da cuenta del extravío de armamento de las corporaciones policiacas; y una tercera, de fecha 25 de febrero de 2011, firmada por el capitán Armando Mendoza Paredes, jefe de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde ante la petición de la Defensa Nacional para que se le informara sobre los partes policiacos en relación a los casos que denunciaba, se le responde que “en  esta Secretaría no se tiene registro de la instauración de algún procedimiento disciplinario o queja, instruidos por los motivos antes descritos”, o sea por las denuncias del Ejército.

 

En concreto, se supone que los sucedidos se los pasaron de humo al alto mando de la SSP, entonces a cargo del general Sergio López Esquer, al que no se informó y que tampoco tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo, lo que es grave porque entonces el titular no sabía lo que estaba ocurriendo en la entidad cuando era su completa responsabilidad y lo que nos lleva a preguntar en manos de quién estuvimos entonces en materia de seguridad. Hasta la fecha, no se sabe que se haya procedido contra ningún mando policiaco a cargo de los grupos que señala la Sedena y menos que se hayan investigado las denuncias de los hombres de verde olivo.

Iniciamos así, el 2012, con la inseguridad como principal problema de Veracruz, con cuerpos policiacos que tienen elementos indignos, impreparados y no confiables, según se desprende de la declaración del titular de la SSP.
Lo preocupante es que como dijo el gobernador Javier Duarte en cadena de radio y televisión la noche del 10 de agosto del año pasado: “No obstante, todo el empeño que mi gobierno ha realizado para hacer lo que nos corresponde, existen circunstancias que no son exclusivas de Veracruz, que impiden que los efectos positivos de estos satisfactores impacten en su totalidad en el desarrollo de nuestra sociedad”.

 

Se refería concretamente a la presencia y acción de la delincuencia organizada en el estado, admitidas oficialmente en forma abierta por primera vez por una autoridad. ¿Qué nos garantiza que “esas circunstancias” no continuarán impactando negativamente en el desarrollo de la entidad pese a los esfuerzos oficiales por tratar de ofrecer resultados concretos?

Con los marines norteamericanos en 1914 era posible negociar para restablecer la legalidad en el puerto y así se hizo. Ahora, no hay lugar a la negociación pacífica. Y en medio, la población civil. De todos modos, feliz 2012.