Al margen del ruido gubernamental con ampliación de periodos de gobierno municipal y supuestas luchas contra el crimen, lo que los veracruzanos esperamos es que se aplique la ley contra quienes saquearon el estado

 

La deuda que heredó el fidelismo a Veracruz es tan grande que pasarán décadas para que el estado pueda llegar a recuperarse. Es un tema hiriente para el priismo, un tema que no debe dejar dormir al actual gobernador, Javier Duarte de Ochoa.

 

Con el despilfarro, síntoma de la irresponsabilidad administrativa y la corrupción que distinguió al régimen encabezado por Fidel Herrera Beltrán, Veracruz alcanzó niveles de endeudamiento de espanto. Inició con 3 mil 500 millones de pesos de deuda, lo que asombró a muchos, y culminó con pasivos por 35 mil millones, lo que inquietó, irritó y enfureció a la mayoría.

 

Darle viabilidad al gobierno de Veracruz, obligó a refinanciar la deuda heredada y contratar nuevos créditos para saldar los pasivos que se tenían con contratistas, pestadores de servicios y proveedores. O sea, Duarte mató los 17 mil millones de pesos de adeudo, a cambio de quedar entrado con las instituciones bancarias a las que deberá cubrirles capital y nuevos intereses. Es decir, tapó un hueco mientras abrió otro.

 

Frente a ese Veracruz agobiado por las deudas, a Duarte le sobran distractores para evadir a los veracruzanos de la negra realidad. Un día se encarcela a usuarios de redes sociales bajo el pretexto de provocar pánico al difundir rumores; otro, usa la inseguridad y la ola de violencia que asuela a la entidad como cortina de humo para enmascarar la crisis.

 

Para todo tiene el gobierno de Javier Duarte. Hace circo, maroma y teatro con tal de que sus gobernados olviden que no hay dinero; que olviden quién lo robó, y que olviden que como gobernador debe aplicarles la ley.

 

Ejemplo inmediato de esa patraña institucional, es el falso debate sobre ampliación del período de las presidencias municipales de 3 a 4 años. Aprobada en el Congreso de Veracruz, se sometió a la consideración de los cabildos.

 

Se requerían 107 ayuntamientos a favor para confirmar la decisión de la Legislatura, lo que finalmente se logró.

Incrementar el período de los alcaldes, provocará a la postre el desfase del calendario electoral. Actualmente, cada tres años se efectúan elecciones de presidentes municipales y de diputados locales; cada seis años se elige gobernador. La modificación a cuatro años de ejercicio municipal, generará mayor gasto electoral, calculado en mil millones de pesos por cada elección.

 

En ese punto se centró la polémica. Danilo Alvízar, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso de Veracruz, sostuvo que desde el Congreso se realizó una campaña de presiones contra alcaldes de oposición para aprobar la reforma constitucional. Refirió que mientras en el país diversas entidades homolgan sus procesos electorales con las elecciones federales para evitar gasto, en Veracruz ocurre lo contrario.

 

Discordante con el panista, Carolina Viveros García, presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, a quien se acusa de haber sido parte del fraude priísta que llevó a Javier Duarte a la gubernatura, asegura que no habrá mayor gasto y que los comicios, sean cada tres o cada cuatro años, se realizarán con el presupuesto que les asigne el Congreso. Asegura que es cuestión de organización.

 

Este jueves 5, finalmente se obtuvo el número de cabildos que aprobaron la reforma constitucional. Fueron 135, incluidos panistas, perredistas y la totalidad de los del PRI.

Esa polémica, manipulada, creada artificialmente, fue un intento inútil de ocultar la grave crisis que afecta a Veracruz.

 

Las finanzas se hallan en punto muerto. El gobierno de Veracruz carece de margen de maniobra para realizar obra pública. Lo que capta se usa para cubrir su gasto, su nómina y sus servicios. Depende de las participaciones federales y otros recursos, como son los excedentes provenientes de la venta de petróleo.

 

Oficialmente, en voz del secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, el gobierno de Veracruz reestructuró 18 mil millones de pesos de la deuda heredada, incluidos los últimos 10 mil millones contratados por el régimen fidelista. Los plazos de pago se modificaron de 15 a 25 años y en algunos casos a 20 años.

 

La bursatilización del impuesto por tenencia vehicular se mantuvo a 30 años, como fue colocada.

A lo largo de un año, el gobierno duartista se ha ocupado de recomponer las finanzas destrozadas, pero no hace nada por castigar a quienes provocaron la debacle.

 

Los veracruzanos sabemos bien que el gobierno de Fidel Herrera fue un desastre, una auténtica fábrica de mentiras; las deudas se tendrán que pagar, pero la deuda que él, y sus cómplices, tienen con el pueblo veracruzano son impagables.  Sólo nos queda esperar que se haga justicia.

Esa es la realidad de Veracruz. La deuda es pavorosa, producto de la irresponsabilidad, del despilfarro, del desvío de recursos, de la corrupción.

 

Lo demás, alcaldías de 4 años y mayor gasto electoral, es polémica artificial.

 

Es, en una frase, circo y maroma y teatro para ocultar la grave crisis que ahoga a Veracruz.