Poco a poco, sin la celeridad que debiera pero con eficacia, la PGR desmantela y pone en evidencia toda una estructura político criminal creada para alterar la voluntad popular

 

Sin aparente conexión, por azares de la vida pública, el carrusel de ejecutados que se registró entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, entre Guadalajara, Sinaloa y Veracruz, tendió una cortina de humo a un tema de especial relevancia en el esclarecimiento del chiquero electoral en el que se convirtieron las elecciones del 2010 para gobernador y alcaldes en el estado de Veracruz.
 
El anuncio, relativo al tema electoral, tocante a sus actores y ejecutores, evidencia inequívoca de un fraude urdido desde el poder, lo realizó la Procuraduría General de la República, el viernes 2 de diciembre, perdido entre la vorágine de sucesos violentos de aquel fin de semana que cimbraba a México, a la sociedad, a la opinión pública, al registrarse una decena de ejecuciones en el puerto de Veracruz, inmediatamente vinculadas con las matanzas en Boca del Río y Guadalajara, por un presunto ajuste de cuentas entre los cárteles de los Zetas y el del Chapo Guzmán.
 
La detención que llevó a cabo la PGR de nueve presuntos orquestadores de la llamada operación "turismo electoral”, efectuada en varios estados de la República, puso en evidente vulnerabilidad al capo de los fraudes electorales, el ex gobernador veracruzano, Fidel Herrera Beltrán.
 
Tras el fallo del TRIFE a favor del priísta Javier Duarte, incrustado para borrar las huellas del desgobierno de Fidel Herrera, era impensable suponer que la tesis del fraude electoral se reactivaría y que la treta de traer priístas de otras entidades para votar a favor del PRI, se convertiría en una consistente pista para dar con los hampones que tramaron la marrullería. Se pensaba que el caso quedaría impune. Por fortuna, no fue así.
 
Aquel 2 de diciembre, se difundieron las acciones de la PGR hacia priístas originarios de Morelos registrados en el padrón electoral de Veracruz, quienes hoy enfrentan juicios penales. La misma suerte han corrido otros turistas electorales de San Luis Potosí. La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) integra mil 536 investigaciones ministeriales; se han dictado 313 autos de formal prisión; se ha determinado 220 sentencias condenatorias, 8 absolutorias y 85 casos más están en trámite.
 
El Partido Acción Nacional había denunciado ante la FEPADE al PRI por acarrear turistas electorales desde Morelos, San Luis Potosí, Chihuahua, Tabasco, Baja California, Tamaulipas, Puebla y Chiapas. Inicialmente se habían acreditado 45 mil casos de registros sospechosos en el IFE.
 
Otra investigación, esta realizada extraoficialmente por personal del IFE, arrojó una cifra escalofriante: 230 mil ciudadanos con registros atípicos. De ellos, 711 correspondían al distrito de Coatzcoalcos, únicamente entre los meses de enero y febrero de 2010.
 
El operativo implementado por Fidel Herrera Beltrán, según esa investigación, comenzó desde 2006, durante la elección federal. En cada distrito electoral —21 en total— se empadronaba a 2 mil 500 ciudadanos provenientes de otras entidades. O sea, 55 mil “turistas electorales” anualmente.
 
En gran medida, sólo así se explica la votación, también atípica, que obtuvo el PRI en los comicios de 2007, en elección local cuando recuperó el Congreso de Veracruz; en 2009, en la elección federal, donde ganó en buena partes de los distritos perdidos, y en 2010, cuando Javier Duarte triunfó en la elección de gobernador con una diferencia de 85 mil sufragios.
 
Sin embargo, aunque se desconoce el alcance de las investigaciones de la PGR, en el sur de Veracruz sigue impune la participación de alcaldes, dirigientes priístas y funcionarios del IFE en el registro atípico de ciudadanos oriundos o provenientes del estado de Tabasco acarreados para insertarse en el Registro Federal de Electores, en distritos como Cosoleacaque y Minatitlán, pero con supuesto domicilio en Coatzacoalcos.
 
Para llevar a cabo “el turismo electoral” se hizo uso de una estructura criminal —obviamente organizada—, para generar un cuantioso número de votos ilegales y torcer la voluntad popular. Su impacto, más allá de imponer al gobernador o sea al sucesor de Fidel Herrera, así como a diputados y alcaldes en Veracruz, tendría en la mira el proceso electoral federal del 2012.
 
En Cosoleacaque, la principal sospechosa de operar el turismo electoral era, y es, la ex alcaldesa Gladys Merlín Castro. En ese distrito acudieron cientos de tabasqueños a quienes se les aleccionó, incluso con un croquis en mano, para asegurar que su domicilio se hallaba en Coatzacoalcos. Cuando se les descubrió y los partidos de oposición denunciaron el hecho, el caso se volvió escándalo.
 
A decir del entonces vocal ejecutivo del IFE en Coatzacoalcos, se realizó un muestreo y la investigación arrojó sólo 150 credenciales de elector que habían sido tramitadas con datos falsos. Por ese hecho, fueron retenidas y no se les entregarían a los ciudadanos, que evidentemente habían incurrido en una violación al artículo 4112 del Código Penal Federal, que sanciona “a quien participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar”.
 
No se sabe, sin embargo, la suerte que correrán los autores intelectuales de ese fraude, burla descarada a la voluntad ciudadana. Se comienza a castigar a los “turistas electorales” por haber tramitado una credencial aportando datos falsos, viniendo a votar a un estado donde no residen o entregando la credencial para que alguien en su nombre emita el voto. Pero nada se hace con los fideles, los duartes, las gladys, las porras, los troncos, los theureles, quienes aún permanecen impunes. Ellos incurrieron en un crimen; ellos actuaron organizadamente; ellos lo hicieron como un cártel, un cártel del crimen organizado electoral.
 
Ojalá la FEPADE actúe en consecuencia. De otra forma, la democracia seguirá siendo mancillada.
 
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