Literalmente en manos del hampa, el diputado Víctor García Trujeque, fue obligado a hacer pública su renuncia al escaño.

 

En la plenitud del poder, la vida de Víctor García Trujeque parecía destinada al éxito. Diputado local, líder electricista y obrero, y dirigente priísta en Veracruz, lo hacían suponerse dueño del mundo y un triunfador sin par.

 

Su vida cambió cuando una noticia lo devolvió al mundo real: el secuestro de su hija Erandy.

 

Desde aquel 4 de enero, en que Erandy García Figueiras, una joven de 26 años, fue plagiada en Orizaba, mientras paseaba con una amiga, hija de un conocido doctor, la vida del diputado dio un viraje drástico.

 

Dos semanas después, el viernes 20, Víctor García Trujeque anunció su retiro como legislador. Dijo que había presentado su solicitud de licencia al cargo y que se dedicaría a buscar a quien más amaba en el mundo.

 

Pronunció frases que cimbraron a cualquiera y describieron la angustia y el dolor.

 

“Defiendo la vida —dijo— de lo que más amo. Comienzo una lucha que jamás imaginé. Es mi voluntad. No hay miedo, no hay cobardía, hay mucha esperanza. Tengo fe en Dios. Me encuentro en una situación muy difícil. Mantengo un voto de silencio”.

 

Nada se sabe de la suerte de Erandy García y su amiga. Nada se sabe de los secuestradores y sus exigencias. Nada se sabe de los supuestos millones que habrían pedido, exigido, como rescate.

 

Han comenzado a generarse hipótesis sobre el móvil del secuestro de la hija del diputado García Trujeque y los actores políticos que se hallan en su entorno. No ha habido un pronunciamiento oficial del Congreso de Veracruz en relación al plagio, a no ser por las voces aisladas de algunos legisladores, compañeros suyos, priístas y de oposición. Ha sido el silencio el signo que marca, que distingue, a este episodio infausto de la vida pública veracruzana.

 

No han faltado quienes supongan que la licencia —equivalente a una renuncia al cargo— fue una exigencia, y no una decisión del diputado García Trujeque; un chantaje para verlo fuera del Congreso de Veracruz.

 

En ese tenor, lo que ocurre con Erandy García Figueiras no sería un secuestro por dinero sino un secuestro político. Y de ser así, ¿a quién le conviene o beneficia la renuncia de Víctor García Trujeque a la diputación local?

 

García Trujeque no es, como todos los políticos, monedita de oro ni panacea celestial. Líder electricista, dirigente de la Sección 84 del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), con sede en Orizaba, ha provocado enconos y rencillas con sus adversarios. Encumbrado al poder, se convirtió en vocal de la Comisión de Honor y Justicia de su dirigencia nacional y es, además, un tormentoso líder del sector obrero del PRI hasta convertirse en secretario general adjunto a la dirigencia estatal.

 

Hará unos siete años, en 2005, mantuvo un agrio conflicto con el entonces subsecretario de Gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa, candidato virtual del PRI al Senado de la República, a quien acusó de usar un doble discurso en el tema de las concesiones de placas de taxi, heredadas por el gobierno de Miguel Alemán. Yunes Landa ofrecía un día otorgarlas a los verdaderos taxistas y al siguiente decía lo contrario. La denuncia de Víctor García Trujeque fue abierta y sin matices.

 

No imaginaba entonces que la vida lo llevaría por otro derrotero. Lejos de confrontarse por concesiones de taxis u otro reclamo político, hoy se abre del Congreso de Veracruz, abandona su espacio legislativo para luchar por lo que —así lo dijo— más ama.

 

Es un caso nebuloso. Sin reclamo económico, sin que se advierta una exigencia millonaria por la vida de la joven Erandy, no se descarta el móvil del secuestro político.

 

Inquieta, también, la actitud del Congreso de Veracruz y del mismo gobierno estatal. Su silencio desconcierta; su indiferencia lastima.

 

A fuerza de verse abandonada, la sociedad concibe a sus instituciones enfermas de un mal incurable: la corrupción. No aportan soluciones y sí, en cambio, son una carga para el pueblo. Las padecemos y las sufrimos. Y lo peor es que por ellas nos regimos.

 

Frente a ese reto, no queda más a la sociedad que unirse y cuidarse a sí misma; organizarse para exigir seguridad.

La corrupción institucional es como el cáncer o la diabetes. Se le puede tener y padecer, pero se le puede controlar.

 

Ante la incapacidad de las instituciones, la sociedad debe ejercer su derecho a comunicarse, su habilidad para autoprotegerse. Establecer códigos de información con los vecinos, de quienes a menudo no conocemos ni su nombre ni su teléfono, al cual acudir en caso de un secuestro.

 

El caso de Erandy García Figueiras, su plagio, su incierto futuro, nos hace reflexionar. Si eso le ocurre a quien se mueve en un círculo de poder, ¿qué no podrá ocurrirle a la sociedad en general?