A las autoridades municipales se les debiera otorgar -por ley- responsabilidades para prevenir siniestros en la industria. En beneficio de la ecología y para acabar con el lucro descarado.

 

A río revuelto, la industria del reclamo ha servido a ayuntamientos y grupos de poder político para lucrar abierta y cínicamente con el daño al medio ambiente.

 

Ejemplo de ello, el más inmediato, es el derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos, ocurrido hace un mes, en que autoridades, líderes de pescadores y también pseudo pescadores, han desarrollado una estrategia mediática, basada en golpes informativos, patrocinio de espacios en prensa, radio y televisión, y movilización ciudadana, para lucrar con el siniestro y obtener beneficios millonarios.

 

Su argumento central ha sido el daño al medio ambiente. A partir de ahí, cuestionan a Petróleos Mexicanos, al que acusan de negligencia e irresponsabilidad; atacan a dos instituciones, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por no ejecutar a Pemex, y reclaman indemnizaciones, más que remediación, que pretenden convertir en fortuna personal.

 

Se trata de una trama urdida para lucrar. El daño al entorno ambiental es evidente y, desde luego, preocupante. Sin embargo, con datos preliminares, aportados en el inicio de la investigación, la hipótesis más sólida se orienta a que el derrame de mil 500 barriles de petróleo que pararon en el río Coatzacoalcos, obedeció a un sabotaje o a una ordeña clandestina. O sea, no fue un acto deliberado de la paraestatal.

No obstante, el espectáculo ofrecido por el alcalde de Coatzacoalcos, Marcos Theurel, y su área ambiental ­—el director de Pesca, Rosendo Quintana, y el procurador de Medio Ambiente, Alejandro Monroy—, dejó a la luz que la industria del reclamo está en su apogeo y que, para colmo, ha sido perfeccionada.

 

En los años 70, cuando Pemex desarrolló un programa de venta de petróleo a gran escala desde Coatzacoalcos, se instaló una monoboya frente a Villa Allende, la principal congregación de este municipio. A menudo, por fallas en las mangueras con que se transportaba el crudo a las embarcaciones que debían llevar el energético a diversos destinos, se producían derrames y el consecuente reclamo de los pescadores que terminaban recibiendo jugosas indemnizaciones.

 

A la larga, aquello se convirtió en un aquelarre de millones. Se descubrió que los pescadores, aconsejados por diputados y alcaldes, solían localizar manchas de petróleo y en ellas arrojaban sus redes para luego realizar el reclamo a Pemex.

 

Tiempo después se demostró, mediante análisis químicos, que el petróleo hallado en las redes no correspondía al que Pemex bombeaba cuando se produjo el siniestro, o que data de muchos meses atrás. El fraude era evidente.

 

Hoy, la industria del reclamo se ha especializado. La encabezan, dirigen y organizan alcaldes. Es el caso de Marcos Theurel. Usa a personajes como Rosendo Quintana, a quien instruye para despotricar contra SEMARNAT y PROFEPA, acusándolos de no mostrar interés en aplicarle la ley a Pemex; usa a los pescadores, que supuestamente viven de la pesca, para exigir un pago por los días que debieron suspender su actividad al hallarse el río Coatzacoalcos cubierto de petróleo.

 

Sin embargo, la corrupción tiene ese y otros rostros. El derrame de petróleo permitió saber que diversas agrupaciones de pescadores están integradas por personas que nada tienen que ver con la actividad pesquera; que se inscriben en las organizaciones y aguardan a que ocurra un accidente ambiental para reclamar un pago que a todas luces es ilegal.

 

En todo ello queda también al descubierto que a las autoridades municipales, más que evitar derrames de petróleo, lo que motiva es justamente lo contrario, que se produzca un evento de esa magnitud, lo que les permite lucrar y exigir pagos millonarios y, por supuesto, sangrar a Pemex.

 

Existe, como puede observarse, corresponsabilidad de los alcaldes en un fraude perfectamente maquinado y perversamente ejecutado. Los ayuntamientos auspician la industria del reclamo y lucran, obtienen un millonario beneficio, con el daño provocado al medio ambiente.

 

Poco, o nada, importa la prevención. Lo mismo ocurre con los grupos de poder, sus líderes incrustados en organizaciones sindicales y partidos políticos. Evitar los accidentes ambientales no produce dinero extra, que a la postre, es dinero malhabido. Solaparlos, sí.

 

Es menester que se legisle para establecer el nivel de corresponsabilidad de las autoridades municipales y estatales en el daño ambiental y que se precisen atribuciones para una correcta supervisión, junto con Pemex, de ductos e instalaciones petroleras, a fin de inhibir futuros derrames de combustible.

 

Sólo así se evitará que ante un siniestro ambiental, arranque la maquinaria del reclamo, auspiciada por alcaldes, en este caso Marcos Theurel, que ven en el derrame de petróleo un filón de oro o un cofre de piratas, del que obtendrán millonarios recursos, no para beneficio de la sociedad, sino para sus fines particulares.

 

Cuando se establezca esa corresponsabilidad, no habrá alcalde que instigue a pescadores y también a pseudopescadores. Será el fin de la industria del reclamo.