Un ex presidente panista y gobernadores priístas en la mira de la PGR calderonista. Responden acusándolo de utilizar la ley con fines electorales.

 

En honor a la verdad, yo no le veo cómo, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, pudiera haber instrumentado de la noche a la mañana una investigación que culminara en órdenes de aprehensión, enjuiciamientos y sentencias contra ex gobernadores priistas y contra su antecesor, el panista Vicente Fox, del que día a día nos explicamos el por qué de su “postura crítica” contra su sucesor.

Peor que los delincuentes formales, son las mafias políticas ancladas en el sistema político mexicano. Antes no se veían; ahora se ven y se sienten, pero como siempre, cobijados en la cínica impunidad.

Fox es un caso para sociólogos y psiquiatras; también para politógolos y criminalistas. Se hizo político por azares de la vida, motivado por sus problemas empresariales cuando el gobierno casi lo lleva a la quiebra.

 

Se quejaba mucho y conseguía poco, hasta que escuchó al líder del neopanismo, Manuel J. Clouthier, quien le dio la receta de sus éxitos: grita fuerte y si no te hacen caso, grita más fuerte, y si continúan sin escucharte, tómales una oficina de gobierno y ya verás. Así lo hizo y la historia de México cambió.

Primero encantó a los guanajuatenses, que lo vieron como un personaje de película, bronco, lépero, ranchero y cumplidor. Lo hicieron gobernador, tras un intento fallido en que el PRI le había cerrado el paso, lo despojó del triunfo y creó las condiciones para que el PAN repitiera la dosis, seis años después, aprovechando el rencor acumulado. De ahí se convirtió en un ícono político.

Ya en la Presidencia de México, Vicente Fox fue deprimente. Un año se le vio como una expectativa nacional, esperanza en proceso de maduración, de cambio político y desarrollo. Pero no pasó de ahí. A partir de entonces, desposado de Martha Sahagún, comenzó el desenfreno. Lo rebasó la ambición; pretendió perpetuar el foxismo a través de la doña como sucesora, y se embarró en cuanto negocio hizo el dúo de hijastros que Marthita le endilgó.

Hoy, cuando persiste en su afán de influir en la próxima sucesión presidencial, es investigado por enriquecimiento inexplicabe. Fox se convirtió en el enemigo en casa, al lanzar de manera cotidiana declaraciones beligerantes contra las políticas del Presidente Felipe Calderón. Cuestiona todo, incluso pugna porque se negocie con el crimen organizado, tal como hacían los tres ex gobernadores tamaulipecos del pasado inmediato —Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández— a quienes tiene en la mira la Procuraduría General de la República.

Fox parece haber recibido un mensaje contundente: enfrentar la ley o abdicar de su deseo de ser factor de decisión en la designación del candidato presidencial panista, donde apuntala a su ex secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. O sea, quiere ser el gran elector.

Apenas antier, el escándalo nacional se centró en los tres ex gobernadores tamaulipecos Cavazos, Yarrington y Hernández, cuando trascendió la existencia de una alerta migratoria para evitar que salieran del país. Por horas ninguna fuente del gobierno federal oficializó la versión. Más tarde, cerca de la medianoche, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el comandante del aeropuerto de Tampico había sido cesado por la filtración y que la alerta migratoria nunca existió.

Ayer, sin embargo, PGR y SCT revelaron que existe una averiguación previa en la que presumiblemente están involucrados los tres priístas, lo que provocó una reacción en el PRI, herido de muerte por la posibilidad de que sus ex gobernadores estén involucrados con el narcotráfico.

A primera vista, el caso parecía sofocado. No del todo. Los ex gobernadores priístas no llegaron solos a sus mandatos ni se les confirió todo el poder por obra de la casualidad.

 

Fueron palomeados y avalados por grupos poderosos del PRI, los mismos que de tiempo atrás, han venido alentando la percepción de que el gobierno calderonista se enfrascó en una guerra fallida, primero, y ahora que se trata de guerra sucia electoral.

Al PRI le conviene sembrar la hipótesis, y en gran medida ha logrado permearla entre la sociedad, de que la estrategia seguida por Calderón fue un error. Lo que no dicen es que en los estados gobernados por priístas es donde más ha crecido el crimen organizado. Han pactado con el narco; les han entregado el territorio para el transporte de droga; han puesto a su disposición a las corporaciones policíacas, y el poder lo han usado para encubrir a los malosos.

Acusaciones van y acusaciones vienen. Los priístas atacan a Calderón con el argumento de la guerra fallida, y Calderón responde exhibiendo el enriquecimiento del antecesor y la complicidad de los priístas con los barones de la droga.

Unos, Fox y sus aliados, y los otros, los gobernadores priistas investigados y los que faltan por investigarse, aumentan el volumen a la propaganda política, traducida al lenguaje popular como una guerra sucia que en el fondo entraña fines meramente electorales.

Es la guerra sucia, que inevitablemente se lavará en casa, pero que si sus objetivos son en bien de la sociedad, veremos la aplicación de la ley a quienes han hurtado los recursos del pueblo y a quienes se han coludido con los artífices de la violencia.