Solaparon la impunidad de los criminales, ahora la clase política está sometida a los atentados y avisos sangrientos.

 

La criminalización de la política jarocha, no la hacen los periodistas, cronistas del acontecer diario, sino los hechos: los cuatro cadáveres mensajeros arrojados la madruga del miércoles frente al Congreso del Estado y el atentado contra uno de los hijos del ex candidato panista a gobernador, Miguel Angel Yunes Linares, son prueba de ello.

Retratistas de la realidad, son los periodistas quienes describen al Veracruz sacudido por el crimen, el de la inseguridad cotidiana y el de la corrupción policíaca. No son los medios de comunicación los que con sus reportes informativos, la imagen escalofriante y el relato sangriento, generan la violencia; simplemente, porque esa es la función de la prensa, la exponen al escrutinio de la sociedad y al juicio de la historia.

Hoy, el tema es la criminalización de la política. En Veracruz, la violencia llegó y creció de la mano de los políticos. Los violentos encontraron a una estirpe, a la de los gobernantes, que les dio carta de naturalización para tomar al estado como territorio propio, no sólo para traficar droga sino para comerciar seres humanos, extorsionar, secuestrar, reprimir y matar.

Dejarlos hacer, permitirles violentar al estado y adueñarse de la tranquilidad de la sociedad, poco a poco fue vinculando a los políticos en el poder con los transgresores de la ley y convirtió a los gobernantes en testigos mudos del avance de la violencia, solapando a uno de los cárteles y, como era de esperarse, resintiendo el embate de las bandas rivales.

Un hecho de violencia, ocurrido apenas la madrugada del miércoles, reveló el grado de criminalización de la política jarocha. Los cadáveres de las cuatro personas que fueron abandonados frente al palacio legislativo, en Jalapa, estaban acompañados de un mensaje claro y preciso contra dos altos personajes de la política estatal, no contra el pueblo de Veracruz, que debiera el dueño de la máxima tribuna del estado, y mucho menos a la borregada que ahí despacha, sino a los verdaderos dueños que mantiene este poder bajo sus caprichosas órdenes.

Fueron hallados en el interior de un auto compacto, marca Peugeot, color rojo, según información aparecida en portales en internet, y periódicos como Notiver, Diario de Xalapa y Política. Estaban atados, torturados y sus cuerpos se hallaban vendados. El vehículo se encontraba en la confluencia de las avenidas Encanto y Lázaro Cárdenas, a la vista de todos.

El hallazgo ocurrió hacia la una de la mañana. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Veracruz se hicieron cargo de las diligencias y a la mayor brevedad procedieron al retiro del auto y de los cuerpos sin vida.

Una versión afirma que en el interior del vehículo se encontró un mensaje escrito en contra del líder de los diputados del PRI, Jorge Carvallo Delfín, y contra otro político de mayor jerarquía. La leyenda era una amenaza directa de parte del crimen organizado, sin que se intentara intimidar al pueblo veracruzano o al personal del Congreso de Veracruz.

A lo largo del día, el gobierno veracruzano desplegó un operativo para sofocar lo que amenaza convertirse en otro escándalo. Negó el crimen de los cuatro sujetos y el Ministerio Público del Fuero Común se desentendió del caso.

Las versiones periodísticas, sin embargo, dieron un puntual seguimiento y abundaron en un hecho crucial: el mensaje hallado en el interior del automóvil, dirigido al coordinador de la fracción priísta en el Congreso de Veracruz, Jorge Carvallo Delfín, presuntamente escrito por “El Amarillo”, que se supone es el cabecilla de los sicarios.

Según información procedente de Jalapa, el mismo mensaje contiene otra amenaza a un político de mayor jerarquía, intimidatorio, un hasta aquí con tufo a crimen organizado.

El caso reedita la polémica sobre la criminalización de la política. Actualiza los inconfesables, pero evidentes, lazos entre las bandas violentas y la clase política que directa o indirectamente propició que Veracruz le haya sido facturado a los malosos.

Que aparezca un mensaje amenazante contra el líder del Congreso de Veracruz, brazo derecho del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, y contra otros hombres de poder, habla del nivel de entendimiento o complicidad con el crimen organizado.

Habla, también, del ajuste de cuentas que está por venir.
Una semana antes, el coordinador del programa Oportunidades en Veracruz, Miguel Angel Yunes Márquez, fue objeto de un atentado en el municipio de Alamo. Su camioneta fue interceptada y cuando huía recibió ráfagas de metralleta. Gracias a que el vehículo era blindado, evitó un daño mayor o un final funesto.

No se sabe si el atentado al hijo del ex candidato panista a gobernador, Miguel Angel Yunes Linares, fue un hecho real o un montaje, pero persiste la idea de que se trató de un aviso sangriento.

Ambos casos, el de Jorge Carvallo y el de Yunes Márquez, reflejan que tan violenta se ha vuelto la política.
Para desgracia de Veracruz.