Mikhele Jalil Jiménez Velasco, un joven de apenas 21 años de edad, plagiado y luego liberado, provocó, quizá sin proponérselo, la sospecha de que la industria del crimen es administrada desde el interior de las instituciones.
 
Mikhele Jalil fue levantado el jueves 2 de marzo, en San Andrés Tlalnehuayocan, municipio conurbado con Jalapa, cuando cinco individuos descendieron de una camioneta, lo subieron en ella.
 
Su plagio generó una reacción inusitada. Por ser hijo del investigador de la Universidad Veracruzana, Pedro Jiménez Lara, la comunidad universitaria –docentes y alumnos— demandó el esclarecimiento del caso, la atención del gobierno estatal y una solución inmediata.
 
El lunes 5, tres días después de su desaparición forzada, centenares de estudiantes y maestros tomaron las calles del centro histórico de Jalapa. Se apostaron frente al palacio de gobierno; unos sentados, otros recostados, unos más portando mantas, exigieron la aparición de MikheleJallil Jiménez y revelaron datos escalofriantes, historias cotidianas de dolor y angustia.
 
Otros tres casos salieron a la luz pública. GemmaMavil, de 29 años de edad, fue secuestrada el 3 de mayo de 2011; se pagó su rescate; sus captores fueron aprehendidos, pero nunca apareció. Dos jóvenes novios, Mayté Martínez Alvarado y Josué Olmos Peña, ambos de 16 años, desaparecieron el sábado 3, a las 8:30 de la noche, mientras esperaban un autobús urbano cerca del mercado Los Sauces.
 
No fue todo. Durante la protesta se reveló que el número de denuncias por desapariciones de jóvenes asciende a 53 casos en lo que va de 2012, cifra alarmante y, sobre todo, que niega la efectividad del operativo Veracruz Seguro y derrumba el falso optimismo del gobierno estatal.
 
Las reseñas periodísticas reflejan, además, el interés del régimen duartista por sofocar la protesta de los universitarios que reclamaban la pronta aparición de Mikhele Jalil y los otros jóvenes. Se les conminó a detener la movilización para entablar un diálogo y a desalojar la avenida Enríquez, frente al palacio de gobierno. La petición oficial, por supuesto, fue desechada.
 
Transcurrieron apenas unas horas para que Mikhele Jalil Jiménez Velasco fuera hallado sano y salvo. No se dieron mayores detalles. En la conferencia de prensa no se permitieron preguntas de los reporteros. Horas después, fueron difundidas profusamente las fotografías en que aparece el procurador de Justicia de Veracruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa, el joven liberado y sus padres. La maniobra fue rubricada con declaraciones del investigador de la UV agradeciendo al gobernador Javier Duarte de Ochoa su empeño en la recuperación del joven estudiante.
 
Queda en evidencia que ante la presión social el gobierno se vuelve sospechosamente eficiente. Dos días después, ni la Procuraduría estatal ni el gobierno mismo han esclarecido en qué condiciones se logró el rescate de Mikhele Jalil; si se aprehendió a los secuestradores; si se registró algún enfrentamiento; si sufrió algún tipo de tortura.
 
Lo ocurrido el lunes 5 –la protesta, movilización social y aparición insólita de Mikhele Jalil Jiménez Velasco— hace recordar el caso de Jessy Cano Lule, la joven tuitera que sacudió a Veracruz entero tras el plagio de su padre, Guillermo Cano Preza, un profesor al que supuestos integrantes del crimen organizado lo privaron de su libertad después que el plagiado estuviera pegando leyendas en el fraccionamiento Las Flores, en Jalapa, exigiendo seguridad.
 
La autoridad fue requerida por los familiares, pero apareció dos horas después del plagio. Eso motivó a la joven Jessy a pedir ayuda vía Twitter, lo que generó una oleada de solidaridad y la condena pública al gobierno veracruzano.
 
Días después, el profesor Guillermo Cano apareció. Tampoco en ese caso hubo explicación oficial; no se supo si los secuestradores habían sido aprehendidos o muertos.
 
Así se ha generalizado la idea de que el mal se halla en el interior del gobierno; que son las corporaciones policíacas las principales sospechosas. Lo más grave es que el silencio del gobierno de Veracruz parece confirmar que la industria del secuestro es operada intramuros del palacio jalapeño o, cuando menos, desde ahí se les encubre.
 
Hablar de 53 “levantones” en lo que va de 2012, es hablar de un estado de zozobra, del miedo a flor de piel, de un clima de alta criminalidad y, sobre todo, de impunidad.
 
Veracruz, en números, es una entidad que abate sus índices de inseguridad; que golpea al crimen organizado, y que, tras vivir días de violencia, en 2011, retoma el nivel de tranquilidad. Eso es lo que dice la estadística y lo que se propala desde el optimismo oficial.
 
La realidad es otra. Los levantones y secuestros, el crimen y la extorsión, son el agravio nuestro de cada día, victimizada la sociedad, sensiblemente herida, olvidada, siempre olvidada.