La caricatura del monstruo encolerizado porque es obligado a expulsar de sus entrañas a las víctimas que devoró, viene a mi mente en cada rueda de prensa convocada por el Gobierno del Estado, en las que se ordena “no hay preguntas”.
 
Es, disfrazada de soberbia, la incapacidad moral para dar respuestas.
 
Es, también, el desprecio a transparentar sus acciones, el escudo de sus carencias y el temor a no saber informar.
 
El gobierno de Veracruz se ha distinguido por mantener un conflicto permanente con la prensa, agravado por los hechos de violencia —ejecutados, descabezados, turistas muertos por granadazos, vendetas entre cárteles de la droga, narcofosas y periodistas asesinados y desaparecidos— que le han provocado un linchamiento público y la fragilidad de su imagen en el contexto nacional.
 
Verse materialmente acribillado por la prensa, ha generado la cerrazón del gobierno y una actitud de intolerancia sobre todo hacia la prensa crítica.
 
En cuestión de semanas, El Gobierno de Javier Duarte ha optado por el ostracismo y la política del avestruz. Su gobierno informa a medias o no informa. Habla y no se le cree.
 
Un ejemplo es el escándalo suscitado cuando el periódico Reforma reveló que la Procuraduría General de la República detectó y confiscó 25 millones de pesos en efectivo hallados a dos empleados del gobierno de Veracruz en una aeronave oficial, en el aeropuerto de Toluca. No haber acreditado el destino de ese dinero, generó un descrédito mayúsculo.
 
El gobierno de Veracruz, en boca del secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, intentó aclarar el tema. Sin lograrlo, provocó dudas, especulaciones y un sinfín de conjeturas. Lo acompañaba el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.
 
Supuestamente no había nada turbio. “Gobernamos en casa de cristal”, dijo el gobernador Javier Duarte. La prensa, sin embargo, tuvo prohibido preguntar.
 
Otro caso fue el de la joven tuitera Jessica Cano Lule, cuyo padre, el maestro Guillermo Cano Preza, fue plagiado por un grupo desconocido cuando pegaba carteles en que como sociedad, exigía seguridad, en Xalapa.
 
Al ver que la policía no actuaba, Jessy Cano se dio a la tarea de pedir ayuda vía Twitter. Generó un escándalo y la condena generalizada al gobierno de Veracruz. Horas después, su padre apareció sano y salvo, sin que las autoridades judiciales dieran una explicación y sin que se supiera cómo se logró la liberación y si habían identificado o detenido a los plagiarios. No hubo información oficial.
 
Un caso más. Mikhele Jalil Jiménez Velasco, hijo del investigador universitario Pedro Jiménez Lara, fue plagiado en el municipio San Andrés Tlalnehuayocan, conurbado a Xalapa. En solidaridad con la familia, maestros y alumnos de diferentes escuelas tomaron las calles de Xalapa, frente al palacio de gobierno y exigieron justicia. Mikhele Jalil apareció.
 
Luego revelaría el investigador que Mikhele Jalil había escapado de sus captores, que no fue liberado por la policía. Durante la conferencia de prensa que ofreció el gobierno de Veracruz no se permitieron preguntas de los reporteros, supuestamente porque la investigación estaba en curso.
 
El último caso es el del robo de la hostia sagrada de la Iglesia del Carmen, en Orizaba, en la zona centro de Veracruz. Fue recuperada sin que se aportaran mayores detalles. En la conferencia de prensa se presentó la custodia pero sin la hostia sagrada y sin permitir preguntas por parte de la prensa. Sin embargo, el hecho sirvió para el protagonismo del gobernador Javier Duarte, quien salió a declarar su catolicismo.
 
Va quedando claro que la comunicación no es el fuerte del gobierno de Javier Duarte.
 
Ha establecido el régimen estatal que la comunicación va en una sola vía; de ellos hacia los medios y de los medios a la sociedad, pero sin derecho a cuestionar, menos aún a replicar.
 
Las conferencias del prensa sin aceptar preguntas son anacrónicas y, sobre todo, contrarias a un gobierno democrático. Denotan cerrazón y prepotencia. Evidencian incapacidad para responder y solvencia moral para convencer.
 
Son monólogos infamantes que exhiben la negación del gobierno de Veracruz a transparentar sus acciones y a explicar sus conductas.
 
“No hay preguntas”, es una frase que conculca el derecho de los medios a preguntar y que cercena el derecho de la sociedad a estar informado. Es fracturar el derecho a la información y es faltar a un derecho constitucional.