Soberbio, prepotente, Renato Tronco sigue caminando rumbo al precipicio. Su gobierno municipal marcha, inexorable, al abismo, desatinadas sus decisiones, peores sus acciones. Y solamente él, si acaso en un momento de lucidez, puede detener su pasos corruptos.

 

Gobierna a impulsos, a golpe de corazonadas, siendo su prioridad los negocios al amparo de la presidencia municipal de Las Choapas y, obvio, el abuso de autoridad, con ánimo ya de dejar el encargo y emprender una más de sus aventuras políticas. ¿Y el pueblo? Los campesinos, los obreros, los comerciantes, los estudiantes, las amas de casa… todos… ¿Seguirán tolerando tanta patraña; que siga jugando con la autoridad que se le confirió para trabajar en bien de la sociedad? Hace unos ayeres el alcalde de Las Choapas dijo que solicitaría licencia al Congreso porque quería cumplir el sueño de ser cantante.

 

La verdad de esa mentira, la verdad escondida, es que deseaba ser candidato a diputado federal del PRI por el distrito XIV, sin lograrlo, para seguir junto con su protector, el candidato a senador, Héctor Yunes Landa, la búsqueda de ese perverso grupo por obtener la gubernatura del estado de Veracruz.

 

Ahora, en una entrevista con el periodista Martín Pablo Lázaro, a quien hizo aliado de sus correrías, revela “un pacto” en el que junto con quienes lo acompañarían en la pasada campaña para la Presidencia Municipal, asegura que acordaron renunciar a mitad de su gobierno para dar paso a quienes ocupan la suplencia de sus cargos. Tronco Gómez carece de lo que presume: palabra.

 

Abundan los ejemplos. Sin embargo, lo peor no es eso, sino que en términos generales, muy pocas las excepciones, la sociedad choapense evita enfrentar su responsabilidad de exigir a su gobernante que cumpla con las leyes y que se someta, como todos debemos, al estado de derecho. Saber que Renato Tronco ya anda tirando el arpa, que se fuga antes que la justicia lo tenga a su alcance, ha provocado reacciones diversas, repudio y rechazo, y en los menos, apatía y desinterés.

 

A medio mandato, Renato Tronco abdica de su responsabilidad y de las consecuencias de su mal gobierno, de las tropelías cometidas en un año y medio de pesadilla, del uso arbitrario de los recursos públicos y de la represión con que trató a quienes disentían de sus desenfrenos, algunos de ellos garroteados por la policía. Pero no es el único caso al que le huye el valiente Renato.

 

En su medio gobierno, hizo lo que quiso con la Ley Orgánica del Municipio Libre, sobre todo en cuanto hace al respeto al cabildo. Que el alcalde niegue información hasta a los propios ediles —en el caso del síndico Sergio Guzmán y el regidor Roldán Vargas, a los que ni siquiera avisan de las reuniones de cabildo, violentando gravemente la ley—, no sólo no debería permitirse, sino que debiera condenarse.

 

A los choapenses, como a la mayoría de los mexicanos, pasó inadvertido que desde el 2007 ocurrió un cambio institucional de fondo con la modificación del Artículo sexto constitucional a través del cual se obliga a todas las autoridades gubernamentales —municipal, estatal o federal— a hacer pública toda la información en su poder. Esa transparencia obligatoria tiene el objetivo de que los gobiernos municipales actúen con madurez, abiertos y dispuestos a rendir cuentas a sus ciudadanos.

 

Ese mandato constitucional, como tantas otras cosas, es letra muerta en Las Choapas, donde rige la ley del remedo de cacique, fortalecida por la apatía ciudadana. Sergio Guzmán, el síndico incómodo, ya advirtió cómo se cocinó el paquete de obras 2012, a espaldas de los ediles irreverentes, los que le objetan sus tropelías al alcalde Renato Tronco. Lo llamaron cuando el tamal ya estaba armado, sin discusión y obviamente destinando los recursos a obras que no son para abatir el rezago social y para enfrentar la pobreza extrema.

 

Firmó bajo protesta y advirtió que a la postre habrá responsabilidad para quienes se prestaron a la jugarreta del presidente municipal, como ocurrió con el ex munícipe, Antonio Pouchoulén Cárdenas, que terminó encarcelado, enjuiciado y perdonado por sus verdugos del PRI.

 

Para muchos habría que festejar que Tronco Gómez renuncia a la alcaldía y hasta debería de hacerse una fiesta popular, lanzar cohetes y darle las gracias a los santos, lo que para la chanza popular está muy bien, pero la realidad es que a esta administración municipal debería aplicarse una minuciosa auditoría para saber si los más de 100 millones de pesos que se ejercieron en el primer año de gobierno lo hizo con honradez, porque cuando menos con transparencia, definitivamente no.

 

Tronco querrá muchas cosas, y habrá las que pueda hacer, pero también las leyes a las que protestó cumplir y hacer cumplir lo obligan en La ley Orgánica del Municipio Libre en el artículo 22: “Los Ediles sólo podrán separarse de su cargo por renuncia o por las causas graves que señalen la Constitución Local, esta ley y demás leyes del Estado, en ambos casos, calificadas por el Congreso del Estado o la Diputación Permanente”.

 

Al margen de los pactos patito que hace el alcalde, la calificación para autorizar esa “renuncia masiva” estaría en el campo del Congreso del Estado, el cual deberá calificar a una administración en el que las violaciones legales son sistemáticas y los actos de corrupción cosa de todos los días, y cuya responsabilidad debe de sancionarse. Caso contrario, ¿avalará el Congreso, una vez más, la impunidad? No sería raro. Que Renato se vaya, es lo de menos. Que rinde cuentas, es inexcusable.