Veracruz es un estado agobiado por la violencia y se ha convertido, en particular, en territorio inhóspito para un sector del gremio periodístico que ha pagado con sangre el ejercicio de su profesión, su libertad para denunciar la injusticia y el compromiso con la opinión pública y con sociedad.

 

Un ejemplo —triste y lamentable ejemplo— es la muerte de Regina Martínez Pérez, golpeada y estrangulada hace dos semanas, el 28 de abril, en su hogar, en Xalapa, en el sigilo de una madrugada fatal, sin un móvil evidente, a no ser que el de acallar su voz crítica. El asesinato de Regina Martínez fue el detonante que hizo estallar un escándalo de alcances mayores, nacional e internacional.

 

Corresponsal de la revista Proceso, con fama de periodista de denuncia, que hablaba con la verdad y que siempre, invariablemente, reflejaba el sentir de los grupos agraviados desde las esferas de poder político, atrajo la atención de la opinión pública, de organismos no gubernamentales y, sobre todo, de agrupaciones que luchan por la defensa de los comunicadores y las garantías para la realización de su profesión.

 

Cinco días después, otros tres periodistas, Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez fueron levantados y asesinados en el puerto de Veracruz. Sus cuerpos, hallados en un canal de aguas negras cercano a la unidad habitacional Las Vegas II, presentaban huellas de tortura y estaban desmembrados.

 

El común denominador de los tres periodistas es que habían huido de Veracruz tras el asesinato de la reportera del diario Notiver, Yolanda Ordaz de la Cruz, en julio de 2011. Huge y Luna fueron fotógrafos de nota policíaca de ese periódico, mientras que Esteban Rodríguez laboró en AZ y TV Azteca.

 

Regresaron y meses después fueron ejecutados. Sus crímenes, el de Regina Martínez y los de los otros tres colegas, han actualizado el debate infinito sobre las causas que conducen a la vulnerabilidad de los periodistas y, en casos extremos, a perder la vida por revelar lo que otros callan.

 

Se han escuchado voces, a menudo irreflexivas, poco profundas, que advierten que el periodista crítico asume intrínsecamente un riesgo por lo que publica y se halla expuesto a sufrir consecuencias represivas por el contenido de sus escritos, sus expresiones orales o la contundencia de las imágenes captadas por la lente de un cámara fotográfica o de video.

 

Hemos leído que el periodista más vulnerable es aquel que sustenta mejor su información; el que hiere a los hombres que ejercen el poder; el que rompe los esquemas de control informativo de los gobiernos; el que da voz a los grupos y líderes sociales; el que ejerce la denuncia permanente.

 

O sea, desde esa percepción, realizar un periodismo mediocre, light o condescendiente con las esferas de poder público o económico, supondría garantizar la seguridad personal del comunicador. El periodista de aplauso y lisonja, el que ejerce el periodismo de rodillas, tiene la vida segura.

 

Por el contrario, la fragilidad del periodista de denuncia es un hecho. Se convive con el peligro; se aprende a vivir en constante riesgo o ser susceptible a sufrir la represión de un sistema político implacable o, como viene ocurriendo, de mafias y bandas del crimen organizado que gozan de la complicidad oficial y de ahí que se conduzcan en un ambiente de impunidad.

 

En otro escenario, se ha expresado que el periodista dedicado a la información policíaca, el reportero de nota roja, se halla expuesto a afectar los intereses de grupos criminales a los que por la materia de su trabajo debe evidenciar, lo mismo cuando provocan violencia y muerte, como cuando la autoridad los somete a la ley. Nada justifica la violencia que se viene ejerciendo sobre el gremio periodístico.

 

Denunciar, dar espacios a los grupos desprotegidos, revelar secretos del poder, es parte del compromiso social para contribuir a mejorar la marcha de la sociedad, a desterrar lastres y a enmendar el rumbo. Veracruz vive tiempos difíciles, impensable la violencia que se ha generado.

 

El gremio periodístico aporta una cuota de sangre provocada por la indefensión en que se hallan los comunicadores, sin un gobierno que garantice su seguridad o que para inhibir el delito, haga cumplir la ley. Seguirá el debate, la controversia. ¿Por qué los matan? Por decir la verdad, hurgar en la herida, exhibir el lodo, la corrupción. No debiera ser así. Pero así es. Si se aplicara el estado de derecho, no habría más muertes de periodistas que lamentar.