Con Javier Duarte de Ochoa, Veracruz ha vivido un vacío de autoridad, y ahora más, al acreditarse pública y legalmente que el secretario de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, segundo en el orden de mando, violó la Constitución local al no cubrir la ausencia del gobernador.

 

El 4 de abril, por unas horas, Veracruz se halló, de pronto, inimaginablemente, sin gobernador y sin alguien que asumiera las funciones de Javier Duarte. Veracruz se quedó, prácticamente, sin piloto.

 

En esa ocasión, Duarte de Ochoa acudió a un evento del PRI, su partido. Teóricamente, solicitó un día de permiso “sin goce de sueldo” que evitara cuestionamientos y consecuencias legales por acompañar a su candidato a la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto, en gira por territorio veracruzano.

 

Javier Duarte se ausentó y el gobierno, en términos de la Constitución de Veracruz, quedó en manos del secretario de gobierno, Gerardo Buganza, cuya obligación legal era hacerse cargo de la oficina del gobernador, en términos del artículo 48 de la Carta Magna estatal.

 

Duarte acudió al evento de Peña Nieto y, de hecho, fue el alma del jolgorio. Acompañó al candidato presidencial; fue su anfitrión, y recibió del mexiquense frases prometedoras, refrendo de la solidaridad entre Veracruz y el Estado de México, y la seguridad de que los veracruzanos le darán al PRI los votos que consolidarán la victoria en la elección del 1 de julio. Duarte estaba en lo suyo.

 

Buganza también. Contra lo que marca la Constitución de Veracruz, la obligación del secretario de Gobierno de cubrir las ausencias del gobernador fue violentada por Gerardo Buganza pues en su agenda tuvo mayor prioridad ser parte de la corte priísta que rindió pleitesía al candidato Peña Nieto, olvidada su formación panista y su lucha de 30 años contra el PRI.

 

Los saldos de aquella gesta irresponsable se enmarcan en una denuncia penal que le interpuso el comité estatal del Partido Acción Nacional, bajo el delito de incumplimiento del deber legal, por dejar al garete al gobierno de Veracruz el día que Javier Duarte atendía su negocio electoral.

 

Buganza ha sido denunciado ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y por lo que se ve, no tiene escapatoria, pues existe evidencia plena de su presencia en el evento del PRI, mientras el gobierno de Veracruz marchaba en automático.

 

Javier Duarte encabeza un gobierno sin rumbo, colmado de ausencias, plagado de errores y a expensas de poderes extralegales que han delimitado sus zonas de influencias en el ámbito del poder estatal. Si bien Gerardo Buganza es el secretario de gobierno, en los hechos quien ejerció el mando durante el primer año de gobierno, fue Erick Lagos Hernández desde la subsecretaría de gobierno.

 

Movido al PRI, su relevo es Tomás Carrillo, ambos del equipo fidelista. Otro espécimen de lujo en la Secretaría de Gobierno, fue el recientemente renunciado Juan de Dios Sánchez Abreu, también fidelista, quien por tres meses ocupó la Dirección de Política Regional hasta que la represión que encabezó contra jóvenes que se manifestaban contra el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en Córdoba, obligó a su remoción. Son, como puede observarse, grillos que atienden más las prácticas partidistas, que sus funciones de gobierno y su compromiso institucional.

 

Ciertamente, Gerardo Buganza es un adorno en la Secretaría de Gobierno, un personaje desechable, pero por lo menos en términos de ley, de manera formal, mientras permanezca en el cargo, es quien cubre las ausencias del gobernador.

 

Haber dejado el cargo para asistir a un mitin partidista, da cuenta de su estatura política; evidencia cómo mal funciona el gobierno de Javier Duarte, y qué tanto desprecio se les tiene a las leyes de Veracruz.

 

En un hecho insólito, Buganza está a un paso de ser enjuiciado y sin defensa que atenúe su falta. Por lo pronto, el 4 de abril, Veracruz vivió un día nunca imaginado: estuvo sin gobernador.