Veracruz, a fuerza de actos de violencia, se ha convertido, en términos del poeta Javier Sicilia, en un camposanto habitado por inocentes, víctimas colaterales de una guerra que no pidieron, que no buscaron y que les es ajena.
 
No es, como dice el gobernador Javier Duarte de Ochoa, ni estado próspero ni , mucho menos, estado seguro. Es un estado en crisis donde el día que no matan jóvenes, asesinan periodistas, policías, empresarios, académicos, o secuestran y mancillan niñas o adolescentes, o desaparecen ciudadanos de los que nunca se vuelve a saber nada.
 
Frente a ese panorama tan sombrío, asombra el optimismo desbordado del gobernador Duarte, quien en discurso demagógico se ufana de los logros en materia de seguridad, la coordinación entre el sistema policíaco y las fuerzas federales, la disminución del índice delictivo, así como los golpes al crimen organizado con la captura de sicarios y jefes de plaza del narcotráfico y el secuestro.
 
La realidad, sin embargo, lo desmiente.
 
Ayer fue hallado un militar, sargento del Ejército Mexicano, Rafael González Hernández, ejecutado, con visibles huellas de tortura, en un paraje conocido como Las Matas, de Minatitlán.
 
El fin de semana, otro hecho violento sacudió a Xalapa, capital veracruzana, cuando el catedrático José Luis Blanco, un respetado investigador en materia de medio ambiente y sustentabilidad, fue encontrado sin vida en su domicilio.
 
Hace un mes, el 28 de abril, la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, fue hallada muerta, torturada, golpeada en rostro y cuerpo. El dictamen oficial reveló que murió por asfixia, o sea, fue estrangulada.
 
Ha transcurrido un mes de este último hecho y, pese a ofrecer que se llegaría hasta las últimas consecuencias —empeñó su palabra ante el presidente y propietario de Proceso, Julio Scherer García—, en nada ha cumplido el gobernador Javier Duarte.
 
Días después, fueron levantados, torturados y asesinados otros tres periodistas en el puerto de Veracruz, cuyos cuerpos aparecieron mutilados. Después de eso, inició un éxodo de periodistas, amenazados todos y temerosos de perder la vida o de que sus familias sufran las consecuencias.
 
Javier Duarte se ha visto forzado a dar la cara ante el tema de la violencia. Quisiera no hacerlo, pero en calidad de gobernador, es inevitable. Su discurso y el de los responsables del área de seguridad, es, sin embargo, inconsistente y poco convincente.
 
No es fácil creerle a Javier Duarte cuando asume un tono severo, casi regañón, forzado el tono de su voz, intentando lanzar el mensaje de que su gobierno no permitirá una muerte violenta más en territorio veracruzano.
 
Su problema es de credibilidad. El problema de la violencia lo ha rebasado. Tuvo que entregar la seguridad al gobierno federal y ni así ha podido doblegar a los enemigos de la justicia, que día a día, con evidente impunidad, a la vista de todos, hacen de las suyas en este Veracruz a la deriva.
 
Una anécdota pinta de cuerpo entero al gobernador Javier Duarte. Se filtraron las declaraciones del líder zeta Raúl Lucio Hernández Lechuga, alias El Lucky o Z-16, quien dijo que su organización paga 30 millones de pesos al mes en sobornos a policías ministeriales y municipales y que uno de sus enlaces en el gobierno veracruzano para garantizar su negocio de drogas es un político de apellido Lagos.
 
Ambas revelaciones, publicadas en el periódico Reforma, provocaron una sacudida fuera y dentro del gobierno de Veracruz, en la prensa y en la sociedad.  Reforma atribuyó la referencia al ex subsecretario del gobierno y actual líder del PRI en el estado, Erick Lagos Hernández, quien ante la imputación buscó aclarar y deslindarse. Consiguió lo contrario: creerle más al Z-16.
 
Terriblemente comprometedora, la aseveración del Lucky provocó una reacción inusitada del gobernador Duarte. Descalificó al Z-16, negó que su policía se hubiera corrompido por 30 millones mensuales, reclamó que alguien pusiera en duda la “honorabilidad” de su gobierno y criticó que a un delincuente se le diera más credibilidad que al gobierno veracruzano.
 
Ese es el punto. Javier Duarte puso el dedo en la llaga. Su gobierno, y él mismo, tienen menos credibilidad que el zeta Lucky, un personaje confeso de decenas de crímenes, de traficar droga, de secuestrar y torturar, de haber retado al estado de derecho, de sobornar al aparato policíaco, pero a fin de cuentas –dadas las circunstancias en las que confesó sus complicidades- con mayor credibilidad que el gobierno de Veracruz.
 
La desconfianza en las acciones oficiales es generadora de diversas reacciones. Los periodistas vienen exigiendo que se esclarezcan los crímenes de sus compañeros muertos, ocho durante el régimen de Javier Duarte. La comunidad universitaria reclama que se dé con los asesinos de José Luis Blanco. Cientos de familias exigen saber el paradero de sus hijos, hermanos, padres, y que se castigue a los culpables.
 
El Ejército mismo, la tropa, los oficiales de mediano y alto rango, demandan que no queden impunes los asesinatos de sus compañeros, generalmente brutalmente torturados por el crimen organizado.
 
Todos exigen justicia pero la impunidad, de la mano de Duarte, continúa.
 
Lejos está Veracruz de ser un estado próspero y peor está de ser un estado seguro, como pregona el gobernador Javier Duarte.
 
Es un estado caótico, sin rumbo y peor aún, sin credibilidad en sus instituciones.