Sin el subsidio gubernamental, más del 90 por ciento de los medios de comunicación que se difunden en Veracruz, desaparecerían.

 

Viven de la publicidad oficial, de una cuota mensual, concertada a través de contratos formales, que suman millones y más millones, y que obliga a los medios —prensa escrita, radio, televisión e internet— no sólo a propalar las acciones de gobierno sino a exaltar en demasía, tan exagerada como desproporcionada, los múltiples discursos y los contados logros del gobernador y su corte de secretarios.

 

Es una relación perversa y ventajosa. Vestida de trato comercial, supuestamente los medios venden espacio y tiempo para la difusión de la información oficial. Teóricamente, a eso se obligan y eso es lo que dan. Sin embargo, en los hechos, el maridaje con el gobierno va más allá. Implica sometimiento de la línea editorial, silencio en momentos de adversidad institucional y complicidad en ataques de prensa contra los enemigos del gobierno estatal.

 

O sea, el gobierno de Veracruz paga publicidad para difundir sus acciones de gobierno, pero también para callar a la prensa y así tender cortinas sobre hechos negativos para la imagen del gobernador Duarte, de los que el pueblo veracruzano tiene el derecho de saber.

 

Sobre esa relación perversa, se intentó ocultar, por ejemplo, la muerte de 35 personas cuyos cuerpos fueron arrojados en Boca del Río; las ejecuciones de cientos más dentro de territorio veracruzano; el linchamiento que la prensa nacional ha hecho del gobernador Javier Duarte y sus constantes desatinos; los niveles de pobreza que agobian al estado; la deuda de 40 mil millones de pesos heredada por Fidel Herrera Beltrán; los crímenes de periodistas, y muchos otros casos más que agravian a la sociedad y de los que ese 90 por ciento de los medios optó por callar.

 

Se paga también para enfrentar a los adversarios políticos. Se le cierran las puertas a los partidos de oposición y también a las organizaciones civiles que reclaman derechos; a las familias de cientos y miles de desaparecidos; a quienes exigen justicia ante el atropello oficial o ante las truculencias en el aparato de justicia; a quienes supieron que sus familiares salieron de casa como simples ciudadanos, inocentes, y ya no volvieron o fueron refundidos en cárceles acusados de ser miembros del crimen organizado A cambio de ese indigno subsidio, cuya fuente es el erario público, el dinero del pueblo, el 90 por ciento de los medios de comunicación deben elogiar sin freno y sin vergüenza al gobierno de Javier Duarte y cubrirle la espalda y solaparle sus errores.

 

Viven, como puede observarse, del erario público, del dinero del gobierno estatal. En Veracruz, el gobierno estatal y los grupos políticos condicionan los contratos de publicidad a la sumisión de medios y periodistas. Concertan acuerdos publicitarios sobre la base de una relación indigna: te pago para que me elogies. Para las infanterías de prensa, a reporteros y fotógrafos, columnistas y editores, hay otras prebendas: el embute mensual, una cuota sin factura, sin convenio publicitario, una tajada del pastel.

 

Unos más, con cierto nivel de privilegio, tienen acceso a contratos de obra pública, espacios en nóminas oficiales o ser proveedores de bienes y servicios Son contados, unos cuantos, aquellos medios que mantienen una relación con el gobierno de Veracruz sin comprometer su línea editorial, sin renunciar a su libertad de ejercer la crítica y sin verse obligados a ser partícipes de campañas mediáticas para atacar a los enemigos del señor Duarte y su grupo cercano.

 

La minoría, el 10 por ciento se mantiene al margen de los círculos de gobierno, ejerce su libertad para pensar, decir, señalar, criticar, instar a la reflexión, develar corruptelas, desnudar los excesos del poder, el atropello, el crimen de estado, el robo a las arcas públicas.

 

Son los menos, los que viven en permanente riesgo. Frente a ese panorama, es una broma malévola que en Veracruz se celebre el día de la libertad de prensa; que sea el gobierno estatal el que homenajee a la prensa por una libertad, la de expresión, que de suyo, y voluntariamente, tiene perdida.

 

Es una ironía de la vida institucional. El 7 de junio, día en que se instituyó la conmemoración de la libertad de expresión, en Boca del Río, compartieron el pan y la sal el monarca y sus súbditos de prensa, el que compra y paga los elogios, y el que los cobra y los prodiga con cargo millonario a las arcas públicas.

 

Con su 90 por ciento de prensa vendida, el gobierno de Javier Duarte les reconoce la libertad de escribir al gusto y modo del gobernador, sometidos a sus dictados, acallados cuando los múltiples errores, absurdos y desatinos dominan el actuar del régimen veracruzano actual.

 

Esa mañana, irónicamente, no sólo hubo un plato de frutas, una bebida y un buen guiso; también automóviles, la creación de un organismo para atender y proteger periodistas y la negativa de que la vocera oficial, Gina Domínguez, reprima periodistas incómodos hasta su despido de los medios en que laboran.

 

Con los suyos, su 90 por ciento de prensa vendida, festeja el gobierno de Javier Duarte la libertad de expresión, unos que no la ejercen y el otro que la mediatiza. Fue un simple show. Nada más.