Delito que no se castiga, se repite.

Sí, lo dicen los viejos y lo dicen los sabios.

Se lo oí a mi padre, que es un viejo y es un sabio, cada que invocaba los casos de impunidad, el mal nuestro de cada día en el México de la injusticia.

Lo digo yo, ahora, que no soy viejo y muchos menos sabio, cuando leo y releo que a los policías que golpearon y encarcelaron al maestro Miguel Angel Castillo Duque y a su esposa, la candidata del Partido Nueva Alianza a senadora por Veracruz, Rosario Rojas Aragón, los corrieron pero no los castigaron. No les aplicaron la ley.

Digo, también, que les dieron la aviada, los echaron a correr, pero los encubrieron, en vez de hacerlos pagar por el abuso de autoridad y por el atropello.

A los Duque les pegaron una paliza por el sólo hecho de haber ido a pedir que un niño que escapó de su casa por maltrato, un alumno de escuela, les fuera entregado por la policía para evitar estuviera en una cárcel, en un separo policíaco o en una oficina de seguridad.

Lo que hicieron los policías fue someter al maestro Duque, golpearlo y encarcelarlo. Su esposa, que lo esperaba en el auto, se dio cuenta de lo que ocurría y quiso ayudarlo. Se acercó, protestó y le dieron otra catorriza.

Pasaba por ahí el diputado local, Ricardo Calleja y Arroyo, que escuchó los gritos y se acercó, pidiendo a los policías que los liberaran. En la madrugada, así como los desgraciados que no tienen alma, decidieron dejarlos libres, aunque los enterados aseguran que ante las consecuencias que habrían de venir, habló el presidente municipal Renato Tronco con sus cuicos y les ordenó aplacar la bronca. Y así los dejaron libres.

La protesta que se organizó y la marcha en que se exigió detener los abusos de la policía, obligaron a Renato Transa a suspender y sancionar a los policías, y después a cesarlos.

Como en el caso de los Duque, han estado muchos ciudadanos más. Todos los días la policía golpeaba y encarcelaba inocentes. A algunos los extorsionaba y a otros los amenazaba, sembrando un estado de terror con el que el alcalde de Las Choapas parecía estar feliz y encantado porque así es el ambiente en que se desarrollan los cacicazgos, aunque este caciquito o cacique de papel no asusta a nadie.

La cosa es que a los cuatro policías, que más bien se comportaron como cuatro delincuentes con uniforme, los corrieron pero no los sancionaron, como debía ser porque lo que hicieron fue un abuso de autoridad, porque causaron lesiones, porque encarcelaron a gente inocente y porque amenazaron a cuantos quisieron.

Lanzarlos a la calle no basta. La ley dice que quien comete un delito debe pagar por ello. Que Renato Transa los haya corrido es, lejos de un hecho positivo, una forma de encubrirlos. Y quien sabe de la comisión de un delito y no lo denuncia, se convierte en cómplice.

A estos delincuentes con uniforme, Renato los dejó ir. No les aplicó la ley. Debió ordenar su aprehensión y consignación ante el Ministerio Público, porque lo que hicieron fue una violación reiterada a los derechos humanos de ciudadanos inocentes y un atropello a sus garantías individuales.

Digo yo: este caso está bueno, superbueno, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A ver cómo se intenta justificar el alcalde de Las Choapas, Renato Tronco. A ver cómo explica que no aplicó la ley.

Y es que por eso dicen los viejos y también los sabios: delito que no se castiga, se repite.

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