Una vez más, pero ahora con la complicidad, la mano negra de los dirigentes políticos de las diversas fracciones partidistas en el Congreso de Veracruz, se desoyeron las demandas ciudadanas de una reforma electoral que impida y sancione la compra del voto en las elecciones.

Que el gobernador Javier Duarte y los partidos políticos hubieran plasmado esa exigencia en el nuevo Código Electoral —sanciones a quienes rebasen los topes de campaña, nulidad de la elección y castigo a la compra y coacción del voto, entre otros— hubiera significado una verdadera atención al pueblo y una norma avanzada, vanguardista y acorde con una democracia moderna.

El representante del PRD ante el Instituto Electoral Veracruzano, Fredy Marcos Valor, lo dice claramente: “El que hayan quitado el cien por ciento del financiamiento privado a campañas, no fue un logro, como tampoco permitir la participación de observadores electorales de cualquier lugar, no sólo de Veracruz, o el que se eliminaran los párrafos del artículo 48 que limitaban la libertad de expresión. Todos estos eran derechos ganados y limitarlos resultaba inconstitucional, iban contra la mismas leyes, por lo tanto, no fueron triunfos ni concesiones”.

La complicidad obtenida de los dirigentes partidistas debió tener un precio muy alto porque la imposición de la reforma, tal como la proponía el gobernador Javier Duarte sería la cereza del pastel del escándalo internacional en el que se encuentra inmerso el gobierno de Veracruz, derivado de la represión a tuiteros, los crímenes no esclarecidos de una decena de periodistas y de sus implicaciones fraudulentas en la compra de votos a favor del candidato priista a la Presidencia de la República.

En ese contexto, las declaraciones políticas que echan las campanas al vuelo, de que ahora si soplan nuevos vientos electorales y que Javier Duarte hace de sus decisiones un arcoiris con la participación de todos, no son más que frases bien pagadas, basura pública, que no tardará mucho en que sepamos cuál es el precio.

De hecho, el Código Electoral modificado, nace entre un manoseo insultante. Hizo asomar el rostro autoritario del gobernador Javier Duarte, empeñado en imponer restricciones a la ciudadanía y a los mismos partidos, con un solo beneficiario, el PRI, al cual le diseñó la ruta del fraude por la vía institucional.

Si Duarte fue medianamente frenado, fue por la resistencia inicial de los partidos de oposición y por la andanada que le recetó la prensa crítica, que percibió el intento de someter a los medios “incontrolables” que debían evitar señalamientos a candidatos y partidos si pretendían ser elegibles para contratar publicidad durante el proceso del próximo 2013 en que se renovarán 212 alcaldías y el Congreso veracruzano.

La efervescencia, las condenas abiertas y el mensaje adverso que se percibiera en la opinión pública, le permitieron a los partidos de oposición endurecer su posición, forzar una negociación y al final sacar un relativo provecho, modificando, suprimiendo o simplemente barnizando algunos de las propuestas de la Ley Duarte.

Al final, este domingo 29, Duarte y sus priístas se sentaron en la misma mesa con la oposición para celebrar un falso triunfo de todos, pero que en realidad es un parche mal pegado al Código Electoral y deja lagunas significativas que presagian suciedad y penumbra.

Lo menos que se dijo de los partidos y legisladores de oposición, que presumían que no le avalarían la reforma al Código Electoral al gobernador Duarte, fue que la planchada fue de alto costo. Ellos, en cambio negaron todo y acusaron que dejaron pendientes en la agenda y que se subsanaron omisiones.

Rogelio Franco, diputado del PRD, propuso que en un tiempo perentorio se instale una consulta pública para que en 2013 se dé una reforma integral en materia electoral, que englobe los temas que quedaron pendientes. “Se lograron parar muchas chingaderas”, se escuchó decir a Franco en alusión al proyecto enviado por el gobernador Duarte al Congreso. ¿Qué caso tenía, pues, aprobar un reforma que hay que reformar el próximo año?

Sin embargo, el punto medular de toda campaña quedó en el archivo de los pendientes: la fiscalización. No se incluyó dotar de mayores facultades al órgano electoral para que la vigilancia del manejo de recursos se realice en tiempo real, “y que los candidatos que violen las disposiciones reglamentarias se vean castigados antes de que puedan tomar posesión”, dijo Franco.

“Debemos crear también algún medio legal para sancionar a los que integran el órgano electoral, así como señalar posibles causas de terminación anticipada de sus cargos si se demuestra el indebido desempeño del mismo”.

O sea, el punto fundamental de toda elección, que es la fiscalización, se mantiene en el nivel que le ha permitido al PRI hacer chapucerías para agenciarse alcaldías, diputaciones e incluso la gubernatura de Veracruz.

Lo imperdonable es que la oposición haya consentido la sobrerrepresentación al 16 por ciento en el Congreso de Veracruz, contraria a la reforma política federal que únicamente permite que el partido mayoritario tenga un 8 por ciento de diputados plurinominales, hecho que habrá de llevar la Ley Duarte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por causas de inconstitucionalidad.

Fredy Marcos Valor, representante del PRD ante el Instituto Electoral Veracruzano, fue puntilloso cuando resumió el acuerdo para sacar adelante la reforma al Código Electoral: los chamaqueó el gobernador Duarte, y lamentó que hayan avalado la propuesta, convirtiendo la reunión con el mandatario en un auténtico “besamanos”, al tomarse la “foto innecesaria”.

Y señaló algo por demás grave. No se tocó sancionar a quienes excedan los topes de gastos de campaña “y que esto derive en la nulidad de la elección o para castigar la compra y coacción de votos”.

Lo insólito fue que mientras Marcos Valor expresaba que no creía en la inocencia o ignorancia de los partidos, el presidente de su partido, el PRD, Juan Vergel Pacheco, calificaba la reforma electoral como una reforma “arcoiris” porque todos le metieron la mano.

Algo huele mal, algo podrido resultó de esta reforma al Código Electoral, parchada, manoseada, malintencionada, de la inspiración del gobernador Javier Duarte de Ochoa y que al final fue aprobada con la complicidad de la oposición, en un negro presagio, pues a la postre será el instrumento con el que se regirá el proceso de 2013, en el que los enemigos del PRI terminarán llorando y advirtiendo un fraude que ellos ayudaron a confeccionar.

Al fin y al cabo, dieron gato por liebre.

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