Si bien es cierto que la humanidad le ha hecho dañoirreparable al medio ambiente y que ya paga el precio con los dolorosos cambiosclimáticos, también lo es que el hombre por su supervivencia busca las accionesnecesarias para aliviar las consecuencias y reparar los agravios a lanaturaleza.

 

Para nuestra mala fortuna, como lo afirma el filósofoThomas Hobbes, “el hombre es el lobo del hombre”, y además de laconcientización sobre una cultura del cuidado del medio ambiente, se requierende leyes que nos obliguen.

 

En ese sentido, el notario público de Las Choapas,Honorato Alvarez Campos, un hombre conocedor de las leyes –conocido también porsu participación en la política, pero que no es el tema de esta columna-, hapresentado una interesante propuesta que pretende coadyuvar en la creación yprotección de praderas o bosques en el área rural.

 

Sin ser diputado, Álvarez Campos ha puesto en manos defuncionarios federales y diputados federales su proyecto para elevar a rangoconstitucional el establecimiento de praderas o bosques en el medio rural,adicionándose con un cuarto párrafo al artículo 27 constitucional.

 

El agregado constitucional obligaría a una iniciativa deley, cuyo ejercicio obligaría a todos aquellos quienes poseen tierras a dedicarel 10 por ciento de su inmueble a la reforestación.

 

La interesante propuesta legislativa fortalecería lasacciones que llevan a cabo el gobierno para que sus programas de reforestaciónno solo sean actos propagandísticos sino acciones concretas para aliviar losestragos del drástico cambio climático.

 

La propuesta está fundamentada en el uso irracional queel hombre le ha dado a sus bosques, de los cuales extrae la madera, ya sea parael cocimiento de sus alimentos, o para la construcción de casas; la utilizaciónde los campos, o mejor dicho la quema de pastizales, para organizar laproducción agrícola, y por muchos años el uso de la leña y el carbón de maderacomo combustible en los procesos industriales.

 

Todo ello ha propiciado que México ocupe un nada gloriosolugar en el ámbito del deterioro ambiental, pese a ser, paradójicamente, elcuarto lugar mundial en biodiversidad en flora y fauna. Se tiene registro de uncreciente número de especies en peligro de extinción autóctonas, y 37 de ellasestán extintas en su hábitat natural.

 

El proyecto establece que a nivel mundial, a menudo serealizan foros, que involucran a la comunidad científica, estudiosos del medioambiente y del cambio climático, a profesionistas identificados con laproblemática del deterioro ecológico y a la población en general, incluidosestudiantes en la materia, con una amplia difusión en los medios decomunicación, sobre los acuerdos, convenciones y protocolos que se adoptan. Sinembargo, lejos de su cumplimiento, ni siquiera se les da un seguimiento puntualque permita evaluar hasta dónde se avanza y qué falta por realizar.

 

Es preocupante la deforestación que afecta a diversospaíses, mismo que ha acabado con grandes zonas boscosas, lo cual genera erosióny su consecuente impacto en la producción agrícola; mayores inundaciones, pueslas barreras naturales que son las áreas arboladas cerca de ríos, arroyos ylagunas, dejan de realizar su función natural; pérdida de los pulmones delplaneta, como es el caso de la selva del Amazonas, y en el caso de México, laBiósfera de los Tuxtlas y la Selva Lacandona.

 

La iniciativa de Ley tiene como propósito hacer partícipea los poseedores, ejidatarios y propietarios de terrenos en el área rural, afin de que se involucren en el establecimiento de bosques o praderas.

 

La reforma al artículo 27 constitucional señala que eldetentador del predio deberá destinar un 10 por ciento del mismo a lareforestación. De esa forma, la reforestación sería una obligaciónconstitucional.

 

Por su parte, el gobierno federal se obligará asuministrar al detentador de la tierra, llámese, poseedor, ejidatario,propietario o concesionario, los árboles que requiera el terreno que habrá dereforestar, dándole seguimiento durante 5 o 6 años, a través de la o lasinstituciones relacionadas con el agro “con la ayuda que requiera para lograrel objetivo en la conformación de bosques”.

 

En una reflexión final, el razonamiento planteado en lareforma establece que el cambio climático ya está presente “y que viene paraquedarse”. Señala que por ello se debe avocar tanto a su estudio como arealizar acciones inmediatas y a largo plazo.

 

El texto propuesto al artículo 27 constitucional, es elsiguiente:

 

“Todo detentador de la propiedad rural deberá reforestarel 10 por ciento de sus terrenos, para la creación de bosques que vengan acoadyuvar con el medio ambiente y el cambio climático”.

 

Del proyecto de ley propuesto por HonoratoAlvarez Campos, ya tienen copia en sus manos el líder de los diputadosfederales en el Congreso de la Unión, Juan Nicolás Callejas Arroyo, y laSagarpa, a través del jefe del Departamento de Capacitación y Trasferencia deTecnología y Cultura Forestal, Gaudencio García Benítez, de la Gerencia Estatalen Veracruz.

 

Alvarez Campos se dedica a la ganadería ensu rancho el Huasteco, en dónde ya lleva acciones para la reforestación de unas200 hectáreas con árboles frutales de diversas especies.

 

Alvarez Campos toca una fibra sensible del problemaambiental, la reforestación. Así nos lleva a reencauzar el papel del hombre enel cuidado de su entorno inmediato, el cual por instinto de supervivencia, debeser protegido y sus efectos negativos, revertidos.

 

Plantea, categóricamente, la necesidad de atender elproblema de los bosques y praderas como una forma de enfrentar el cambioclimático, que genera cada vez mayores estragos en el ambiente natural delhombre. Independientemente de las inundaciones, que han provocado migracionesbuscando zonas dónde vivir, han repercutido en el factor agropecuario,modificando incluso el tema alimentario y las costumbres del ser humano.

 

Por sí solo, el planeta no habrá de revertir los efectosdel deterioro ambiental. México, un país con una biodiversidad única, se hallaen la disyuntiva de atacar el problema y una buena medida es propiciar lareforestación, aunque tenga que tomarse el camino de la ley para lograrlo.

 

Ya se ha visto que losacuerdos en materia ambiental, basados en la buena fe del hombre, no funcionan.Debe realizarse dentro de un marco legal, que señale obligaciones y beneficios.([email protected])(@moralesrobert)