Si a miles de sureños los daños provocados por la tormenta huracanada Ernesto resultan ser una maldición, en el México paradójico que vivimos a los políticos les resultó un regalo caído del cielo.

 

El alcalde de Coatzacoalcos, Marco Theurel Cotero, por ejemplo, podrá decir que se miente cuando se le acusa de entregar obras a medias pues ahora culpará a la tormenta de ser la que desbarató con su fuerza lo que él con tanto trabajo construyó.

 

Polo Torres, presidente municipal de Minatitlán, podrá mentar la madre a diestra y siniestra, en su juicio o en su estado habitual, a todos los que lo culpen de no hacer obras y dedicarse a la vida alegre, ya que todo habrá sido responsabilidad del bienamado huracán Ernesto, que desbarató la incansable obra que ha realizado con honestidad y modestia.

 

Y el que no termina de echar brincos de gusto, es el alcalde de Las Choapas, Renato Tronco Gómez, a quien las obras de su gobierno se le desmoronaban gracias al pésimo concreto que fabrica su socio, Jesús Uribe, y lo que ya no encontraba era cómo justificarse ante tanta queja de la ciudadanía.

 

En el norte, centro y sur del estado llueven los reclamos y lamentos por la mala calidad en la construcción de las obras públicas, gracias a que cuentan con un gobernador que ha demostrado poco valor y mucha complicidad para sancionar a los alcaldes de su administración que gozan a plenitud del “pinche poder”.

 

De por sí, la obra pública en México es de mala calidad. Pavimentaciones, asfaltados, construcción de carreteras, hospitales, escuelas, todo muestra un deterioro visible apenas son entregados los trabajos y el contratista se desentiende, pues las fianzas de vicios ocultos y de cumplimiento vencen en un plazo de un año.

 

La obra pública es un filón de oro de los políticos. Asignar un contrato, genera dinero invisible para el funcionario, el llamado diezmo, que a veces se eleva al 15 o 20 por ciento del monto suscrito.

 

Para subsanar esa merma económica, el contratista reduce la calidad de la obra empleando materiales de segunda mano o alterando la cantidad de cemento, asfalto o cualquier otro elemento que señala el proyecto ejecutivo, al cual supuestamente debe apegarse.

 

La cadena de corrupción incluye una supervisión deliberadamente deficiente, que le permite al contratista escatimar recursos, pero contar con el aval del gobierno estatal o municipal a fin de que sus estimaciones y finiquito de obra obtengan el visto bueno de la dependencia responsable.

 

De ahí, del arreglo entre constructores y funcionarios, parte la obra de mala calidad, cuyos signos visibles —calles rotas, alcantarillas fracturadas, carreteras llenas de huecos— evidencian que alguien realizó un trabajo pésimo y alguien, su cómplice, le avaló el mediocre trabajo.

 

Hace un par de días, en Xalapa, el Movimiento Antorcha Campesina, una organización priísta, belicosa, en la que se aplica aquello de que cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde, se plantó en la Secretaría de Comunicaciones de Veracruz y protestó por las obras que se realizan en la sierra de Soteapan.

 

Antorcha Campesina acusó al gobierno y a los alcaldes de la zona serrana de permitir que las empresas constructoras realicen trabajos deficientes y que al acaparar contratos, no se den abasto y transcurran años sin que una carretera o pavimentación avance y se concrete.

 

Señaló, entre otras, a la compañía Empresa del Sureste, detrás de la cual se erige la figura del ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, asesor del gobernador Javier Duarte y del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.

 

Antorcha Campesina le imputa que ha acaparado más de 200 obras, en Tatahuicapan, Mecayapan, Pajapan, Chinameca, Soteapan, Soconusco, Texistepec y Moloacán, sin capacidad para realizar tantos trabajos, razón por la cual no avanza.

 

Independientemente que el disparo tiene como destinatario al Consejo Regional Indígena, su rival político, Antorcha Campesina denunció que los alcaldes no presionan a las constructoras porque su único interés radica en obtener el diezmo.

 

La mecánica se repite en cada municipio. Los alcaldes ordeñan las obras a través del pago del diezmo, tal como lo hacen los funcionarios del gobierno de Veracruz. El resultado se traduce en mala calidad y obviamente constituye un fraude contra el erario público.

 

Por eso, los fenómenos meteorológicos, llámense tormentas, huracanes, sismos y todo aquello que provoca daños, vienen a ser la coartada ideal para encubrir las obras sin calidad.

Lo vimos con Karl, un huracán que en 2010 provocó un gran impacto en suelo veracruzano. Acabó con carreteras y destruyó amplios tramos de autopistas.

 

A su paso borró las huellas de la corrupción entre contratistas y funcionarios. Y tuvo un valor agregado: le dio argumento al gobierno de Veracruz para solicitar al gobierno federal la declaratoria de desastre, o sea recursos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) para la supuesta reparación de las áreas dañadas.

 

Obviamente, al reconstruir los tramos carreteros, calles, escuelas, hospitales y todo aquello que hubiera sido afectado, se vuelve a contratar obra y, por supuesto, se  genera un nuevo diezmo que para en las cuentas de los funcionarios.

 

Los desastres provocados por fenómenos meteorológicos, son añorados por los gobernantes. Gracias a ellos encubren la obra pública deficiente y las huellas visibles de la corrupción.

 

Tras el paso de “Ernesto”, Marcos Theurel, Polo Torres y Renato Tronco podrán echar mano del socorrido pretexto huracanado para justificar su pésima obra pública, cuyo signo distintivo es la mala calidad, y con toda displicencia y no sin cierta razón, podrán decir: “el agua se la llevó”.

 

Toda una ironía. Mientras a un sector de la población “Ernesto” le dejó daños y desventura, a los políticos les cayó literalmente del cielo. ([email protected])(@moralesrobert)