La voracidad sin límites con la que los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa han empeñado los recursos del estado, arrastran a los veracruzanos a un páramo financiero, a la asfixia económica de las administraciones venideras.

Sus pésimos gobiernos, aliados con un Congreso cómplice y solapador, corrompieron la administración pública hundiéndola en el descrédito financiero. Sus calificaciones son negativas. Nadie les prestaría porque tienen una bien ganada fama de malas pagas y saqueadores. Por eso, tienen razón, admitámoslo, no podrían adquirir deuda propia.

Más mañosos que doctos, encontraron en esquemas financieros como la bursatilización, la manera de exprimir, desde ahora, los recursos que en los próximos años deberían de recibir nuevos gobiernos.

Hoy, Javier Duarte de Ochoa adopta una cantaleta monomaníaca para remachar que no se trata de deuda, pero lo que no dice es que está heredando un desfalco a las cuentas públicas del futuro —burduartilizando—, porque son recursos que su gobierno no debería administrar.

Ojalá el dinero obtenido se utilizara para reparar los corruptos boquetes que dejaron abiertos sus antecesores. Evidentemente no es así. Somos testigos de cómo con propaganda falsa se presumen mini obritas, muchas de ellas pirateadas a los municipios o a la federación, porque la obra estatal es nula.

Caso contrario, abundan los testimonios de la manera en que la familia y amigos del virrey enriquecen con empresas de todo tipo —constructoras, periódicos, etc.— en las que se lavan carretadas de dinero provenientes, apostemos, de las burduartilizaciones, mientras que miles de veracruzanos, siguen esperando mejores oportunidades de trabajo, educación y salud.

De hecho, y ante la amarga experiencia ya vivida, la bursatilización de recursos derivados de las participaciones federales despierta sospecha y provoca suspicacia. Líderes empresariales y políticos, así como voces sensatas, han referido que la bursatilización es un camino por el que es mejor no andar.

Augusto Zamora Lara, presidente de Coparmex en Veracruz, ha señalado que la bursatilización no tiene redituabilidad social y que el margen de maniobra es muy pequeño, pues la economía veracruzana depende en un 96 por ciento de las participaciones federales y un 4 por ciento de ingresos propios, instando a ser muy cuidadosos con el manejo de la deuda y ser eficientes en su uso, algo que no va con el actuar del gobierno estatal.

Uno de los factores que contribuyen al espejismo del estado ideal, en este caso el estado seudopróspero, es el papel que juegan las consultoras financieras, que un día califican a Veracruz y otro día lo descalifican. Baste citar las cifras y valoraciones de una de ellas, Fitch Ratings, que en cuando detectó el agotamiento del modelo fidelista, comenzó a dar cifras bajas, que presagiaban una debacle, como finalmente ocurrió, y que hoy sobrevalúa la administración de Javier Duarte de Ochoa, con el riesgo consecuente.

Ahora Fitch Ratings otorga calificaciones AA(mex) a las tres emisiones bursátiles del estado de Veracruz. Dos de ellas son por 2 mil 300 millones de pesos cada una, con plazo de vencimiento de 15 años, tiempo en el que el régimen duartista y los gobiernos por venir estarán obligados a pagar con sus respectivos intereses a quienes adquieran los certificados bursátiles.

Otra emisión de bonos bursátiles por 2 mil 300 millones de pesos será contratado con plazo de vencimiento de 25 años.

El gobierno de Javier Duarte se ampara en la autorización que le otorgó el Congreso estatal, el 5 de agosto de 2011, decreto 289, para la “contratación de endeudamiento” para la reestructuración de deuda pública por hasta 12 mil 600 millones de pesos y pagos pendientes, derivadas de la ejecución de obras, contratación de servicios y adquisición de bienes hasta por 17 mil 400 millones de pesos, “mediante la celebración de uno o varios créditos y/o la emisión de instrumentos bursátiles y su colocación en el mercado de valores nacional, así como la afectación de participaciones federales del Estado como fuente de pago o garantía”. Y le autoriza a contratar garantía de pago oportuno de hasta por el 50 por ciento del monto total de los financiamientos.

Para realizar el pago, se constituirá un fideicomiso público pagador para la liquidación de pasivos “teniendo el Estado (de Veracruz) que comprobar en todo momento que la aplicación de cada uno de los pagos cumpla con los términos y condiciones establecidas por el propio fideicomiso”. Será afectado el 11 por ciento de los ingresos de las participaciones federales que corresponden a Veracruz.

De acuerdo con datos de la especialista financiera Fitch Ratings, Veracruz tiene actualmente calificación crediticia BBB, o sea negativa. Sin embargo, al contratar garantía de pago oportuno (GPO), vía Banobras, por el 45 por ciento del monto total de las emisiones, Veracruz fortalecería su propuesta y alcanzaría calificación AAA.

Esto pareciera ser el mismo espejismo del régimen de la fidelidad, en el que las consultoras financieras contribuyeron a inflar artificialmente la burbuja veracruzana, que finalmente terminó reventando y arrasando la economía y las finanzas, hasta provocar la parálisis que hoy se vive en el estado.

Entre las voces discordantes, el Partido de la Revolución Democrática ha encendido luces de alerta sobre los efectos que podría provocar la burduartilización. Su razonamiento, en boca de su líder estatal, Juan Vergel Pacheco, es sencillo pero contundente.

“La Bursatilización que hará el Gobierno del Estado para obtener dinero a cambio de heredar más deuda a otras administraciones, refleja la verdadera realidad de las finanzas públicas, luego del derroche de dinero en las pasadas campañas políticas de los candidatos del PRI", señala Juan Vergel.

Para el líder estatal del PRD, la bursatilización desnuda la fragilidad de las finanzas veracruzanas; alerta que una vez que se concrete “se atarán las futuras administraciones” y deja en claro el lenguaje tramposo y mentiroso de los funcionarios del gobierno estatal.

Si las finanzas de Veracruz estuvieran sanas, sostiene Juan Vergel, entonces por qué el gobierno de Javier Duarte de Ochoa “pretende monetizar activos o bienes que son parte del patrimonio de los veracruzanos”.

Como plantea el dirigente del PRD, es lamentable que bursatilizar “sea la única receta de los doctores en economía que encabezan el gobierno de Veracruz”, pues “esta acción es un tarjetazo a gran escala, donde paga el de atrás, sin importar si ello implica cancelar oportunidades para el desarrollo de las futuras generaciones”.

Vergel replantea lo que la sensatez aconseja: antes que el endeudamiento a través de la burduartilización, se debe ajustar la nómina de la alta burocracia estatal, el costo elevadísimo de asesorías, el derroche en el ámbito de la publicidad oficial, la reorganización del gobierno y el ajuste financiero de áreas de bajo rendimiento e improductivas.

En el fondo, el problema financiero del gobierno de Veracruz radica en el mal reparto de sus recursos. La cúpula goza de todo y le queda poco para cubrir sus obligaciones constitucionales, para otorgar servicios y para hacer más eficiente su marcha. Hablamos pues de un gobierno rico y un pueblo pobre.

Mientras el régimen duartista no aplique una reingeniería en que los altos mandos se reduzcan salarios y privilegios, carecerá de recursos para obra pública e impulso a programas de inversión, que cumplan con su meta de dotar a la sociedad de mejores condiciones de vida y progreso.

La burduartilización es, en todo caso, una película ya vista y se prevé que tendrá el mismo y lamentable final.

([email protected])(@moralesrobert)