Ni el esclarecimiento del asesinato de la periodista Regina Martínez, ni el regalito de una mansión —en los Estados Unidos— del suegro del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el empresario Jesús Antonio Macías Yazegey, a su hija Karime, la primera dama de Veracruz, son historias creíbles, más bien parecen burdas invenciones u obvias maniobras.
 
Acoto que el hecho de que sean absurdas, tampoco significa que pudieran ser verídicas. No obstante, por el derecho a saber de la sociedad, ambas deben de ser esclarecidas totalmente.
 
Regina Martínez era una periodista de excepción, corresponsal de la revista Proceso, insobornable, sencilla, humilde, reservada, contundente en su crítica, acuciosa y documentada; una profesional. Denunciaba el abuso de poder, la corrupción, las triquiñuelas del gobierno y, entre otros muchos de sus reportajes, el asedio del régimen duartista al gremio de los periodistas, o mejor dicho, al gremio de los periodistas críticos.
 
Murió asesinada el sábado 28 de abril pasado. Fue estrangulada. Su cuerpo presentaba diversos golpes, mordidas; sus pertenencias fueron removidas y desaparecieron algunos implementos con los que realizaba su trabajo periodístico.
 
Desde entonces, presionado por la opinión pública, en la mira de Proceso y de la prensa crítica veracruzana, medios nacionales e internacionales, el gobierno de Javier Duarte ha dado palos de ciego para cuadrar un esclarecimiento que llega tarde y que nadie cree.
 
En ese dilema, fue el difusor de rumores y versiones insólitas, increíbles y absurdas. Pretendió atribuirle un móvil pasional al crimen, filtrando que Regina era lesbiana y que su muerte se debió a un conflicto con alguna compañera amorosa; que el asesino era un colega periodista, lo que desató una virtual cacería contra casi 20 comunicadores, a quienes se les interrogó de manera hostil y hasta debieron dejar la huella de su dentadura en los enseres del forense para comparar con la mordedura que presentaba Regina en el cuello; que fue víctima de un vecino drogadicto del que ya se tenía el retrato hablado y huellas y que de un momento a otro caía porque ya lo andaban cazando.
 
En el caso de Regina, dice la historia oficial, la coartada del procurador, el móvil del crimen fue el robo. Y que los atacantes fueron “conocidos” suyos, a quienes les abrió las puertas de su hogar, con los que convivió y que tras una acre discusión, la mataron sólo por robarle, nada más por eso, por robarle.
 
Uno de los asesinos, según el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, es José Antonio Hernández Silva, alias El Silva. Dice que está confeso de los hechos e implica a su cuñado, José Adrián Hernández Domínguez, alias El Jarocho, de ser su cómplice. Éste último está prófugo.
 
La historia es inverosímil. Tiene todos los matices de una patraña armada al fregadazo, obligado el gobierno veracruzano por la presión de la revista Proceso que a seis meses del crimen destacó en un reportaje su evidente ineficacia, sumada a una andanada feroz por andar a los tumbos con el caso Regina.
 
Lo peor que se le pudo ocurrir al gobierno de Javier Duarte fue salir con el móvil del robo y con que los asesinos eran conocidos de la corresponsal de Proceso.
 
Los periodistas tenemos como conocidos a muchos delincuentes por la propia naturaleza de nuestro oficio; sin embargo, ello dista de que se sostenga una amistad con los protagonistas de nuestros escritos. Son conocidos pero no amigos.
 
En mi caso, tengo de conocidos a alcaldes, diputados y gobernadores, que no solamente son ladrones sino hasta asesinos y narcotraficantes, cobijados en el manto de impunidad que les da el poder. Y advierto, por si alguien quisiera pedirme cuentas de mis conocidos, como lo hizo el revolucionario Luis Cabrera en la tribuna del Congreso: “Los acuso de ladrones, no de pendejos”.
 
La solución al caso Regina es una patraña que raya en la fantasía. La ha rechazado Proceso, en voz de su director, Rafael Rodríguez Castañeda, quien acusa que la Procuraduría de Veracruz se fue sola con la investigación, sin cumplir con el acuerdo de coadyuvancia, es decir, compartir información con la Procuraduría General de la República y con la misma revista, ignorando a ambas y saliendo al final con su batea de babas.
 
La PGR revela no conocer el expediente de manera oficial y por lo tanto, no valida el móvil del robo hasta saber los detalles de la investigación. La organización Artículo 19 cuestiona la veracidad de la investigación y destaca que el gobierno de Javier Duarte “no sólo consintió y favoreció con su silencio la especulación” sino que “ensucia a la víctima al sugerir que Regina Martínez convivía y permitió entrar a sus asesinos”.
 
A todo ello se agrega la versión del periódico Notiver que documenta que al asesino prófugo de Regina Martínez, José Adrián Hernández Domínguez, la Procuraduría de Veracruz lo detuvo en junio por el robo de un celular; lo sometieron a interrogatorios y le tomaron huellas. Sospechaban que tuviera participación en el crimen. El entonces titular de la Agencia Veracruzana de Investigación, Enoc Maldonado, lo cuestionó y lo dejó ir porque el rufián es amigo de un sobrino del procurador Flores Espinosa. Así de gruesa es la impunidad. Ahora lo buscan hasta debajo de las piedras.
 
Dicho en una palabra, el gobierno de Javier Duarte terminó de hacerse bolas en un caso que le quema las manos y al que rehúye investigar por la vertiente más espinosa: la labor periodística de Regina Martínez, sus señalamientos hacia el mandatario estatal y a su gabinete y, concretamente, el asedio a la prensa crítica, en un ambiente que la corresponsal de Proceso describió de miedo.
 
El otro tema inverosímil es el asunto de la mansión del gobernador Javier Duarte, en Estados Unidos, y deriva del conflicto que sostiene la dupla Duarte-Fidel Herrera con Miguel Ángel Yunes Linares, a quien vilipendiado y exhibido en sus millonarias propiedades, atribuyen la difusión del palacete de un millón de dólares de la familia Duarte-Macías.
 
En otras ocasiones me he ocupado del tema de la riqueza de los Yunes y de lo polémico y nocivos que resultan ser como políticos. Sin embargo, quien despacha hoy en día como Gobernador es Javier Duarte de Ochoa, y es por ello que el tema de la mansión en los Estados Unidos, es de relevante interés periodístico.
 
Los argumentos que la vocera del gobierno del estado, Gina Domínguez Colío, y el propio mandatario han ofrecido a la audiencia, lejos de aclarar, confunden.
 
El diario Reforma balconeó primero a Miguel Angel Yunes Linares por la mansión que su hijo, el ex alcalde de Boca del Río y coordinador del programa Oportunidades en Veracruz, Miguel Angel Yunes Márquez, inauguró a todo lujo y con todo derroche. La respuesta fue la exhibida en primera plana, a todo color, al gobernador Duarte, a quien le documentaron una mansión de Maricopa, California.
 
La mansión fue adquirida cuando Javier Duarte tenía cuatro meses como secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, durante el dispendioso y corrupto régimen de Fidel Herrera Beltrán.
 
Gina Domínguez, la vocera oficial, salió a “desmentir” la información sobre la base de que Duarte no tiene propiedades en Estados Unidos y que la casa está a nombre de la esposa del gobernador, Karime Macías Tubilla, por ser un regalo de su papá, el empresario Jesús Antonio Macías Yazegey. La versión es cuestionable pues en ese entonces Tony Macías no tenía dinero.
 
Este show es peor que el del “esclarecimiento” del crimen de Regina Martínez. La operación de compraventa se tasó en 10 dólares cuando la mansión esta valuada en un millón de dólares. En la venta y reventa aparece el primo de Karime, Jorge Ramírez Tubilla, procurador fiscal del gobierno veracruzano cuando inició el régimen de Javier Duarte, y luego lo ascendieron a subsecretario de ingresos.
 
Otro pariente de Karime, su tío Jorge Ramírez Pérez, también figura en las operaciones ficticias.
 
El reportaje de Reforma también menciona que Karime debe los impuestos de dos años, lo que la coloca en un predicamento. Las leyes americanas ubican esa morosidad con un término delicado: delincuencial.
 
El caso es que Javier Duarte no tiene propiedades en Estados Unidos. Las tiene Karime Macías, su esposa, y han de creer el gobernador y su vocera Gina Domínguez, que los veracruzanos somos retrasados mentales para tragarnos el embuste.
 
Ambos casos, el del crimen de Regina Martínez, y el de las propiedades sospechosas de la familia Duarte-Macías, merecen ser esclarecidos a fondo, sin maquillaje, si es que el gobierno de Veracruz pretende rescatar algo de la escasa credibilidad que aún tiene.
 
Es lo menos que Regina y el pueblo veracruzano se merecen.
 ([email protected])(@moralesrobert)