A los medios, hoy en día, la sociedad debe etiquetarlos en su mente con una leyenda que advierta: El contenido de este producto —periódico o programa audiovisual— puede ser altamente nocivo para su salud mental o su buen juicio.
 
Un manual de instrucciones para leer o ver información periodística, nos diría como primer paso que cualquier medio que desde su portada o presentación, privilegie en sus titulares la voz de los poderosos antes que las denuncias, demandas o propuestas de la sociedad, debe ser desechado, enviado a la basura. 

Es la alerta en cuanto al periodismo de Estado, un periodismo que no atiende a las exigencias de las grandes masas sociales, ejercido por los soldados que cada medio al servicio del poder le da al sistema político.

Caso contrario, el de la prensa crítica, que vive en ámbitos de marginación de los grandes privilegios, negada para ella la publicidad oficial aún reuniendo los requisitos exigidos por el gobierno, ya sea tiraje, profesionalismo y credibilidad, e incluso la información que se genera en las instancias gubernamentales, sean federal, estatales o municipales.

El problema de la opinión pública estriba en la incapacidad de grandes sectores para identificar la nota propagandística de la información que se sustenta en hechos; la noticia que exalta las virtudes del gobernante porque de por medio hay un convenio publicitario o un embute —término usado para definir un pago bajo la mesa— de aquella que acredita el trabajo real de los hombres públicos, o la noticia minimizada sobre los personajes del poder cuando se requería dimensionar en forma contundente alguna fechoría o las habituales rufianadas de los señores del gobierno. 

El caso es que la sociedad mexicana vive un dilema que lo ha llevado a ir elevando el nivel de desconfianza sobre la prensa, sentirse burlado y con la sensación de que la prensa le es infiel y, sobre todo, infiel a su misión informativa.
 
La percepción global es que los medios le han fallado a la sociedad; que no informan lo que los mexicanos quieren y exigen saber; que gran cantidad de medios de comunicación convirtieron su apostolado en una industria; que se transformaron en mercenarios de la información a cambio de sumir en el engaño a la opinión pública.
 
En ese punto, algunos analistas hablan de un divorcio entre la sociedad y los medios, que debe revertirse, que debe airearse, que debe reconocerse para provocar un retorno a la función de la prensa y favores que el pueblo esté bien informado.

Daniela Pastrana, directora ejecutiva de la Red de Periodistas de a Pie, plantea que debe suscribirse un nuevo pacto entre la sociedad y los periodistas, y que se debe construir una nueva relación entre los comunicadores y ciudadanos, medio y ciudadanos. Asegura que hay un divorcio prensa-sociedad, lo que ha hecho perder a nivel popular la idea del por qué de los medios o de los periodistas.

Por diversas razones, la prensa se ha devaluado. El periodista enfrenta condiciones laborales no óptimas e incluso vive situaciones de violencia, mientras los dueños de los medios tampoco reflexionan “sobre la pertinencia de la labor informativa mientras obtengan ganancias”.

La prensa oficialista se desliza en un tobogán de descrédito, que amenaza con arrastrar también a la prensa crítica del poder. Lo peor es que los mismos comunicadores se preguntan cuál es el fundamento de lo que hacen, por qué llegaron a ello, cuál es su papel en una sociedad democrática.

Por otra parte, la clase política sólo ve a los periodistas como “empleados”, obviamente sujetos al embute o al convenio publicitario, y ello provoca que la sociedad, a su vez, perciba a los comunicadores como “enemigos” y no como “aliados” del pueblo.
 
A juicio de Daniela Pastrana, a partir del modelo acrítico adoptado por los medios, la sociedad “no cumple con sus funciones para que el estado opere adecuadamente”.

En este juego de prebendas y lisonjas, de dádivas y elogios pagados, las responsabilidades del estado y la prensa sumisa son mutuas y compartidas. En cambio, debe reconocerse el papel de la prensa crítica, “en una de las épocas más oscuras de la historia de México, donde hay que aprender a dosificar el miedo y el horror; nunca dejar que se nos olvide”, sostiene Daniela Pastrana.

La dirigente de la Red de Periodistas de a Pie, asegura que sólo con la profesionalización se garantiza la información completa que la sociedad requiere para adoptar un papel protagónico frente al estado.

En Veracruz, sin embargo, el rol del gobierno estatal ha sido el de corromper a través de millonarias inyecciones de recursos públicos, bajo el disfraz de convenios de publicidad y embutes, a los cuales la mayor parte de la prensa es afecta.

Para la sociedad está claro que el gobierno —sobre todo el del Veracruz de la pseudo prosperidad duartista— no promueve y mucho menos protege la libertad de expresión de los ciudadanos.
 
Son tan burdos que hasta pretendieron oficializarla por decreto. Por ello, es la sociedad misma la que debe de cuidar y seleccionar la prensa que le es útil.

Recapitulemos. Hará unos cuatro meses, el gobernador Javier Duarte de Ochoa envió al Congreso de Veracruz una iniciativa para reformar el Código Electoral, con un ingrediente sobre medios de comunicación que provocó una tormenta y vientos huracanados de alta intensidad.
 
Planteaba Javier Duarte castigar a los medios que osaran hablar mal de candidatos o partidos políticos. La iniciativa, publicada el 20 de julio en la Gaceta Legislativa, proponía en el artículo 48, capítulo II, que los medios “deberán registrarse ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) para trabar convenios publicitarios durante las elecciones.

Tras una serie de requisitos, la propuesta duartista develó su verdadera intención: negarle convenios la publicidad de las campañas y del mismo IEV a los medios críticos, con una soberana estupidez: los medios que se registren “no podrán publicar mensajes contra ningún partido, coalición o candidato”

Y más: “Las organizaciones políticas no podrán contratar espacios publicitarios en aquellos medios que aún habiendo efectuado los registros señalados en este artículo, publiquen mensajes en contra de cualquier partido, coalición o candidato.
 
“La contratación por parte de una organización política de mensajes dirigidos a promover el voto en contra de algún partido, coalición o candidato, o la efectuada en contravención a lo dispuesto en el párrafo precedente se considerará como infracción a las obligaciones impuestas a dichas organizaciones.”

Semejante aberración traía consigo la intención del gobernador Javier Duarte de imponer una mordaza, obviamente bien acogida por aquellos medios lacayos que han venido aplaudiéndole y solapándole su inagotable reserva de errores y desatinos, pero que afectaba a la prensa crítica pues si pretendían vender espacios publicitarios al IEV o a los partidos políticos, debían suavizar la línea y evitar cualquier señalamiento.

Cuando se conocieron las perversas intenciones del señor gobernador, estalló el escándalo. Los medios respondones, los que no le prodigan elogios, los que lo traen corto, desataron una andanada de críticas, que fueron retomadas por analistas y medios nacionales, y Javier Duarte se vio obligado a recular.

Pese a que se retiró la mordaza de la reforma al Código Electoral, quedó de manifiesto el objetivo censor del gobernador Javier Duarte, su fobia a la crítica y su reducida concepción de la relación prensa-gobierno, pues imaginó que por el lado económico tendría a toda los medios a sus pies.

Es ahí donde se tuerce la función de los medios de comunicación, convertidos muchos de ellos en una productiva industria que no refleja lo que el pueblo demanda conocer, y por supuesto, anida ahí el divorcio entre el pueblo y la infidelidad hacia la sociedad.
 
([email protected])(@moralesrobert)