A la crítica periodística, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha respondido con infamias, intenciones perversas y represión. En ese contexto, la pomposamente llamada Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas, solo puede concebirse como un grotesco intento de amordazar y vigilar a la prensa, pero ahora con instrumentos legaloides.
 

La Comisión es, de entrada un contrasentido. Si algo ha distinguido a Javier Duarte es su desdén por un sector de la prensa, el sector crítico, el gremio difícil; el que habla y contesta, hurga y descubre; el que dimensiona los problemas de Veracruz, las carencias de los veracruzanos, la miseria de amplios sectores de la población, contra las incapacidades del gobierno y la permanente corrupción.
 

Esa prensa a Javier Duarte no le gusta. Nunca le ha gustado. La ha despreciado, quizá imaginando que la prensa crítica, tarde o temprano se rendirá a sus pies.
 

Ese conflicto Duarte-prensa crítica, surge por un error de apreciación y de concepto. El gobernador de Veracruz suele exaltar la libertad de expresión, su disposición al señalamiento adverso y su deseo de modificar lo que se haya torcido. Es parte de su discurso público, sus cariños de labios hacia fuera.
 

Si algo le irrita a Javier Duarte es la libertad con que un sector de la prensa se expresa y con el que un cada vez más amplio número de veracruzanos repudian su gobierno, su falta de resultados y, sobre todo, la evidente intención de gobernar para un grupo privilegiado.
 
En Veracruz, la prensa independiente, la que no recibe dádivas ni vende su línea editorial por una cuota de publicidad, no tiene por qué mostrar agradecimiento hacia un gobierno que dispone del erario público para enriquecer a los propietarios de medios de comunicación que día a día, en impresos, en radio, en televisión o en internet, se desviven alabando a un gobierno que no le responde a la sociedad, o callando los grandes errores y las mayúsculas pilladas de quienes orbitan en la esfera del duartismo.
 
Hoy en día, la prensa crítica vive asediada, no sólo por el crimen organizado sino por el poder público. Las garantías de expresión y de prensa, garantizadas en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución, son amagadas por la “interpretación” que los gobernantes les dan a su letra y a su espíritu. La libertad de hablar o de escribir, acotadas por el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, son usados para arremeter contra la prensa crítica, por lo cual debiera someterse al análisis la vigencia de preceptos que datan ya de hace casi un siglo.
 
 Veracruz, durante el duartismo, alcanzó la nada célebre, y menos honrosa, condición del lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Han sido asesinados 9 comunicadores, tres más están desaparecidos y otros 30 huyeron del estado. En todos los crímenes, las líneas de investigación apuntan hacia el narcotráfico y la narcopolítica, a las ligas de los hombres de poder con los grandes capos, y a que los periodistas murieron asesinados por lo que sabían o porque quedaron entre el fuego informativo de bandas criminales.
 
 El desdén mostrado por Javier Duarte hacia la prensa, desde el inicio de su gestión, tuvo que ser subsanado con una medida legaloide, la creación de la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de los Periodistas, que de entrada suena a una mascarada y un intento más de controlar a la prensa.
 
 Nace torcida desde el momento en que sus consejeros serán dueños de medios, periodistas y académicos, todos a propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Presume autonomía, quizá tan independiente como el Órgano de Fiscalización Superior, que ha servido para encubrir a alcaldes corruptos y a gobernadores tramposos.
 
 Poco tiene, pues, que aportar la comisión salvadora de las honras y el pellejo de los periodistas, máxime que el único órgano que podrá fiscalizarla es el Congreso de Veracruz, dominado por la clase priísta, servidumbre del gobernador Javier Duarte y de los caciques menores, llámense alemanistas, fidelistas y demas rémoras que los acompañan.
 
 El asunto mueve a risa loca. ¿De qué servirán los alardes de autonomía, si los consejeros serán propuestos por el gobernador, avalados por el Congreso y tendrán la fiscalización de las élites políticas a las que la crítica les provoca urticaria? Autónomos en la ley son el ORFIS, el Instituto Electoral Veracruzano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Y en los hechos, ¿qué ocurre? Son apéndices del gobernador, que permiten maquillar el derroche y el desvío de recursos públicos, los fraudes electorales, tapar los abusos contra los derechos humanos y ocultan la información pública.
 
 De Javier Duarte se tiene constancia que la prensa dócil lo empalaga y la prensa crítica le agria el desayuno. Nunca, nunca mostró interés alguno en proteger periodistas hasta que nueve comunicadores fueron asesinados en condiciones de violencia extrema, mutilados casi todos, en una fosa clandestina uno de ellos y degollada la reportera del periódico Notiver, Yolanda Ordaz de la Cruz.
 
Hasta entonces, gozaba viendo cómo los periodistas vivían sus miedos ante el asalto a sus vidas por parte del crimen organizado. Todo cambió cuando fue asesinada Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, por el escándalo que generó, por la férrera posición asumida por ese medio, que no cejó en su exigencia de que el gobernador siguiera líneas de investigación coherentes y creíbles, como finalmente no ocurrió y optó por el chivo expiatorio.
 
 Javier Duarte tiene, no uno sino dos problemas. Ni quiere proteger a los periodistas críticos ni alienta ni promueve la libertad de expresión. La comisión salvadora del pellejo de los comunicadores nace muerta, controlada y con visos de que servirá para vigilar a la prensa. La libertad de expresión la reprime a través del control de los medios con cuotas millonarias de publicidad a cambio de callar sobre los grandes rezagos y la serie de errores cometidos por su administración en dos años de gobierno.
 
 El gobernador quiere una prensa dócil y sometida, una prensa bonita, de arcoiris. Esa no le sirve a la sociedad porque no refleja los grandes rezagos, las carencias y, sobre todo, las demandas de los grupos que merecen ser escuchados.
 
 La protección de los periodistas radica en la aplicación de las leyes y en el ejercicio de la justicia. En la medida que se haga efectivo el estado de derecho, el delito se inhibe y el delincuente termina tras las rejas. Los códigos de protección –áreas de resguardo y sistemas de vigilancia cuando se suscita una amenaza— funcionan sólo cuando los gobiernos aceptan la crítica. No es el caso de Veracruz, donde los principales enemigos de la prensa ruda están en las esferas de poder.
 
 El periodista, en Veracruz, es agredido porque el ambiente es delincuencial. Y eso se lo debemos a los políticos que se han coludido con los criminales, que reaccionan intentando amedrentar e inhibir la crítica mediante una oleada de terror de la que los comunicadores son las principales víctimas.
 
( [email protected]) (@moralesrobert)