En el momento que los policías vendaron sus ojos y lo subieron violentamente a la batea de una patrulla, el miedo invadió su cuerpo; pero cuando a golpes y gritos le preguntaban ‘¿para quién trabajabas?’, un sudor frío lo congeló, pensó que estaba perdido, que jamás volvería a ver a su familia.

 

Nada que ofrecerles, todo que perder.

 

Nunca le descubrieron la cabeza, pero mezclados con sus quejidos de dolor, escuchó, casi pegados a su cuerpo, los de otros hombres y mujeres, que también eran torturados.

 

Miguel Angel no sabrá nunca, si quienes lo acompañaban en el doloroso episodio, también fueran abandonados en un terreno baldío, o pasaron a formar parte de la lista de desaparecidos, tan común en estos días.

 

Miguel Angel, un nombre ficticio para una historia verdadera que en cascada se repite día a día, ahora más con el operativo políciaco-militar Veracruz Seguro, en las que los policías desatados actúan como si fueran viles sicarios.

Hoy, la ciudadanía no solo no confía de la policía, sino que le aterra caer en sus manos para ser torturados o… desaparecidos.

 

Por años, no hubo un paliativo, una acción de gobierno que acotara la oleada de violencia, los secuestros, la extorsión, muchos de los cuales terminaron en bestiales crímenes. A la par de ello eran hallados cuerpos torturados y mutilados, signo visible de las ejecuciones y vendetas entre sicarios de las mafias.

 Ante ese clima de incertidumbre y el riesgo a morir en manos de las bandas criminales, el pueblo demandó acciones concretas, drásticas y contundentes para enfrentrar el flagelo de la violencia y la embestida de los malosos, llámense Zetas o sus contrapartes, los del Chapo, los de la Familia, los del Cártel del Golfo. O sea, traer a Coatzacoalcos el operativo Veracruz Seguro, porque se creía que sería coordinado directamente por el Ejército, la Armada y la policía federal.

 Veracruz, Xalapa, Córdoba y recientemente Minatitlán, han sido escenarios de violencia sofocada o cuando menos atenuada, por la presencia militar y naval, que vinieron a suplir a los cuerpos policíacos, cuya incapacidad para enfrentar al crimen organizado se dio por falta de adiestramiento o por complicidad con la delincuencia.

 

Se suponía que con la implementación del operativo Coatzacoalcos Seguro, retornaría la calma, la tranquilidad; se respiraría un clima de paz y reposo, la seguridad de que no habría más de quién cuidarse, sabedores que el Ejército y la Marina, que en nada se parecen a la policía intermunicipal, garantizaban el regreso al mundo ideal.

 

Lamentablemente, no ha sido así. Si bien no se observan acciones del crimen organizado, tales como levantones a plena luz del día, robos y cristalazos en estacionamientos de centros comerciales, extorsiones, ejecuciones entre sicarios o asesinatos de personas inocentes, ha emergido otro fenómeno igual de preocupante y condenable: el atropello por parte de las fuerzas de seguridad federales y estatales contra la ciudadanía.

 

A lo largo de diez días, le operativo Coatzacoalcos Seguro ha alcanzado un récord nada envidiable: 18 denuncias penales por abusos, excesos e incluso allanamientos de morada. Las denuncias fueron interpuestas ante la agencia Quinta del Ministerio Público y ha obligado que se revise el proceder de los militares, navales y policías.

 

Cuando el Coatzacoalcos Seguro iniciaba, se reveló la desaparición de ocho ciudadanos, detenidos con lujo de fuerza y llevados a un destino incierto. Días después, una vez que los medios de comunicación revelaron el hecho, la Secretaría de Seguridad Pública admitió que a casi todos se les detuvo por ser presuntos narcomenudistas o estar vinculados con el crimen organizado.

 

Otro hecho que escandalizó fue el allanamiento del bar El Arrecife, donde la propietaria del lugar denunció que llegaron marinos y policías, arremetieron contra los clientes, les decomisaron celulares y una iPad, desnudaron a las meseras y le robaron 10 mil 400 pesos.

 

Las más recientes denuncias, entre las 18 que se han interpuesto, revelan un “levantón” a un taxista y una golpiza a un conocido profesionista y dirigente del PRI.

 

El primero es Ricardo Salazar Antonio, a quien la policía estatal detuvo cuando circulaba sobre el malecón, a la altura de la avenida Independencia. Tres patrullas lo interceptaron. Bajaron a sus pasajeros, quien pudieron marcharse. A él le colocaron una capucha en la cabeza, al estilo de los sicarios del crimen organizado.

 

En cuanto lo subieron a una de las patrullas, fue esposado y comenzaron a golpearlo, lo insultaban y lo amenazaban. Le requerían que dijera “para quien trabajaba” y lo interrogaban sobre drogas, de lo cual ni idea tenía.

 

A Ricardo Salazar lo llevaron a un lugar desconocido. Fue bajado de la patrulla. Logró escuchar el ruido de un helicóptero. Ahí pudo ver a otras nueve personas, tres mujeres y seis varones, todos inmovilizados y encapuchados o vendados de los ojos.

 

Poco después, quizá al asegurarse que nada tenía que ver con la droga, lo llevaron hasta un terreno baldío, sobre la calle Sonora, en la Colonia Petrolera, y ahí lo abandonaron.

 

La otra víctima es Daniel González Fuentevilla, abogado, delegado del PRI, a quien le asestaron, junto con su hijo, una golpiza por parte de elementos de la policía de Veracruz.

 

El 24 noviembre, según denunció, a eso de las 23:45 horas, cuando se dirigía a la Central Camionera a buscar a su esposa, fue interceptado por las patrullas 1800, 1022 y 1638 de la policía estatal. En cuanto los policías bajaron de sus autos, comenzaron a insultarlo. González Fuentevilla y su hijo descendieron del vehículo y recibieron una felpa. Los insultaban, escuchaban majadería y media y amenazas de muerte, mientras eran pateados.

 

De pronto llegó otro policía, presuntamente el comandante del grupo, y calmó los ánimos, conminando a los uniformados a darles un trato más cordial y dentro de la ley. O sea, primero la cachetada y luego la sobada.

 

Pudieron continuar su camino, pero con la decisión tomada de que habrían de denunciar el atropello y el consecuente abuso de autoridad, como finalmente ocurrió.

 

Ayer, un grupo de periodistas hicieron patente su reclamo al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, a quien le exigieron garantías para la realización de su trabajo profesional.

 

Tras una marcha por la avenida Zaragoza, la calle principal de Coatzacoalcos, los comunicadores denunciaron allanamiento a sus domicilios, trato soez y un clima de hostigamiento.

 

Los periodistas enlistaron tres casos en que sufrieron agresiones, amenazas, insultos y el allanamiento violento de sus domicilios por parte de elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

 

Junto a ellos, un comerciante, Agustín Bolaños, encaró al secretario de Seguridad del régimen duartista. Le dijo que invirtió en Coatzacoalcos y que le parecía una burla que en pleno operativo Coatzacoalcos Seguro le hubieran asaltado su negocio, amordazado y amarrado a sus empleados y le hayan robado 400 mil pesos.

 

Otros ciudadanos denunciaron tres jóvenes desaparecidos desde el 27 de noviembre, aún no aparezcan.

 

Son signos ominosos, preocupantes del actuar de la autoridad en el combate a la delincuencia. La sociedad esperaba y demandaba la implementación del operativo Coatzacoalcos Seguro para retornar a la tranquilidad y desterrar el embate del crimen organizado. Lo menos que habría imaginado es que ahora sean las fuerzas del orden las que creen zozobra y tácitamente un estado de terror.

La fuerza bruta atropella, si utilizaran la inteligencia táctica estarían recibiendo aplausos y no denuncias.

 ([email protected]) (@moralesrobert)