El nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto advierte que perseguirá y castigará a los vándalos que atentan contra la paz social y el patrimonio de los mexicanos, a los enemigos de las instituciones, los que provocan temor y los que amenazan la tranquilidad.

Entonces, si hubiera que creerle, debiera empezar por sus amigos que tiene en el estado de Veracruz, cuya peligrosidad es muchísimo más nociva que los chavos que se manifestaron contra su toma de posesión como Presidente de México.

En la sierra del Sur de Veracruz, desde hace unas cuantas horas, reina el caos: nueve autoridades municipales serranas, junto con sus pueblos, bloqueando carreteras y obstruyendo el flujo de agua para más de un millón de habitantes de las ciudades petroleras de Coatzacoalcos y Minatitlán para exigir el cumplimiento en la aplicación de 300 millones de pesos en obras.

 En Coatzacoalcos, el drama telenovelero, la reedición de “Cuna de Lobos”:  El pleito que sostiene el gobierno de Marcos con los ediles de su cabildo, donde los trapos sucios salen a la vista de la luz pública. Si se actuara con las leyes, si se investigara, se podría saber de los fraudes millonarios al erario público, que cometen unos y otros.

Tanto el Gobernador Duarte como el alcalde Theurel y los ediles del Ayuntamiento porteño, yerran al no buscar una solución política al caos que han provocado. El camino no es el chantaje, ni la represión, menos aún la polarización de fuerzas, sino la distensión con acciones de gobierno y, sobre todo, cuentas claras.

 El primer escenario, el del bloqueo carretero y el sabotaje al sistema de agua proveniente de la sierra de Soteapan, tiene causas y consecuencias, víctimas y villanos.

Se remontan a los estragos causados por las lluvias en 2010, propiciadas por el huracán Karl y la tormenta Mateo, que devastaron el sistema carretero y un buen número de puentes, provocando la incomunicación de miles de habitantes, para los cuales no hubo respuesta pronta ni expedita.

La vida en la sierra no es fácil. Por lo accidentado del terreno, sus servicios básicos son limitados, se carece de todo y quienes cultivan la tierra necesitan de esos caminos para sacar sus productos.

Cuando las lluvias acabaron con su sistema carretero, lo menos que se le pidió al gobierno de Veracruz fueron acciones urgentes. Era el fin del gobierno de Fidel Herrera Beltrán y se atendió el problema a medias, con parches y remiendos y, eso sí, un cúmulo de promesas.

Nada de eso alivió la demanda de los serranos, los de Tatahuicapan, los de Soteapan, los de Chinameca, los de Oteapan, los de Pajapan, los de Mecayapan y los de Soconusco.

Dos años después, la reparación de las carreteras sigue siendo una agenda pendiente. El gobierno de Veracruz, en dos vías, ha dilatado la solución del conflicto: por un lado, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, dispara promesas, suscribe acuerdos y ofrece trabajos que sabe no habrán de realizarse; por otro, el secretario de Comunicaciones, Raúl Zarrabal Ferat, firma contratos de obra y aprueba proyectos, a sabiendas que no hay dinero, o lo hay pero no lo suelta, para sufragar el pago de anticipo, estimaciones o finiquito de los trabajos realizados.

Ese tortuguismo y la sospecha de que los recursos aprobados para la reparación del sistema carretero de la sierra de Soteapan han venido siendo desviados, provocó un sinnúmero de protestas, plantones y denuncias en que los habitantes de la sierra conminaban al gobierno de Javier Duarte de Ochoa a cumplir con los acuerdos.

Hace un par de días, cuando estalló el bloqueo carretero y las tuberías de la presa Yurivia fueron quebradas para suspender el suministro de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, a manera de presión, la primera reacción del gobierno de Veracruz fue de apretarle las tuercas a los habitantes de la sierra.

El gobernador Javier Duarte usó la red social Twitter para señalar: “La manifestación de hoy en el sur del edo NO es la expresión del pueblo, es la de un constructor q pretende se le asigne obra #nosevale”. Hacía alusión, sin mencionarlo, al contratista José Manuel Flores Ríos, “El Oaxaco”, a quien se le asignaron 159 obras por 300 millones de pesos, quien sin embargo, ha financiado su ejecución sin que el gobierno de Veracruz cumpla totalmente con el pago de los trabajos.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, dijo tajante que el régimen duartista no cedería a presiones ni chantajes y culpó al constructor Flores Ríos de incitar a los nueve alcaldes del Consejo Indígena del Sur, a realizar los bloqueos carreteros, porque, según dice, pretende acaparar las obras y se inconforma porque los flujos de dinero no corren a su ritmo.

Ayer mismo, Buganza volvió a exhibir el rostro duro del gobierno de Veracruz. Dijo que se deslindarían responsabilidades y se actuaría contra los culpables.

O sea, el gobierno de Veracruz, Buganza por delante, incumplió promesas, entretuvo a los habitantes de la sierra de Soteapan, desdeñó las protestas y finalmente, cuando endurecieron su postura, bloquearon carreteras y cortaron el suministro de agua, amagan con reprimirlos con la ley (de Herodes) en la mano.

¿Sabrá Buganza qué significa el término “atender las causas de un conflicto”?

El otro tema es el jaloneo entre el alcalde de Coatzacoalcos, Marcos Theurel Cotero, y diez regidores. Él los acusa de chantaje y ellos lo acusan de corrupción.

El conflicto estalló el lunes 17, cuando los ediles se negaron a asistir al segundo informe de labores de Theurel y se presentaron ante el Congreso del Estado de Veracruz para denunciar irregularidades, tales como no convocar a sesiones de cabildo; exigir que le aprobaran ampliación de presupuesto; aprobación de obras que ya estaban en ejecución, a espaldas del cabildo; gastos desorbitados y el intento de que le autorizaran remanentes de erogaciones correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011.

Los ediles lo exhibieron en Xalapa, ante la prensa, y presentaron su queja ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS). Provocaron con ello la satanización de Marcos Theurel justo cuando rendía su informe de labores, en un evento sin marco legal, ya que al no haber quórum por no contar con mayoría de ediles, no fue válida la sesión de cabildo y el recuento de acciones fue cosmético, pero no apegado a lo que ordena la Ley Orgánica del Municipio libre.

A sabiendas de lo que habría de ocurrir, Theurel lanzó un dardo la mañana del lunes cuando acusó a los regidores de intentar chantajearlo, bajo la amenaza de no asistir al informe de labores si no les entregaba un bono de 700 mil pesos, que luego redujeron a 450 mil pesos.

Al concluir su informe, el alcalde de Coatzacoalcos reiteró que los ediles intentaron chantajearlo pero que no lo permitiría.

La respuesta fue como se esperaba: los diez regidores encargaron a un bufete jurídico que integre los elementos para proceder por la vía civil con una demanda por daño moral, pues niegan que hayan requerido los 700 mil pesos o alguna otra cantidad para acudir al informe de Theurel.

En ambos casos, lo mismo en el bloqueo carretero como en el conflicto entre Theurel y los diez regidores, la política ha brillado por su ausencia. Las posiciones se han radicalizado, sin margen de negociación y, por supuesto, sin hallar vías de solución.

Son síntomas de la ingobernabilidad que agobia a Veracruz y que hacen ver al gobierno de Javier Duarte sin capacidad para distender y, mucho menos, para enmendar sus yerros y cumplir sus promesas.

La indolencia del gobierno estatal y la prepotencia del alcalde Marcos Theurel resultan, a fin de cuentas, motores de escenarios de tensión.

Si Enrique Peña pretende perseguir y castigar a los vándalos que atentan contra la paz social y el patrimonio de los mexicanos, ya tiene en Veracruz por dónde empezar. A sus aliados, Javier Duarte y Marcos Theurel, los tiene a la distancia ideal.

([email protected])(@moralesrobert)