Entre los factores que habrán de determinar las codiciadas candidaturas a diputaciones y alcaldías para las elecciones del 2013, tendrá un juego perverso pero eficaz la actuación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (ORFIS), por su uso como arma de chantaje para premiar la complicidad o castigar la falta de ella.

Este mes se verá para qué sirve el ORFIS. La ley establece como plazo el 31 de enero para que el Congreso de Veracruz apruebe o no las cuentas públicas del gobierno y los municipios. El Poder Legislativo validará las acciones que habrán de tomarse contra aquellos ediles y funcionarios de gobierno —obviamente no contra el gobernador— que a partir del resultado de auditorías, hayan incurrido en irregularidades durante el ejercicio 2011, según el contenido del dictamen presentado por el órgano fiscalizador en la primera quincena de diciembre.

Desde esa condición de ‘ejecutor designado’, toca al ORFIS con su dictamen fatal y al Congreso de Veracruz con su poder avasallador pasar por su paredón, o hacerse de la vista gorda, con los alcaldes que pagaron obras que no realizaron; que sobrepasaron los presupuestos anuales autorizados; que aplicaron recursos en obras suntuarias; que construyeron calles y puentes en zonas que no están catalogadas en el rubro de combate a la pobreza; que carecen de calidad o fueron infladas en su costo; que no siguieron el procedimiento de ley, la licitación pública o que no cumplieron con los estándares de calidad, o que simplemente se ejecutaron sin la anuencia de los vecinos, o que fueron hechas al capricho del edil.

Sabido es que el ORFIS, más que un ente de vigilancia y corrección de sistemas contables municipales y estatales, sirve para apretar a alcaldes respondones y, al mismo tiempo, para solapar a aquellos que hacen trapacería y media, aunque con la venia y al gusto del gobernador, sean del PRI o incluso de la oposición. Sirve también para frustrar las aspiraciones de políticos que buscan candidaturas.

No vayamos lejos. Al ex alcalde panista de Las Choapas, Antonio Pouchoulén Cárdenas, lo encarcelaron supuestamente por aplicar incorrectamente recursos federales en el dragado, sin embargo el fondo la persecución estriba en que Pouchoulén fue de los presidentes municipales panistas que no firmó la bursatilización de la tenencia vehicular implementada por Fidel Herrera Beltrán y operada por el entonces secretario de Finanzas, Javier Duarte de Ochoa.

El ex alcalde de Las Choapas demostró que de ese rubro nunca se robó un centavo y que sólo aplicó erróneamente el dinero de una partida presupuestal, pero la obra se ejecutó. Así recobró su efímera libertad, porque la guillotina sigue pendiendo sobre su cabeza.

Sin embargo, al ser una venganza política, el expanista buscó una solución política acordando su ingreso al PRI en las elecciones federales del año pasado.

Hoy, Pouchoulén, sin la misma intensidad que lo llevó a la cárcel, vuelve a capotear la tormenta. El ORFIS formuló una observación que considera que Pouchoulén aplicó mal 7 millones de pesos, en cuatro calles, procedentes del programa Hábitat, que debieran haberse destinado a combate a la pobreza. El ex alcalde sostiene que él formuló la propuesta, pero que fue Hábitat quien la calificó y la avaló, y que la responsabilidad de lo que se hizo con esos recursos es la dependencia federal.

Para eso sirve el ORFIS: para apretar a los alcaldes incómodos. A otros, como la priista Guadalupe Porras David, ex presidenta municipal de Minatitlán, le taparon más de 500 millones de pesos en irregularidades; dinero que nunca aplicó en obras; obras sin calidad, sin documentación, sin licitación, sin apegarse a la normatividad; obra fantasma; pagos efectuados sin la firma del síndico ni del tesorero; recursos federales y estatales no registrados en su contabilidad, y créditos bancarios no amortizados o de los que no se sabe en qué los usó.

A Porras David la condenó su pueblo, a Pouchoulén el Orfis. El poder a ella la premió con un cargo estatal en el PRI, a él lo encarceló. Sin embargo, en la turbulencia, ambos acaban afianzados al mismo refugio: El PRI y a ese poder.

La clave del dilema está en la complicidad. A unos, por ser cómplices del mandatario en turno se les avala todo; por realizar las obras públicas que el gobernador exige, se les encubre; por realizar trabajo político a favor del PRI, o siendo de oposición pasarse a las filas del PRI, se les deja robar.

A otros, los que no se prestan a la complicidad, se les persigue con el garrote en la mano, con el aparato de justicia y con la fuerza policíaca.

Aquí, en Veracruz, se premia la complicidad o se castiga la falta de complicidad.

Desde ahí, habrá de invalidar a aquellos ediles que pretendan ser candidatos a una diputación local, quizá no con acciones legales, pero sí con el amago de desatarles una persecución, enlodarles la imagen y situarlos en el supuesto de que quien enfrenta procesos penales no es digno de confianza.

Presidentes municipales en funciones o sus familiares, Marcos Theurel Cotero y su esposa Guadalupe Félix; Renato Tronco y su hermano Miguel Ángel; Guadalupe Porras y su hijo Ciro Félix; Cirilo Vázquez Parisi; Fabiola y Regina Vázquez Saut; Alfredo Yuen y su hijo Miguel, son algunos ejemplos del poder heredable y de las complicidad con el poder.

Para ellos, si están en el ánimo del gobernador Javier Duarte, habrá un ORFIS benevolente; si no lo están, habrá un ORFIS justiciero, capaz de hallar lodo debajo de las piedras y recursos públicos en cuentas de políticos.

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