La inseguridad, en todas sus formas —ejecuciones, secuestros, levantones, extorsión, robos, trata de blancas, tráfico de migrantes— no llega sola ni se da por generación espontánea. Trae aparejada la complicidad, la incapacidad y el disimulo de quienes, debiendo velar por la observancia del orden legal, prefieren solapar al crimen organizado o simplemente rendirse a sus pies.
 

Sean policías de banqueta o funcionarios, ministerios públicos o jueces, cuando el aparato de justicia, por omisión o comisión, por verse rebasado o por saberse involucrado, no actúa o actúa mal, da pauta a que la seguridad pública entre en crisis y que la sociedad quede inerme, indefensa, ante las acciones de la delincuencia.
 

Es lo que hoy nos ocurre. De unas semanas a la fecha, el crimen organizado da zarpazos, siembra miedo, desmembra y mutila personas, hace correr sangre y genera un estado de terror, cuyas muestras visibles son los ejecutados de cada día, sea en Coatzacoalcos, en Allende, en Estero del Pantano, en Minatitlán, en Cosoleacaque.
 

El último hecho, y quizá el que más sacudió las conciencias de los buenos y cimbró las estructuras de las instituciones de prevenir el delito y de procurar e impartir justicia, es el hallazgo de cuatro cuerpos en las cercanías del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), en el viejo camino a Nanchital, a unos metros del río Calzadas y en las cercanías del río Coatzacoalcos.
 

Tres de esos cuerpos eran mujeres. Dos de ellas, jovencitas de apenas 15 y 17 años. La otra, una mujer. El cuarto, un varón de 28 años de edad.
 

La brutalidad con que se les quitó la vida, trajo de nuevo la condena de la sociedad ante el estado de zozobra y la evidente incapacidad de los cuerpos policíacos y la Procuraduría veracruzana para enfrentar la violencia generada por los cárteles de la droga y sus métodos de exterminio. 

Se ha especulado sobre los móviles de este horrendo crimen. Que si fueron los Zetas en respuesta a la intención de los Caballeros Templarios de desplazarlos de su territorio; que si es un nuevo capítulo entre el Cártel del Golfo y los Zetas, o que si tienen que ver otras bandas, la del Chapo Guzmán, la de los Cártel Nueva Generación de Jalisco. Como sea, hay un crimen bestial y hay temor entre la población. 

Ayer mismo se sabían pormenores de la ejecución de las dos jovencitas, en el Estero del Pantano. Una se llamaba Diana del Carmen y la otra Mary Cruz, ambas de apellidos Cruz Mayo. Diana tenía 17 años; Mary Cruz, 15.
 

Cuando su mamá fue a reconocerlas, contó una historia que cimbra a cualquiera. Diana del Carmen salió de hogar el sábado pasado, muy temprano, en busca de trabajo. Horas después regresó. La acompañaba una mujer, que se supone es la otra ejecutada. Le ofrecía trabajo, tanto a Diana como a Mary Cruz. Ese fue el último día que las vio con vida.

La policía ha hecho correr otra versión. Que Diana y Mary Cruz fueron vistas vendiendo droga en un bar ubicado sobre la avenida Juan Osorio López, a la altura de la colonia Francisco Villa, en el Coatzacoalcos pobre.

El otro sujeto, Carlos Jair Saucedo Carrasco, era cocinero y estaba desempleado. Tenía 28 años.
 

Ahora se sabe que el Ejército asestó un golpe inmediato. Detuvo a cinco sospechosos del crimen, integrantes de la banda Los Zetas, entre ellos Isidro Vázquez Pérez, presunto jefe de la plaza. 

Este crimen encendió la alerta roja en el gobierno de Veracruz. El secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, llegó a Coatzacoalcos y anunció que se reforzarán las acciones para retomar la seguridad perdida, en un tácito reconocimiento de que el hampa tiene al gobierno de Veracruz en un serio predicamento.
 

De lo dicho por Bermúdez Zurita, hay frases que advierten que las corporaciones de seguridad están prácticamente demolidas. El crimen organizado, dijo, no ha rebasado a las labores de seguridad en la entidad, “lo que ha rebasado es la forma de operar”.
 
Y lo explicó así: “Estamos modificando para poder saber cuáles son los medios de comunicación, los medios de logística, los medios de cómo se mueven y cómo es la parte durante el día y la noche y para eso estamos aquí, para entender qué está pasando”. 

¿Dónde? ¿En qué punto le perdieron la pista al crimen organizado? ¿En qué momento extraviaron la información para saber cómo se mueve, con qué recursos, con qué medios, la delincuencia? ¿Cuándo se perdió la inteligencia?
 
Bermúdez Zurita aseguró que las acciones que han tomado, incluidos los retenes, revisiones policíacas y patrullajes, no es una vuelta al operativo Coatzacoalcos Seguro, que dicho sea de paso, fue un fracaso porque hubo abuso, atropello, denuncias y el repudio de la sociedad, pues más que enfrentar al hampa, se usó para aplicar multas de tránsito a conductores de vehículos. 

El secretario de Seguridad dice que va a “ver qué está sucediendo en algunas colonias sobre el robo de casa habitación y qué va a hacer la Policía Intermunicipal”. Y dijo que el operativo permanecería el tiempo que fuese necesario “bajo su estricto mando”.
 

Está visto que el control de la situación se dio cuando el Ejército, la Marina y la policía federal se hicieron sentir en Coatzacoalcos. Una vez que se suspendió el operativo, la delincuencia rebasó a la Policía Intermunicipal.
 

Quizá sea ese el punto flaco de la seguridad en Coatzacoalcos. La Intermunicipal es incapaz de enfrentar los delitos del orden común, entre ellos el robo, el homicidio, la extorsión, el secuestro, ya sea por incapacidad, que vendría a ser omisión, o por complicidad, que sería por comisión, con el crimen organizado.
 

De hecho, cuando Bermúdez Zurita llegó a Coatzacoalcos se daba por hecho que anunciaría la desaparición de la Policía Intermunicipal por su falta de resultados, por el involucramiento de algunos de sus integrantes con la delincuencia —el caso del secuestro del hijo del alcalde de Minatitlán, por ejemplo— y las múltiples quejas por abuso de autoridad.

Desaparecer la corporación como tal y que el control quede en manos del secretario Bermúdez, tiene su lado redituable.

 

Cuando se extinguió la Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, el decreto emitido por el gobernador Javier Duarte de Ochoa especificaba que la Secretaría de Seguridad Pública estatal se asignaba “la totalidad de los recursos, así como las aportaciones relativas a subsidios, programas, donaciones y, en general, todos los ingresos y recursos que se destinan a la prestación del servicio público de la Policía Intermunicipal”.

Es decir, a la postre, resulta un buen negocio para quienes gobiernan, aunque haya sido una pésima experiencia para la sociedad.
 

Por lo pronto, en la Policía Intermunicipal ya siente que tienen los días contados.
 
([email protected])(@moralesrobert)