El criminal y millonario negocio de policías y políticos implicados en el secuestro y tráfico de ilegales centroamericanos en los estados de Veracruz y Tabasco deja una larga estela de sangre en la que tan solo el año pasado desaparecieron más de 300 personas —muchas de ellas muertas o sujetas a trata como esclavos— y unas quince sufrieron mutilaciones en sus cuerpos, víctimas de “accidentes” bajo las ruedas del tren.

 

Policías y políticos veracruzanos operan eficazmente para brindarles protección y tranquilidad a los delincuentes que se dedican a esta cruel actividad.

 

En la franja limítrofe que comprende los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, pasan muchas cosas, pero solo se llegan a saber aquellas que convienen a las corporaciones policiacas para aparentar que están trabajando en sus deberes de seguridad.

 

Las fronteras territoriales de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, son también una ruta blindada del tráfico de drogas y terroristas a los Estados Unidos. Esto consta en investigaciones del FBI estadounidense, que hace más de una década entregó información a la PGR en México, pero lo único que logró fue que se desvirtuara sus investigaciones y los indiciados, muchos de ellos detenidos en el municipio de Las Choapas, Veracruz, y otros que se fugaron, fueran absueltos de las acusaciones.

 

El secuestro y la explotación de indocumentados, además de inhumano es una cobardía. Quienes buscan pasar nuestro país tras el sueño americano, son objetos de graves violaciones a sus derechos más elementales en completa impunidad.

 

El discurso de que somos amigos de los inmigrantes es muy bonito, y las instituciones dedicadas a ese rubro podrán estar poniendo su mejor esfuerzo, pero la realidad que impera es sórdidamente brutal.

 

Un repaso a la estadística echa por tierra esa supuesta amistad del gobierno veracruzano con los migrantes. Sólo en 2012, el hospital regional Valentín Gómez Farías atendió a 15 migrantes indocumentados que perdieron alguna extremidad por mutilamiento, por cercenamiento.

 

La cifra es bárbara. La da la titular del hospital regional, Nereida Santos Hernández, quien asegura que la mayoría procede de Honduras; que se les atiende de manera gratuita por “somos el hospital amigo de los migrantes”; que todos llegan por accidente o mutilación.

 

Oficialmente son 15 casos en 2012. Habría que saber cuántos no pasan por el hospital regional y cuántos más mueren en parajes cercanos a las vías del tren, víctimas de las golpizas que les propinan policías y criminales, que para el caso resultan lo mismo.

 

No es de ahora que infinidad de migrantes son secuestrados, extorsionados y finalmente asesinados por mafias de polleros, por las bandas del narcotráfico o por elementos policíacos; que para matizar o borrar las huellas de tortura, los arrojan a las vías del tren y el ferrocarril se encarga de desmembrarlos.

 

De ahí que un cuantioso número de migrantes hayan desaparecido, sobre todo en estados como Tabasco y Veracruz. Otros caen en manos del crimen organizado y su destino son las fosas clandestinas, esas que proliferaron en tiempos de Fidel Herrera Beltrán en el gobierno veracruzano y a las que alude el padre Alejandro Solalinde.

 

Otro dato lo aporta el cónsul de Guatemala en Veracruz, Raúl Otoniel Morazán: existen 300 migrantes de su país desaparecidos en territorio veracruzano y en Tabasco, también durante 2012.

 

Esta cifra también es pavorosa. Se les ha buscado afanosamente pero no se tiene una sola pista de ellos. Sus familiares preguntan. El consulado recurre a derechos humanos, a Seguridad Pública, al gobierno federal, pero no hay resultados, no se esclarece el destino de sus connacionales.

 

El gobierno de Guatemala reconoce la dimensión del problema por la desaparición de los 300 migrantes y el grado de indefensión en que se hallan los guatemaltecos que buscan el sueño americano, desde que ingresan en territorio mexicano. No se sabe que hayan logrado su meta, llegar a Estados Unidos, pero en su lugar de origen sigue siendo un reclamo saber cuál fue su suerte.

 

En Veracruz, cada vez es mayor el índice de policías dedicados a la tortura, implicados con las mafias que trafican indocumentados, y a menudo vinculados también con los cárteles del narco. Operan con total impunidad, apadrinados por políticos que, a cambio de la protección, obtienen jugosos dividendos del trabajo sucio que realizan los cuerpos policíacos.

 

La estación Tancochapa en Las Choapas Veracruz, precisamente donde se limita con los estados de Chiapas y Tabasco es un foco rojo en el territorio nacional en el secuestro, robo y extorsión a ilegales. Generalmente se cita a Coatzacoalcos, pero el punto neurálgico es este lugar.

 

Es sabido que alcaldes, diputados y funcionarios de gobierno, cada uno en su zona de influencia, han permitido que policías corruptos hagan de las suyas con los migrantes. Un ejemplo de ello es el asesinato de tres migrantes en Agua Dulce, en 2008, tras una persecución de la policía municipal, luego de haberlos extorsionado por varios días. El entonces alcalde priista Vicente Escalante Macario, no sólo permitió que se diera a la fuga el comandante José Atenodoro Morales, sino que al edil se le premió con un cargo de alto nivel en la Secretaría de Turismo de Veracruz, donde actualmente despacha.

 

Así como él, hay cientos de políticos que protegen a un no menos considerable número de policías que por supuesto no son amigos de los migrantes, sino sus verdugos.

([email protected])(@moralesrobert)