Dicen que los periodistas son una fauna irreconciliable y que en Veracruz viven tiempos difíciles, bajo metralla pura y con el alma literalmente en un hilo, a dos fuegos, conviviendo con la violencia, poniendo los muertos y sin saber si al día siguiente estarán vivos.

 

Eso, sin embargo, se aplica sólo una parte del gremio, a los que ejercen un periodismo crítico, a los que descubren y evidencian los malos pasos del político corrupto, del empresario voraz, del líder venal y de aquellos que, incluso, tienen vínculos con la delincuencia. Son vulnerables los periodistas que cubren la nota policíaca, la nota roja. Los periodistas, cuya línea es la denuncia, son periodistas incómodos.

 

Otros periodistas, por desgracia la mayoría, viven a expensas del presupuesto, de la dádiva oficial, del embute o del chayote, como se les denomina a los dineros con que los políticos acostumbran garantizarse un buen trato en las notas de los medios de comunicación. El chayote es la paga que se les da por exaltar a un personaje público o por blindarlo en momentos de crisis.

 

Javier Duarte, el gobernador, ha enfrentado una oleada de críticas por los crímenes contra periodistas, desapariciones, agresiones y amenazas a muchos más, que lo llevó a crear la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz, como una formar de paliar el escándalo y sofocar la crítica por su incapacidad para garantizar la vida y el trabajo profesional de los comunicadores.

 

El que sacudió con mayor fuerza a la opinión pública fue el de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Xalapa, asesinada en su hogar el 28 de abril de 2012, torturada y estrangulada. Ese fue el acabose, pues las críticas no sólo se intensificaron en territorio veracruzano sino a nivel nacional e internacional. Seis meses después, acorralado por la opinión pública, “resolvió” el caso con un chivo expiatorio y pretendió darle carpetazo aduciendo que el móvil del crimen fue el robo y no el trabajo profesional de la periodista.

 

La creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz, sin embargo, ha tenido un efecto búmerang. Carece de credibilidad por provenir de un gobierno que se destaca por su repulsión a los periodistas y su intención de acallar las voces críticas.

 

La citada comisión ni ha sido la solución ni responde a los intereses de gremio periodístico o por lo menos a ese sector de los periodistas de denuncia.

 

Quienes la conforman, o por lo menos la mitad de sus consejeros, son periodistas de estado, sometidos al gobernador Javier Duarte. No fueron electos ni propuestos por los periodistas de línea crítica, sino por el gobernador de Veracruz y avalados por diputados serviles, que así simulan proteger a los comunicadores.

 

La comisión nació muerta. Perdió credibilidad desde que se integró y hoy enfrenta otro dilema: La denuncia que ha surgido por los recursos que maneja.

 

Uno de sus consejeros, Jorge Morales, señala que la asignación de recursos, y sobre todo de los salarios, fue discrecional. La secretaria técnica de la Comisión, Namiko Matzumoto Benítez, se autoasignó un sueldo de 59 mil 531 pesos, como si fuera secretaria de despacho en el gobierno duartista, mientras que los nueve consejeros recibirán 20 mil pesos al mes como “bono de actuación” y a la presidenta del organismo, Rocío Ojeda Callado, 20 mil adicionales por “bono de responsabilidad”.

 

Las denuncias incluyen falta de transparencia, una plantilla de 37 personas, cuyos salarios se llevan el 16 por ciento de presupuesto. En cambio, para atender los problemas de los periodistas amenazados, sólo se dispone de 747 mil 755 pesos anuales.

 

Por destapar la cloaca, a Jorge Morales lo amagan con amonestarlo. Es insólito que una Comisión para la Protección de Periodistas carezca de transparencia y que cercene la libertad de expresión de uno de sus integrantes. Y lo peor es que se evidencie la disputa por el chayote.

 

Los integrantes de la comisión van confirmando que el gobernador creó un millonario elefante blanco que por supuesto, pagarán los veracruzanos, pero que no sirve al gremio periodístico, al tiempo que los asesinatos, las agresiones y las amenazas contra comunicadores permanecen impunes.

 

Mientras eso ocurre, en Oviedo, España, a diferencia de lo que ocurre en Veracruz, ya se erigió un monolito en honor a Regina Martínez por su periodismo de investigación y como un “reconocimiento que ponga de relieve la absoluta necesidad de una verdadera libertad de prensa”, según expresó el alcalde Agustín Iglesias Caunedo.

 

El edil dijo algo que debe haber calado en el gobierno veracruzano: Regina era “una maestra de la palabra, experta en periodismo de investigación, que trabajó durante décadas en Veracruz, ciudad hermanada con Oviedo. Su compromiso por la libertad la llevó a especializarse en temas de corrupción y narcotráfico, por desgracias habituales en el lugar donde residía, y ello originó que fuese asesinada en su propio domicilio”.

 

Allá se le reconoce y hasta se le erige un monolito, porque aquí los integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz están más preocupados en defender el chayote.

([email protected])(@moralesrobert)