No tiene fecha de caducidad, pero lo cierto es que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz nació muerta. Carga, a dos meses de instaurada, con un desprestigio de escándalo y ha asomado un rasgo represor hacia quienes piden transparencia en sus acciones y pulcritud en su actuar.

No se sabe que haya defendido a nadie, o que destine esfuerzo y recursos para preservarle la vida a la gente del gremio, o que haya implementado medidas de protección en caso de amenazas o amagos, en estricto apego a las funciones que le confirió el Congreso de Veracruz. Bueno, ni siquiera un “cuídate, compadre, que la violencia te sigue los pasos”.

Lo que sí se sabe, pese a los alardes de autonomía, es que la comisión es un apéndice del gobierno estatal, un elefante blanco con un presupuesto millonario, pagado con dinero del erario público, en la que nadie confía y, desde su arranque, a todos les ha dejado un amargo sabor de boca.

En las dos últimas semanas, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz ha vivido días ajetreados y una condena generalizada. Uno de sus comisionados, Jorge Morales, llevó a la mesa del debate la manipulación del presupuesto asignado para garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios; la existencia de una burocracia bien pagada, y signos de opacidad en el manejo de los recursos.

Cuando Jorge Morales puso en evidencia que la comisión estaba sirviendo para llenarle los bolsillos a su secretaria técnica, Namiko Matzumoto Benítez, quien se asignó un salario de 59 mil 531 pesos, y 20 mil pesos mensuales destinados a cada uno de los nueve consejeros, así como otros 20 mil a la presidenta del organismo, Rocío Ojeda Callado, estalló un misil de incalculados efectos.

De norte a sur de Veracruz, cundió la indignación entre el gremio periodístico, y más cuando se supo que mientras los nuevos burócratas duartistas se comían la mayor parte del presupuesto asignado a la comisión, sólo dejaban 774 mil 755 pesos anuales para ayuda de aquellos que tuvieran que dejar su empleo o su lugar de residencia por amenazas contra su vida o su familia.

La revelación de Jorge Morales, un periodista emergido del portal en internet Plumas Libres, afamado por mantener una línea crítica hacia el gobierno estatal, desató condenas y también insultos. La gente del gremio, incluso aquellos que creyeron en el invento duartista, reaccionaron con ferocidad y reprobaron semejante abuso con los dineros públicos.

La reacción, como ya se veía venir, fue que el pleno de la comisión amonestara a Jorge Morales por el delito de transparentar los manejos financieros. A eso se le llama defender la chuleta, sobre todo porque el arduo trabajo de los comisionados consiste en sesionar únicamente cada dos meses y cobrar sus consabidos 40 mil pesos, y en el caso de la presidenta del organismo, Rocío Ojeda Callado, otros 20 mil más. Casi como si fueran becarios de superlujo.

Jorge Morales ha insistido sobre el tema. Y le ha puesto énfasis a los números. Dice, por ejemplo, que de los 15 millones de presupuesto, sólo se destina el 5.2 por ciento a apoyo a periodistas en situación de riesgo.

Hay dos hechos graves en semejante embrollo: por un lado, la asignación escandalosa de salarios (el de la secretaria técnica, Namiko Matzumoto, es equiparable al de un secretario de despacho en el gobierno duartista), y por otro, la actitud represiva de la mayoría de los comisionados, quienes no quieren que se les destape el negocio.

Es una burla jarocha que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz tenga entre sus premisas “atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”, y a la par reprima y castigue a quien ejerce esa libertad para que se transparente el uso de los recursos “públicos” asignados por el Congreso del Estado.

De hecho, en dos meses, desde que los flamantes comisionados rindieron protesta y asumieron sus bien pagados cargos, la comisión protectora de periodistas vive momentos críticos y un descrédito del que difícilmente podrá reponerse.

Para Jorge Morales, es inadmisible que se subordine el derecho a la información, que es garantía constitucional, a la imagen de una institución que lanza señales de que la protección de los periodistas es lo que menos parece interesarle.

A juzgar por los hechos, la comisión protectora de periodistas es de la misma calaña que las de Transparencia y Acceso a la Información y la de Derechos Humanos, que aunque constitucionalmente son autónomas, en los hechos son apéndices del maltrecho gobierno de Javier Duarte.

Por lo pronto, Jorge Morales amenaza con echar mano de los instrumentos legales que sean necesarios para que el presupuesto se emplee cabal y correctamente,  y no para que los protectores de periodistas incrementen sus cuentas bancarias.

([email protected])(@moralesrobert)