Si la cofradía política que gobierna México no gozara de los privilegios e impunidad que se les concede a través de la inmunidad (fuero), no padeceríamos de los monstruos de la corrupción, que solo vemos caer cuando se fracturan las complicidades.

A golpes de propaganda tratarán de hacernos tragar el cuento de que el encarcelamiento de la lideresa nacional de los maestros en el país, Elba Esther Gordillo, es la acción de un gobierno que no tolera la impunidad y la corrupción.

Si así fuera, ya estaría en las mesas del Ministerio Público una decena de líderes sindicales, delincuentes de cuello blanco, una legión de políticos, por lo menos cinco ex gobernadores, dirigentes de partidos y en el colmo de la incongruencia, algunos de los próceres que llegaron al gobierno justamente con Enrique Peña Nieto, pero que están precedidos de un historial que ofende la inteligencia de cualquiera.

Lo de Elba Esther no es menos grave que lo que hacen otros granujas como Carlos Romero Deschamps en el sindicato petrolero, o el de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, o el cetemista, Joaquín Gamboa Pascoe, o el minero, Napito Gómez Urrutia, o el izquierdoso electricista, Martín Esparza. Todos roban y para ellos hay inmunidad e impunidad.

Ocurre lo mismo con los legisladores, sean diputados o senadores; con los gobernadores de cualquier tendencia; con alcaldes, ministros y magistrados, y obviamente con el Presidente de la República. El fuero, que es inmunidad, los protege contra acciones del poder judicial.

Así, gracias al fuero, hemos visto el abuso de poder, al político que se protege de sus crímenes, de sus latrocinios, del robo al erario y hasta de actos represivos.

Teóricamente, el fuero o inmunidad protege a un servidor público de la sentencia de un juez, que puede ir desde la ejecución de una orden de aprehensión, pero también de actos del Ministerio Público. O sea, el servidor público goza de esa protección, del privilegio de no ser objeto de acciones judiciales en función de ese fuero, que en el fondo es una decisión política que supera al derecho.

Y eso nos lleva al abuso y la constante búsqueda de los políticos por ostentar un cargo de elección popular porque eso les dará inmunidad.

En las últimas semanas, como parte de una reforma política que viene de hace dos legislaturas y que está en vísperas de concretarse, diputados cambian fuero por inmunidad constitucional, y nos dicen que no habrá intocables.

A la fecha, cuando un diputado, senador, alcalde, gobernador, magistrado o ministro es objeto de alguna acción legal, primero debe ser sometido a un juicio de desafuero, retirarles la inmunidad y dejarlos a merced del aparato judicial. El Presidente de México no puede ser acusado, y por lo mismo, enjuiciado, durante el período de su encargo.

Lo que hoy plantean los diputados es que el fuero desaparezca, que los servidores públicos puedan ser objeto de una acción legal, sometidos a juicio, sin dejar de ejercer sus funciones. O sea, se va a evitar el juicio de desafuero, que a menudo se politiza y que son los diputados los que deciden si algunos de los suyos pierde la inmunidad, para dar paso a procesos legales sin las trabas del desafuero.

Los servidores públicos con “inmunidad” no serían aprehendidos, pero sí estarían sujetos a juicio. Perderían esa condición solo si tuvieran una sentencia condenatoria.

Con esto, desaparece la figura del juicio de procedencia (procede que se retire el fuero para que se ejecuten las acciones judiciales), y ya no se llamaría fuero constitucional que sería sustituida por el término inmunidad constitucional. O sea algo de atole con el dedo.

Lo insólito es que en casos en que los servidores públicos que gocen de fuero, si reciben una sentencia condenatoria, la Cámara de Diputados dispondrá de diez días para votar si procede el retiro de la inmunidad y, de ser así, se le entregue a la autoridad judicial correspondiente. ¿Y si determina que no, pese a existir una condena judicial? Otra vez la política por encima del derecho.

El beneficio de la inmunidad constitucional beneficia a legisladores, ministros de la Suprema Corte de la Nación, magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de estado, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, jefe de Gobierno del DF, consejeros del IFE, procuradores del gobierno federal y del DF. Algo así como la familia feliz o la familia impune.

Por lo pronto, la reforma legal hizo hablar a los partidos de la chiquillada —Verde, Movimiento Ciudadano, del Trabajo—, que de inmediato señalaron que con esto se debilita el equilibrio de poderes y se abre la puerta a cacicazgos locales e incluso autoridades federales emprendan acciones contra diputados federales y senadores.

Diversos sondeos han demostrado que la generalidad de los mexicanos rechazan que los legisladores gocen de fuero, aunque existe un evidente desconocimiento de lo que representa esa figura y sus alcances.


Los primeros antecedentes sobre el fuero, se remontan a la Constitución de Cádiz, en 1812, que advertía que se otorgaba esa protección a los legisladores para que sus opiniones no fueran objeto de sanción ni fueran reconvenidos por ninguna autoridad.

El fuero, pues, fue instituido para dotar de libertad de expresión a los legisladores, y no como patente de impunidad, que es en lo que terminó.

Hoy, los mismos legisladores le dan la vuelta, le cambian el nombre de fuero a inmunidad constitucional pero, en el fondo, siguen preservando la impunidad. Sólo es un cambio de nombre, disfrazar la inmunidad y dejar las cosas como están.
Es atole con el dedo.

 

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