Un paso, verdadero paso, contra el monstruo de la impunidad en Veracruz y en el país, si es que el gobernador Javier Duarte y el presidente Enrique Peña Nieto quieren que les compremos sus buenas intenciones, sería impulsar la democratización del Poder Judicial, que hoy los grupos de poder se lo concesionan cual si fuera letra de cambio.
 
Con un Poder Judicial a merced de la voluntad de los usufructuadores de los poderes Ejecutivo y Legislativo —amén de la influencia de las élites empresariales o delincuenciales—, con fuero o sin fuero, para que la impunidad florezca —reiteramos— sólo se requiere de complicidades.
 
Por ejemplo, si un alcalde decide mandar a matar a su regidor para ocultar la corrupción y sus ligas con la delincuencia, sólo basta que tenga algo que ofrecer al gobernador en turno, para poder ampararse en la impunidad. Ejemplos en la historia inmediata son de sobra conocidos.
 

Cito otro: la corrupción de Guadalupe Porras David en Minatitlán, solapada por Fidel Herrera porque la señora le operaba la entrega de dádivas a los electores. Siendo presidenta municipal, abusó del poder e incurrió en graves irregularidades que provocaron la crisis financiera del ayuntamiento. Para ella no hubo Ministerio Público que le integrara el expediente, ni juez que la atrajera a los tribunales.
 

Con los jueces que tiene Veracruz y sus magistrados, poco se puede hacer por la justicia. Ahí se incuba la impunidad no sólo del ciudadano que puede pagar por hacer y deshacer, sino por el político, el líder sindical, el empresario ligado al poder, que incurre en delitos y se ven cobijados por el manto de corrupción.
 

Democratizar el Poder Judicial no es una propuesta que venda en estos tiempos electorales, pero es algo serio y formal en el combate contra la impunidad de los poderes y de las élites.
 

En países avanzados, los órganos encargados de aplicar justicia —el sheriff, el fiscal de distrito, los magistrados— son electos por el voto del pueblo. No los designa el gobernador, sino que van a una elección abierta en la que la sociedad manifiesta su sentir sobre tal o cual personaje que aspira a uno de esos cargos.
 

Los fiscales no sólo son electos por el voto ciudadano sino que puede reelegirse cuando su actuación ha ido acorde con lo que la sociedad demanda de ellos. Eso, guste o no, es democracia en el ámbito judicial.
 

Otros alguaciles y jueces tienen otras tendencias, otra ética, otros valores. Salvaguardan derechos humanos, otorgan amparos para evitar que la injustica cunda y al someterse al escrutinio de la sociedad, se les confirma en el cargo.
 

Desde 2006, cuando el Poder Legislativo en México tomaba tintes de autonomía se impulsó la reforma del Estado, que incluía la reforma política, la energética, la hacendaria, la educativa, la laboral, y se dieron pasos que hoy, con la llegada de Peña Nieto a la Presidencia, el PRI hace pasar como un avance democrático.
 

De ahí parte el acotamiento del fuero constitucional que hoy tanto se festina a nivel nacional y que el gobernador Javier Duarte de Ochoa publicita a todo lo que da porque su iniciativa enviada al Congreso de Veracruz, contiene la supresión de esa protección en todos los niveles de gobierno. Es decir, cero fuero desde el gobernador para abajo.
 
He de reconocer que cometí un error mayúsculo en mi columna anterior, cuando comenté que la propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa de eliminar el fuero en la entidad “es plausible, porque de aprobarse y mantenerse constitucionalmente, contribuirá a evitar que siga creciendo como un monstruo de mil cabezas la impunidad en Veracruz”.
 
Y no, es plausible a medias, porque en la misma columna señalé que vivimos en un estado donde la impunidad es pan nuestro de cada día gracias a la corrupta complicidad en la que se encuentra inmersa la clase política.
 
En ese contexto, Duarte de Ochoa, lo que quiere en el fondo, con su medida populachera y simuladora de darle justicia al pueblo, es tener el garrote y la impunidad para él solito. Sin fuero, los integrantes de los tres poderes, estarían expuestos al capricho y poder absoluto del gobernante, que es quien controla los ministerios públicos, las policías y los juzgados.
 

Leía en La Jornada Veracruz, del día de ayer domingo, que el presidente en Xalapa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Octavio Augusto Jiménez, celebraba que “si los diputados locales aprueban eliminar el fuero, habrán dado el primer paso para acabar con la impunidad, que ha sido uno de los grandes reclamos de la sociedad"
 
El empresario que hablaba en nombre de su sector, consideraba que sin el fuero político “se evitarían hechos tan lamentables como políticos o funcionarios en estado de ebriedad que causan un accidente y no se hacen responsables, o gente que consume en los restaurantes y se va sin pagar, simplemente porque tienen fuero y no les pueden hacer nada”.
 
La impunidad que se vive en Veracruz, va más allá de ese tipo de ligerezas y de tener el fuero o no, porque en la historia inmediata se conocen de sobra casos en los que si un alcalde, diputado o pudiente necesita protegerse de sus crímenes o de sus robos, sólo basta que tenga algo que ofrecer al poderoso en turno, para obtener el silencioso amparo de la impunidad.
 

De ahí la necesidad de democratizar al Poder Judicial, para que los jueces no se deban al gobernante en turno ni actúen bajo su instrucción.
 

Es menester que la sociedad se visualice como, teóricamente, está constituido el Estado: el poder emana del pueblo; el pueblo los elige con su voto y al pueblo se deben. La realidad, sin embargo, tiene otros matices: los políticos, cuyos cargos son de representación popular, actúan bajo su propio criterio, sin consultar a esa sociedad que los eligió y usan el poder a sus anchas sin rendir cuentas, a no ser que se trate del padrino que los recomendó para el cargo público.
 

Más allá de suprimir el fuero, se requiere una reforma al Poder Judicial para acabar con la corrupción y la toma de conciencia de la sociedad en cuanto a que los políticos son mandatarios, pero el pueblo es el que otorga ese mandato.
 

Si Javier Duarte quiere que se la compremos, que dé autonomía al Poder judicial.
 
([email protected])(@moralesrobert)